El primer reto parlamentario al que se enfrenta el pacto progresista de Canarias (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera) pondrá a prueba la capacidad de los socios para tensarse sin romperse. El objetivo es derogar algunos artículos de las leyes de municipios y de cabildos, ambas de 2015, pensadas por el legislador fundamentalmente para la persecución de los tránsfugas en un momento político concreto en el que Coalición Canaria y el PSOE pretendían enjaretar a aquellos cargos públicos que se desentendían de la imposición de un clásico en el pactismo isleño: los pactos en cascada desde la Comunidad Autónoma hasta los municipios.
Aunque son leyes en su momento impulsadas por el socialista Francisco Hernández Spínola, a la sazón consejero de Presidencia, el principal beneficiario de las limitaciones a los presuntos tránsfugas era por entonces Coalición Canaria, acostumbrada a que los demás cumplieran los acuerdos que sus miembros tradicionalmente incumplían.
Pero ahora el pacto se enfrenta a los intereses de uno de sus integrantes, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo, que precisamente quiere que se considere tránsfugas a los dos concejales socialistas de Valle Gran Rey por no haber permitido que la alcaldía la ocupara uno de los suyos en aplicación estricta del principio de pacto en cascada.
Las restricciones impuestas a los concejales y consejeros para evitar sus indisciplinas frente a sus propios partidos están en la base de la proposición de ley en la que trabaja el Gobierno regional, que ha recurrido a expertos constitucionalistas que sostienen que determinados artículos de las leyes Spínola contravienen el ordenamiento jurídico español.
Lo dice literalmente el texto que anda circulando estos días entre los grupos parlamentarios canarios: “Los representantes electos de la ciudadanía tienen derecho a acceder al cargo, a mantenerse en el mismo y a ejercerlo sin constricciones ilegítimas y en condiciones de igualdad. Dicha igualdad, garantizada constitucionalmente (artículo 23 de la Constitución Española), ha de armonizarse de manera insoslayable con la libertad de mandato, opción política de nuestra Constitución en el marco del derecho de participación política que permite construir la representación política a través de una vinculación inmediata entre los representantes y la ciudadanía (Sentencia del Tribunal Constitucional 10/1983, de 21 de febrero)”.
El texto que se pretende llevar próximamente al Parlamento, elaborado por el jurista Santiago Pérez, concejal de La Laguna, recuerda que “la legislación autonómica de desarrollo de Régimen Local no puede introducir restricciones respecto a la legislación básica del Estado, especialmente en aquellas materias en las que dicha normativa básica pasa a integrar el contenido de derechos fundamentales que, como el de participación política, son de configuración legal”.
Esas restricciones se manifiestan en el traslado de los concejales y consejeros expulsados de sus partidos o apartados voluntariamente de esa disciplina al grupo de no adscritos, retirándoles cualquier asignación económica por el ejercicio de cargos ejecutivos y cualquier otra ventaja que los demás cargos en la corporación en la oposición pudieran disfrutar.
La posible inconstitucionalidad de determinados artículos de esas dos leyes autonómicas no la sostienen solamente los redactores de esta proposición de ley. Lo viene repitiendo estos días el padre de esos dos textos, Francisco Hernández Spínola, y se recoge en varios informes sobre la cuestión, como el del secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife respecto a los dos concejales de Ciudadanos expulsados de ese partido por no respaldar la continuidad del gobierno de Coalición Canaria en esa corporación.
Es en ese ayuntamiento, pero también en los cabildos de Tenerife y de La Palma donde se encuentran los casos más escandalosos y los que animan esta reforma. Escandalosos desde las dos ópticas desde las que se está analizando esta modificación legal, que promete ser muy polémica.
Coalición Canaria, perjudicada por la posición de los cargos electos de Ciudadanos, que apoyaron a socialistas en Santa Cruz y en el Cabildo de Tenerife, y por los populares en el de La Palma, que pactaron con el PSOE pese a las indicaciones de la superioridad de mantener a CC al frente del gobierno insular, los considera a todos tránsfugas y pondrá toda la carne y sus 20 diputados en el asador para tratar de tumbar la iniciativa parlamentaria. Los dos diputados de Ciudadanos en el Parlamento se opondrán a la modificación legal para así hacer efectivo su posicionamiento de considerarlos tránsfugas y definitivamente expulsados de la organización.
Frente a esa posición oficial del partido de Albert Rivera, los purgados de Ciudadanos en la isla de Tenerife se defienden ante los tribunales de la expulsión decretada por su partido y recuerdan públicamente que no han traicionado a nadie porque se presentaron a las elecciones prometiendo que su principal objetivo era acabar con décadas de gobierno de los nacionalistas.
El texto de la proposición de ley ataca precisamente la realidad de que sean los partidos los que se impongan sobre las decisiones de los electores. “La finalidad de la equiparación entre los no adscritos y los expulsados impuesta por el legislador autonómico es evidente: poner en manos de los partidos un instrumento que les permita someter jurídicamente la actuación del representante expulsado, contrariando su derecho a ejercer el cargo de concejal sin constricciones ilegítimas”.
Pero no solo se aboga por la derogación de esos artículos por atentar contra principios constitucionales, sino también por vulnerar leyes orgánicas, como la Reguladora de Bases de Régimen Local, que “identifica exclusivamente como miembros no adscritos a los que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos y a los que abandonen su grupo de procedencia”. No a los expulsados.
De momento la derogación solo cuenta con el respaldo seguro del PSOE, de Nueva Canarias y de Unidas Podemos, lo que significa que el voto del PP puede ser decisivo. Román Rodríguez, no obstante, negocia con Casimiro Curbelo los tres votos de su formación para evitar el primer episodio de desacuerdo en el pacto de las flores.