La Plataforma contra la Ley del Suelo de Canarias reunirá a 200 cargos públicos de NC, Podemos, IU y grupos minoritarios este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, a fin de iniciar una movilización ciudadana para que se retire esa norma, que considera que pone en peligro el territorio.
Dirigentes de Podemos, Nueva Canarias, Izquierda Unida, CCOO, UGT, la Fundación César Manrique y Ben Magec-Ecologistas en Acción, integrados en la plataforma “Canarias, territorio sostenible”, han subrayado este jueves al presentar la iniciativa que solo la movilización de los ciudadanos puede conseguir que se retire esta ley que se tramita ya en el Parlamento regional.
Diputados autonómicos y nacionales, consejeros de cabildos y concejales de ayuntamientos de las siete islas estarán presentes en este acto, que se celebrará en Infecar y al que han invitado a participar a Ciudadanos y al PSOE, pues este partido mantiene una posición “dividida” y es “definitivo que no apoye la ley”, según ha afirmado el líder de NC, Román Rodríguez.
El también portavoz de NC en el Parlamento canario ha hecho un llamamiento, ante la situación de crisis del pacto entre el PSOE y CC que sostiene el Gobierno regional, para que los socialistas “retomen la senda” que han mantenido históricamente en defensa del territorio y de la que, a su juicio, ahora se han separado.
Rodríguez ha considerado que, en caso de que se apruebe la ley con los votos de CC, PP y ASG, la oposición conjunta de NC, PSOE y Podemos hará posible que se cambie esta norma “pensada para Salud Gil (presidenta de la patronal de la construcción en Las Palmas) empresarios y José Carlos Francisco (presidente de la CEOE en Tenerife)”.
El secretario general de UGT y exdiputado nacional del PSOE, Gustavo Santana, ha pedido además a la dirección de los socialistas canarios que someta a votación de las bases del partido el proyecto de Ley del Suelo, porque, de no hacerlo, entiende que cometerían un “error histórico”, al tiempo que ha subrayado que contraviene a su programa electoral.
El secretario de CCOO en Gran Canaria, Antonio Pérez, ha hecho hincapié en que el objetivo de la plataforma es conseguir que el debate de este proyecto de ley sea lo más amplio posible y llegue a los ciudadanos porque “lo que se juega es el futuro de los canarios.
El director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez de Aguilera, ha subrayado que las llamadas “islas verdes” (La Gomera, El Hierro y La Palma) ya han sufrido la “primera cuchillada” con la modificación de la ley turística, recientemente aprobada por el Parlamento canario, pues recoge “algunos de los textos y argumentos más violentos” de la Ley del Suelo.
Ha recordado que el artista lanzaroteño César Manrique ya advertía en 1986 que había que salvar a esas islas de la “epidemia especulativa”, y ha afirmado que la plataforma mantiene un “discurso muy crítico” contra la nueva ley, porque es de “muy baja calidad por ser muy ideológica”.
Ha abundado en que es de “muy baja calidad” porque desregula y liberaliza el suelo y “abraza la burbuja inmobiliaria”, ya que sus defensores mantienen que activará la economía y generará empleo, cuando la crisis económica ha demostrado lo contrario.
La ley que se propone “debilita el control público, fortalece la discrecionalidad con instrumentos excepcionales que sustituirán el planeamiento por proyectos y elimina las restricciones al control de calidad”, ha afirmado Gómez de Aguilera.
Además, ha alertado de que esta ley no “menciona nada” sobre las medidas a adoptar ante el cambio climático, sino, por el contrario, proyecta un futuro para Canarias “muy difícil de hacerlo reversible” y “condicionándolo a un calentón de coyuntura económica”.
La secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita, ha advertido que de aprobarse esta la ley su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional, al igual que han hecho con la denominada ley de las “islas verdes”, y también buscarán el respaldo de la UE, porque ser contraria a toda su normativa medioambiental.
El representante de IU Ramón Trujillo ha calificado de “auténtico despropósito” la futura ley, ha advertido también de la inseguridad jurídica que observa en ella y ha incidido en el hecho de que contiene “88 políticas territoriales al defender la autonomía municipal” para aprobar planes de urbanismo.