El grupo de Gobierno del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha propuesto una modificación organizativa en la que Celso Perdomo, exidrector general de Industria del Gobierno canario y principal imputado en el caso Eolo, sería nombrado inspector general de servicios dentro de una nueva unidad, formada por tres cargos de libre designación, que se encargará de controlar y fiscalizar el funcionamiento de la institución insular.
Carolina Darias, portavoz del PSC, denunció este viernes el nombramiento de Perdomo e incidió en que la Fiscalía solicita para él siete años de prisión por los delitos de malversación, cohecho, violación de secretos y tráfico de influencias. “¿Qué mensaje le envía usted a la ciudadanía al poner a dedo a Celso Perdomo, que está acusado por diversos delitos relacionados con la corrupción y en espera de juicio? ¿Y qué pensarán los funcionarios de la casa ante la promoción de éste?”, cuestionó la socialista al presidente insular.
Con la modificación organizativa del Cabildo de Gran Canaria, que afecta a la consejería de Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, la institución insular asume competencias en la inspección de servicios, con la que pretende mejorar la calidad de los servicios. A los tres cargos de confianza que se incorporan a esta unidad, entre los que se encuentra Perdomo, se les incrementará el nivel retributivo de los complementos de destino (de 25 a 27) y específico (de 60 a 65).
Darias recordó que el caso Eolo estalló en el año 2005 y que aún está pendiente de juicio tras la presentación de más de 145 recursos que han demorado el inicio de la vista oral. El caso Eolo investiga una trama de corrupción en la que están implicados funcionarios que entonces trabajaban en la consejería de Industria que regía Luis Soria, hermano del actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Se les acusa de cobrar comisiones a cambio de adjudicar parques de energía eólica en el concurso celebrado en el año 2004, que fue anulado por la justicia un año después.
El presidende del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, tiró de manual en el pleno celebrado este viernes en la Casa Palacio y aludió a la presunción de inocencia de Celso Perdomo. “Una imputación no es una condena. No sabía que Celso Perdomo estaría en esta unidad, pero no creo que haya ninguna actuación en su trabajo en el Cabildo que impida su nombramiento. En todo caso, no es una decisión personal”, sentenció.
Por su parte, la consejera de Presidencia del Cabildo, María Auxiliadora Pérez, defendió la creación de esta unidad para “dar respuesta a los nuevos retos” del Cabildo y afirmó que se encargará del asesoramiento técnico directo de la organización de recursos de la institución de cara a futuras competencias. Sobre la designación de Celso Perdomo, Pérez se mostró sorprendida por la denuncia de Darias y señaló que el funcionario, que ya estaba trabajando en el Cabildo, no tiene “ninguna mácula” en su labor en la consejería.