Los representantes legales del Ayuntamiento de Santa Cruz y de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) se verán por primera vez las caras el próximo 2 de octubre la vista previa de uno de los procesos judiciales de mayor peso de historia de la ciudad: la propiedad del frente de la playa.
Ese día está señalada por el Juzgado de Instrucción número 6 la vista previa que como su nombre indica es anterior a la celebración del juicio en el que se determinará la forma en la que se cumplirá la sentencia del año 2007 que anuló la compra de las once parcelas del frente de Las Teresitas. A partir de aquí existen diversas interpretaciones de cómo llevar a cabo esta anulación.
Para el Ayuntamiento pasa por la devolución de los terrenos a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia y que estos hagan lo propio con el dinero pagado en su día. En este caso también se plantea la posibilidad de que el juzgado acepte la tasación realizada en 2007 por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que fijaba el valor de los terrenos en 15 millones de euros frente a los 52,4 pagados y se obligue a ILT a restituir la diferencia.
En este supuesto el Ayuntamiento seguiría manteniendo en su poder los terrenos con lo cual se evitaría otro pleito para que volvieran a ser urbanizables o se construyera en ellos, tal y como ahora mismo sería posible, lo que sin duda intentarían los empresarios. Este argumento judicial es nuevo ya que hasta ahora la Corporación local se negaba a continuar siendo propietaria de las parcelas.
Las previsiones es que la vista oral se celebre antes de final de año y la primera sentencia se emita pocos meses después. Sin embargo, se da por seguro que este pleito llegará hasta el Supremo y se extenderá durante años. Una de las cuestiones que se resolverá es si los terrenos se ponen finalmente a nombre de ILT, a lo que estos se niegan dado que prefieren que se les abonen los 116 millones de euros que reclaman. Esta cantidad se corresponde al precio pagado más casi el doble en concepto de indemnización. El Ayuntamiento, por su parte, pide 75 millones que son los 52,4 millones abonados en su momento más los intereses devengados desde el año 2001, momento en el que se cerró la compra a ILT. En aquel entonces el interés de la Corporación local era evitar que se construyera en este ámbito, tal y como demandaba la ciudadanía. En 2011 el Ayuntamiento intentó que las parcelas pasaran a estar a nombre de ILT, pero lo cierto es que aún siguen inscritas como propiedad municipal.
Durante la vista oral está previsto que sean llamados a declarar los tasadores de las diversas empresas que en su momento hicieron la valoración por la que el Ayuntamiento compró los terrenos por un valor muy superior al que determinaba su propia arquitecta que los fijó en 15 millones de euros. Y era así en cuanto un tercio son de dominio público y en el resto no se podría construir por la moratoria turística. Sin embargo, de forma inexplicable, la Corporación encabezada por Miguel Zerolo decidió seguir adelante pese a que la arquitecta, Pía Oramas se negó a suscribir la tasación de Tinsa.
Precisamente por este hecho en 2007 los tribunales le darían la razón a el colectivo El Rincón y anularía la compraventa. A partir de aquí se ha abierto un juicio por la vía civil para determinar de qué manera y en qué términos se cumple este fallo. Y de forma paralela se lleva a cabo una causa penal para determinar si existió un trato de favor del Ayuntamiento hacia los empresarios.
Aunque la demanda por la vía civil se presentó a finales de 2011 han surgido determinadas complicaciones judiciales que han impedido hasta ahora la celebración de la vista oral. Y es que la estrategia de ILT ha pasado por retrasar al máximo la devolución del dinero o llegar a algún tipo de solución. Por ejemplo, se presentó ante la Audiencia una petición para que se aclarara si era posible que una reclamación se respondiera con otra, a lo que este órgano judicial respondió afirmativamente, dándole la razón al Ayuntamiento. La Corporación local ha llegado incluso a amenazar con expropiar los terrenos de ILT en Montaña Morera hasta que se resuelva este pleito y poder cobrar así por adelantado la supuesta deuda.