Nadie puede disputar a Evelyn Alonso (Caracas, 1979) el título de primer cargo público de Ciudadanos que se convirtió en tránsfuga por deseo propio. Ni el de la primera concejala tránsfuga en la historia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Lo consiguió en julio de 2020 cuando decidió apartarse de la disciplina de su partido, desoír expresamente sus órdenes y apoyar una moción de censura contra la alcaldesa socialista Patricia Hernández para devolver a Coalición Canaria y al Partido Popular el poder en esa ciudad (200.000 habitantes) que los nacionalistas habían ocupado ininterrumpidamente desde los albores de la democracia, primero agrupados en la UCD, luego en la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y finalmente bajo la marca Coalición Canaria.
Evelyn Alonso no se considera una tránsfuga, según ha expresado a los medios de comunicación a los que responde y concede entrevistas (no es el caso de este periódico), porque sostiene que su partido la expulsó sin motivos. De hecho mantiene un litigio judicial para tratar de anular esa expulsión, aunque los primeros pasos del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que revisa la causa, el número 1 de Santa Cruz de Tenerife, ha empezado por denegarle las medidas cautelarísimas que reclamó para evitar su encaje en el grupo de concejales no adscritos donde, por su condición de tránsfuga y, según las más recientes sentencias del Tribunal Supremo, no debería estar ocupando cargos ejecutivos ni, por supuesto, cobrar emolumentos de ningún tipo relacionados con ellos.
Pero Evelyn Alonso y el grupo de gobierno en el que es segunda teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana y Vial, Ordenación de la Circulación, Protección Civil, Movilidad, MedioAmbiente y presidenta Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, ignora todas esas resoluciones y solo le ha retirado los salarios, no así las dietas por asistencia a órganos relacionados con las concejalías que ocupa y con los organismos autónomos y la fundación que dependen de ellas. En total, según ha certificado el servicio de Intervención del Ayuntamiento, Alonso se está llevando alrededor de 2.600 euros al mes.
Pero el caso de transfuguismo de Evelyn Alonso es algo más alambicado que el vivido estos días en la Región de Murcia con los tres diputados que, después de firmar una moción de censura, cambiaron de opinión y se abrazaron al Gobierno que se habían conjurado tumbar.
Para que Evelyn Alonso pudiera materializar el deseo de Coalición Canaria de recuperar una plaza que nunca pensó que podría perder fue necesario el concurso de otro concejal de Ciudadanos, Juan Ramón Lazcano, que consiguió su acta en las elecciones de mayo de 2019 junto a Matilde Zambudio. Los dos votos de esta formación eran decisivos para que pudiera formarse un gobierno alternativo al de CC, y no sin polémica, Zambudio y Lazcano se sumaron a la nueva mayoría de gobierno que descabalgaba a los nacionalistas, formada por el PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos. Era una mayoría raspada, de 14 contra 13, lo que desde el primer momento activó todos los intentos por quebrarla.
El punto débil era Juan Ramón Lazcano, un arquitecto que se incorporaba a la política arruinado y que desde el primer día reclamaba al grupo de gobierno un aumento de sueldo porque consideraba insuficientes los 50.000 euros brutos que le correspondían como concejal. Vivía con sus padres tras algunos reveses profesionales y familiares y su vulnerabilidad económica fue pronto conocida por mucha gente. Para colmo, se le atribuyó el área de Urbanismo, lo que de inmediato despertó el apetito de los tiburones que habitualmente nadan en ese estanque.
Desde el mismísimo comienzo del mandato municipal, apareció por las oficinas municipales un personaje siniestro de Ciudadanos, Marcos Cohen, presidente de la Gestora de Ciudadanos en Canarias conformada a partir precisamente de la crisis abierta por la constitución del nuevo gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife. El partido decidió la expulsión de sus dos concejales por no votarse a sí mismos y propiciar un gobierno de Coalición Canaria (con los mismos concejales que el PSOE) en medio de un galimatías de órdenes y contraordenes que acabó con la readmisión de los expulsados y el reconocimiento al grupo gobernante, luego roto por la censura. La crisis hizo saltar los aires la organización y de esa explosión surgió la gestora de la que formó parte este personaje.
Marcos Cohen, senior manager de Price Waterhouse Coopers (PwC), celebró con el núcleo duro del grupo de gobierno del PSOE con Ciudadanos muchas reuniones para tratar que a su compañía le fuera otorgado un contrato para la digitalización, la modernización y la agilización de trámites administrativos del consistorio. Se trataba de un contrato muy ambicioso, de más de dos millones de euros al año, que debería tener en la figura del concejal Juan Ramón Lazcano (Urbanismo) a lo que llamaban lider project, es decir, al coordinador interno que habría de canalizar ese gasto millonario y las correspondientes aplicaciones.
Nunca lo consiguió, así que poco después de la última negativa de la alcaldesa, y en uno de los momentos más álgidos del confinamiento, en abril de 2020, el concejal de Urbanismo, el hombre elegido por Marcos Cohen para que liderara ese proyecto millonario, dimitió desde Santander, donde viven sus hijos.
Era el detonante de la crisis porque todos en el Ayuntamiento daban por sentado que la siguiente concejala, Evelyn Alonso, se prestaría de inmediato a una moción de censura. Su situación personal tampoco era boyante. Ejercía de administrativa en el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Cámara autonómica, con un salario inferior a 1.500 euros mensuales, y la oferta de su partido y del PSOE de un salario de 50.000 euros como concejala de gobierno le debió parecer insuficiente comparada con la competencia. Jamás se prestó a escuchar a su compañera Matilde Zambudio, con la que mantenía unas relaciones más bien nulas, ni a la alcaldesa, a la que jamás le contestó a las llamadas telefónicas que le hizo.
Tan ajena quiso estar a cualquier alternativa a la de una moción de censura, que ni siquiera se puso a tiro de los funcionarios de Ciudadanos ni de Correos que le quisieron hacer llegar los burofax con las advertencias, primero, y con la expulsión, después. La llamada de Coalición Canaria y del PP sí la escuchó a la primera y, el 13 de julio de 2020, José Manuel Bermúdez recuperaba la alcaldía de la capital tinerfeña, trece meses después de haberla perdido de manos de Patricia Hernández.
Fue un año frenético para Coalición Canaria porque a la pérdida del poder, algo que no estaba en ninguna de las previsiones más pesimistas del partido, se unió que el nuevo gobierno municipal se dedicó a la incómoda tarea de levantar alfombras. Entre otras cosas, le dio una vuelta de tuerca al viejo y enquistado escándalo de la playa de Las Teresitas, una operación urbanística que acabó con una dura condena que mantiene en prisión al exalcalde de CC Miguel Zerolo por un quebranto económico de 52 millones de euros que nadie se había molestado ni siquiera en intentar recuperar. Gracias a varias operaciones judiciales, la alcaldesa y la concejala de Ciudadanos Matilde Zambudio, que es jurista, lograron que regresara ese dinero a las arcas municipales, con los correspondientes intereses, en total 97 millones de euros.
Pero también esos trece meses sirvieron para conocer el regalo que el Ayuntamiento había hecho a la multinacional Sacyr, a la que devolvió los 30 millones de euros que había aportado para hacerse con el negocio del agua de abasto de la ciudad contraviniendo todos los preceptos de las bases del concurso por el que Coalición Canaria privatizó ese servicio.
O los escandalosos contratos del carnaval chicharrero, unas fiestas sobre las que pesa la losa de la popularidad y que impide incluso a la Fiscalía ponerse a investigar un contrato millonario de 500.000 euros para contratar a Juan Luis Guerra, o una actuación fantasma del colombiano Sebastián Yatra que jamás se celebró pero que se pagó hasta el último céntimo.
El próximo día 24 se verá en un juzgado de lo Civil la causa de Evelyn Alonso contra su expulsión de Ciudadanos. El partido alega que fue expulsada legalmente y que por lo tanto es una tránsfuga. Ella invoca derechos fundamentales porque dice que nunca se le comunicó tal decisión en tiempo y forma.
De las resoluciones judiciales dependerá si las promesas recibidas por la concejala y el resultante estatus económico le permitirán mantener el ritmo de vida que la oposición denuncia: cambio de residencia, escoltas, ropa de marca y tratamientos de belleza con costes muy superiores a sus ingresos.
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