El fiscal anticorrupción solicita un total de siete años de cárcel para el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo (PP) por las supuestas irregularidades cometidas para la adjudicación del concurso de energía eólica convocado por el Ejecutivo autónomo en 2005.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusa al principal acusado del caso eólico por violación de secretos y un delito continuado de cohecho al favorecer la concesión del concurso a varios empresarios a cambio de diversas cantidades de dinero.
Asimismo, el ex cargo público del Gobierno canario deberá enfrentarse a la acusación por un delito continuado de malversación cometido por comprar libros con dinero público.
La novia de Perdomo, Mónica Quintana Pérez, se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión por malversación y cohecho; el funcionario Honorato López Torres, a dos años por cohecho; y a año y medio de cárcel por dos delitos de cohecho los empresarios Enrique Guzmán López, Alfredo Briganty Arencibi y José Ignacio Esquivel.
El caso eólico, cuyo principal imputado es el ex director general de Industria Celso Perdomo, se destapó en Canarias en febrero de 2006 tras la denuncia de un empresario por supuestas irregularidades en el concurso de energía eólica convocado por el Gobierno canario cuando Luis Soria era consejero de Industria por el PP.
El fiscal anticorrupción refiere que Celso Perdomo, quien fue director de Industria de 2003 a 2005, “valiéndose de su cargo”, facilitó información “que no debía ser divulgada a personas que tenían interés” en el concurso público convocado en 2004 por la Consejería de Industria para la instalación de nuevos parques eólicos en Canarias.
Antes de que se publicara la convocatoria oficial, “y faltando al deber de sigilo” de su función, Perdomo pasó información a dos representantes de empresas privadas interesadas en el concurso.
En concreto, les remitió sendos correos electrónicos el 5 y 7 de agosto de 2004 con un borrador de la orden del concurso y una relación de terrenos y contactos públicos y privados para la instalación de los parques eólicos.
A juicio del fiscal, esta conducta supuso “para el resto de empresas, que no obtuvieron esa información, quedar en situación de clara desventaja” en el concurso.
Además, “con la intención de obtener un beneficio económico”, Perdomo mantuvo contactos “con personas que representaban a diversas sociedades para favorecerles en la adjudicación de parques eólicos a cambio de determinadas cantidades de dinero”, relata el fiscal.
Para ello, contactó con el empresario Enriquez Guzmán López, representante de Generaciones Especiales S.L., vinculada al Grupo Hidrocantábrico, con quien pactó que el Gobierno canario le asignaría potencia eléctrica eólica a alguno de los parques que presentar al concurso esta empresa “a cambio” de “diversas cantidades de dinero”.
Perdomo contó con la ayuda de su novia, la acusada Mónica Quintana Pérez, quien abrió una cuenta de una entidad de Luxemburgo donde Enrique Guzmán ingresó en junio y noviembre de 2005 dos cantidades de dinero: 14.052 y 9.400 euros.
Igual estrategia siguió el entonces director de Industria con los empresarios y acusados Alfredo Briganty Arencibia y José Ignacio Esquivel Astelarra, cargos de Promotora de Recursos Eólicos 2004, empresa también interesada en el concurso.
En este caso, Perdomo pactó una cantidad de 12.700 euros, que no cobró en metálico, sino que los empresarios abonaron la deuda de esa misma cantidad que el director de Industria “había contraído por las reformas de su vivienda como pago de los favores en el concurso”.
Según el fiscal, cuando el principal acusado fue cesado en 2005, y para “continuar con los mismos fines fraudulentos”, entró en contacto con el funcionario Honorato López Torres, jefe de área de la Consejería de Industria, con quien acordó hacer lo posible para que las adjudicaciones del concurso fueran para los tres empresarios mencionados, con los que acordaron nuevos pagos.
Celso Perdomo y su novia Mónica también son acusados por el fiscal de comprar libros por valor de 739 euros con dinero de la Consejería de Industria.
Por estos hechos, el fiscal pide para Celso Perdomo dos años de cárcel por un delito de violación de secretos, otros dos años y multa de 300.000 euros por un delito continuado de cohecho y tres años por un delito continuado de malversación.
Para Mónica Quintana Pérez, reclama dos años de prisión por el continuado de malversación y un año y seis meses y multa de 60.000 euros por un delito de cohecho.
El fiscal solicita una pena de dos años de cárcel y multa de 200.000 euros para el funcionario Honorato López Torres por un delito continuado de cohecho, y pide penas de un año y seis meses de prisión y multa de 150.000 euros por dos delitos de cohecho para los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ingacio Esquivel.