LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), José Luis Calvo, tildó este viernes de “ilegal” retirar la custodia de la niña canaria de nombre ficticio 'Piedad' a su madre biológica por falta de medios económicos.
Así lo manifestó la organización en un comunicado después de las declaraciones de la letrada de la progenitora Ángeles Suárez, Dolores Palliser, tras los informes de los técnicos de la Fiscalía de Menores, la Dirección General del Menor del Gobierno canario y el gabinete psicológico adscrito al órgano judicial.
Estos coincidieron durante el juicio, celebrado el pasado miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la capital grancanaria, en pedir que la pequeña siga interna en un centro de menores y descartar la posibilidad de que se inicie un nuevo proceso de acogimiento preadoptivo o la vuelta con su madre de acogida, Soledad Perera.
A su salida del juicio, la defensa de la madre biológica de la niña 'Piedad' solicitó que permanezca en un centro hasta que mejore la situación de su progenitora, quien en estos momentos no tiene ni empleo ni vivienda.
EL GOBIERNO CANARIO, “EN EVIDENCIA”
En este sentido, Prodeni estima que las declaraciones de Dolores Palliser “dejan en evidencia al Gobierno canario, al afirmar que por ser pobre le han quitado la niña 'Piedad' a su madre biológica”.
Añade que Palliser “manifestó a la salida del juicio de demanda de devolución de la custodia de 'Piedad, que la causa del desamparo es la falta de piso y trabajo de la madre, y que la recuperará cuando eso se resuelva, dejando bien claro que no hay otro motivo para que la niña continúe en el centro, en el que ya lleva 25 meses”.
“Si fuera verdad lo que dice Palliser la administración estaría cometiendo una grave irregularidad”, subraya Calvo, que incidió en que “es ilegal quitar un hijo a sus padres por carencia de medios económicos, pues el criterio de pobreza está incluido en los indicadores por los cuales la administración asume la tutela y desampara a los menores”.
En ese sentido, para el portavoz, “o la letrada miente, o la administración incumple la legalidad vigente debiendo en ese caso revocar de inmediato el desamparo y devolver la tutela a la madre para dar lugar a una solución de guarda administrativa, mientras encuentra piso y trabajo”.
De esta forma, “la niña quedaría únicamente en guarda administrativa por riesgo social, pero no con una medida de desamparo que exigiría otros motivos que nada tienen que ver con carencias económicas”.
El colectivo añade que, “si lo que hay es una resolución de desamparo en firme que la madre quiere revocar en un juzgado, no cabe duda de que la letrada estaría mintiendo, al pretender, presumiblemente vender el producto del buenismo de la pobre madre que se queda sin su hija por falta de recursos económicos y dulcificar, así, una realidad que es mucho más compleja que la que ella pinta, perfectamente detallada y explicada en el expediente de desamparo de la menor”.
MENORES EN RIESGO
Apunta Prodeni que en Canarias un 15,98 por ciento de los hogares tienen a todos sus miembros en el paro y un 40 por ciento de los menores están en riesgo de pobreza, lo que representa “miles de niños y niñas viviendo en precariedad”.
“A nadie se le ocurre ni pensar que la Administración deba acudir a su rescate retirando la tutela a sus familias como tampoco, por ese motivo, retiró la tutela de 'Piedad'”, argumentó.
Según la asociación, la niña “no está bajo guarda institucional por riesgo social, sino bajo un desamparo en firme con retirada de tutela y custodia a la madre por causas que nada tienen que ver con temas económicos, sino de carácter endémico que afectan a planos y circunstancias personales de la progenitora y a su capacidad para atender y educar a su hija”.
Cuestión que, al entender de Calvo, “ha quedado acreditada cuando ella misma decidió que Protección de Menores se hiciera cargo de la niña aludiendo a razones del tipo: ”Porque es un potrillo desbocado“; ”porque hay que enderezarla“; y ”porque la juventud es muy mala“, entre otras manifestaciones dichas públicamente a finales de febrero de 2009, y que fue la gota que colmó el vaso para que la administración le retirara la tutela y la declarara en desamparo”.
“LÁGRIMAS DE COCODRILO”
Por otro lado, para Calvo, llama la atención que Palliser diga que no le ha “quedado más remedio que aceptar en el juicio que la niña siga en desamparo por la actual situación de la madre”, que no era así cuando hace año y medio se presentó la demanda de custodia, porque entonces tenía piso y trabajo.
Según Prodeni, “eso choca frontalmente con la circunstancia de que entonces, teniendo piso y trabajo, fue la misma madre quien no quiso tener a su hija con ella para que otros se la educaran”.
“Es decir, Ángeles Suárez rechazó a su propia hija y prefirió internarla en un centro de menores, luego no cabe venir ahora con lágrimas de cocodrilo haciéndose la víctima social, o vendiendo victimismo, porque no es un asunto de pobreza, sino de patente incapacidad personal para atender y cuidar de la menor lo que llevó a la Administración a adoptar le medida y a continuar con su tutela”, agregó.
Por otra parte, la asociación critica “una inclinación fuertemente biologista ”de los técnicos de Protección de Menores al privarla de otra relación familiar distinta, por la existencia de vínculo afectivo con su madre biológica, criterio al que se supedita el futuro y bienestar de la menor, “como si vínculo con la madre y relación con otra familia fueran incompatibles”.
Para Calvo, resulta “patético y doloroso que a 'Piedad' se la condene a perpetuar su orfandad y a mantener exclusivamente una comunicación familiar unidireccional hacia un solo miembro, su madre, con la que no puede convivir, resultando absolutamente perjudicial para la niña que su futuro se vea por ello hipotecado hasta los 18 años en centros de menores”.
A tal efecto, concluye, “ya resultó penoso que en una ocasión los magistrados de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial aludieran al argumento del mal menor justificando, así, el ingreso de Piedad en un centro al separarla de su familia de La Orotava (Tenerife), para que los técnicos de la administración lo vuelvan a utilizar ahora en el juicio aludiendo al mal menor de que la niña siga en el centro, mejor, según ellos, a su inserción en otra familia”.
“Eso nos obliga a seguir luchando para que 'Piedad' no se perpetúe en los centros de menores”, advierte el presidente de Prodeni.