(Paulino Rivero, comparece en rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno)
El presidente Paulino Rivero ha anunciado en su comparecencia de inicio el curso político una medida de gran calado: el envío al Parlamento “antes de diciembre” de una comunicación para reformar el vigente Estatuto de Autonomía, que data de 1996.
Una comunicación que irá acompañada de “un texto, que esperamos sea la base del consenso, porque ya lo tiene”: la reforma pactada con el Partido Socialista Canario-PSOE, aprobada por la propia Cámara en septiembre de 2006, “con la incorporación de las enmiendas pactadas con el Partido Popular (PP)” en el Congreso de los Diputados con la actual vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ahora embajador de España en Londres, Federico Trillo, siendo José María Aznar presidente del Gobierno de España.
Unas enmiendas que, precisamente, fueron muy criticadas por el PSOE, sobre todo la referida al sistema electoral, y que obligó al propio Rivero a retirar el texto a finales de 2007 de su tramitación en las Cortes, con José Luis Rodríguez Zapatero instalado en La Moncloa, para evitar que la mayoría socialista impusiera un modelo electoral distinto al pactado con el PP.
Sin embargo, Rivero cree que seis años más tarde el Archipiélago debe tener un Estatuto de los llamados 'de nueva generación'.
Acabar con la excesiva dependencia del exterior
“Si hay alguna enseñanza que nos ha dado la crisis, es que Canarias tenemos excesiva dependencia del exterior para poder salir por nosotros mismos de las dificultades y necesitamos herramientas para reforzar nuestro futuro con políticas propias”, ha afirmado Rivero.
De esta manera justificaba Rivero su cambio de opinión respecto a la reforma del Estatuto, pues el pasado 11 de agosto la dejó en un segundo plano con respecto a potenciar políticas para reactivar la crisis y ahora es su principal impulsor, apenas dos días después del órdago que lanzó el PSC, su socio en el gabinete, tras la reunión de la Ejecutiva regional y apenas unas horas después de que se reuniera la Mesa del Pacto.
“Conseguir un sistema de financiación justo depende del Gobierno de España; que se apruebe un REF que afronte nuestras expectativas y no pueda ser modificado unilateralmente, depende del Gobierno de España; la gestión de nuestros puertos y aeropuertos, depende del Gobierno de España, las relaciones comerciales con nuestro entorno geográfico, la gestión de nuestras costas, el reconocimiento de los derechos sobre nuestras aguas?, todo depende del exterior”, ha insistido el presidente tras el Consejo de Gobierno.
Pero, ¿por qué ahora?, pues porque “es el momento en el que de verdad nos hemos dado cuenta de que necesitamos herramientas propias, porque no podemos depender de los intereses políticos de un determinado Gobierno central”.
Y, además, considera que “es el tiempo perfecto” desde el punto de vista político, toda vez que “quedan dos años de legislatura”, tanto autonómica como estatal y que “este tipo de iniciativas no decaen” aunque se convoquen elecciones generales.
Rivero ha querido restar importancia a las desavenencias entre CC, el PSOE y el PP que le llevaron en 2007 a impedir que el nuevo Estatuto se tramitara en el Congreso y en el Senado y lanzó una llamada al consenso: “vamos a quedarnos que hay un texto pactado con el PSC y al que, en aras del acuerdo, incorporaremos el interesante trabajo aportado por el PP”.
El polémico sistema electoral
Sin embargo, las desavenencias no son baladíes, toda vez que tocan de lleno al verdadero 'caballo de batalla' de la reforma estatutaria: la modificación del sistema electoral.
Un sistema al que ya se opuso el PSOE en la reforma del Estatuto de 1996, pues las vigentes barreras de acceso al Parlamento (30 por ciento insular y 6 por ciento regional) fueron pactadas por CC y el PP, cuando José Miguel Bravo de Laguna era el presidente de los conservadores canarios.
En la Disposición Transitoria Única del texto de 2006, pactado entre socialistas y nacionalistas, se dejaba abierta la posibilidad de que una futura ley creara la lista regional de diez diputados (sempiterna reivindicación del PSC), aunque mantenía la triple paridad fijando en 60 los diputados de la Cámara regional (3 por El Hierro, 7 por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, 4 por La Gomera, 8 por Lanzarote, 8 por La Palma y 15 por Tenerife).
Era en el apartado segundo de dicha Disposición Transitoria donde aparecía la principal novedad, ya que rebajaba a la mitad las barreras para obtener representación parlamentaria.
Así, se afirmaba que “a efectos de la elección en las circunscripciones insulares, sólo serán tenidas en cuenta aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos de su respectiva circunscripción insular, o, sumando los de todas las circunscripciones insulares hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad
Autónoma“.
Después de que el entonces presidente Adán Martín expulsara al PP del Ejecutivo regional en 2006, el máximo dirigente de los conservadores canarios, José Manuel Soria, criticó duramente el acuerdo electoral incluido por el PSC y CC en la reforma del Estatuto, hasta el punto de que enmendaron el mismo en el Congreso en 2007, dejándolo tal y como está en la actualidad, cuando Rivero y él mismo reeditaron el Pacto en canarias.
Los bandazos del PP
Precisamente, los bandazos que en este asunto ha dado Soria desde 2004 hacen impredecible conocer cual va a ser la postura del PP al respecto.
Hay que recordar que el máximo dirigente del PP canario y actual ministro de Industria afirmó en noviembre de 2004 que “si algo justifica la reforma del Estatuto es la modificación del sistema electoral”, al que calificaba de “desproporcionado e injusto” porque el 82 por ciento del electorado elegía a la mitad del Parlamento y el 18 por ciento a la otra mitad.
Con posterioridad, en el año 2005 Soria pactó con el PSC la inclusión de la lista regional afirmando que así se acababa con “el poder de las tribus insularistas” y se “derrumba un sistema en el que el voto de unos canarios vale más que el de otros”.
Con todo, en octubre de 2009 el entonces secretario general del partido,Manuel Fernández, aseguró en la propia Cámara durante un debate que era partidario de “romper la triple paridad y potenciar Gran Canaria y Tenerife subiendo diputados en las dos islas”, toda vez que la única fórmula justa supondría una “guerra política insostenible”.
Según la propuesta de Fernández, no ratificada nunca oficialmente por el PP aunque consta en el Diario de Sesiones de la Cámara, “lo lógico sería, primero, dotar territorialmente a todas las Islas con tres diputados en cada isla y los 39 diputados restantes en una lista regional con el 3 por ciento de tope para acceder al Parlamento”.