El PSOE abre el debate sobre el futuro de las guaguas de Gran Canaria a tres años de que caduque la concesión a Global

A tres años de que caduquen las concesiones administrativas otorgadas a Global y a otras cuatro empresas (Telbus, Gumidafe, Guzmán Sosa y La Pardilla Bus) para explotar el servicio de guaguas entre municipios de Gran Canaria, el PSOE ha anticipado el debate y ha lanzado una primera propuesta sobre el modelo futuro. El Comité Insular, máximo órgano de este partido en la isla, firmó el pasado fin de semana un compromiso político para que la gestión pase a manos 100% públicas. Un planteamiento que ha generado malestar tanto en Nueva Canarias, socio de los socialistas en el Cabildo, como en un sector del propio PSOE.

Miguel Ángel Pérez del Pino, secretario de Transporte y Movilidad de los socialistas, fue el encargado de presentar la propuesta. El también diputado regional explica que su formación lleva más de ocho meses trabajando en esta iniciativa, una declaración política que surge de los encuentros mantenidos con representantes de Global. “En esas reuniones nos manifestaban su preocupación de cara al fin de la concesión. Nosotros siempre hemos sido partidarios de recuperar los servicios públicos, igual que en sanidad, igual que en educación, y hemos propuesto que el Cabildo asuma la gestión directa del servicio”, cuenta.

Global nació en 2000 tras la fusión de las dos empresas que prestaban los servicios de transporte interurbano en Gran Canaria desde 1973, Utinsa (en la zona centro y norte de la isla) y Salcai (este y sur). La empresa es una sociedad anónima laboral. Es decir, los propietarios son los propios trabajadores.

Los socialistas abogan ahora por un cambio de modelo que pasa por acabar con las concesiones administrativas para que el servicio sea gestionado por una empresa pública vinculada con la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria. “El Cabildo de Gran Canaria tiene las herramientas ya disponibles” para dar ese paso cuando finalice la concesión en 2027, señala Pérez del Pino, que también fue consejero de Transportes del Cabildo de Gran Canaria el pasado mandato.

El socialista pone como ejemplos a Titsa, en Tenerife, o Guaguas Municipales, en Las Palmas de Gran Canaria. “Cuando se tiene espalda financiera para ejercer la competencia propia (transporte regular colectivo por carretera), lo haces público porque es más sencillo, es más ejecutivo y se gestiona con más eficiencia”, apunta. Según Pérez, la internalización del servicio ahorraría, de entrada, el 6% de beneficio industrial que obtiene la compañía privada y, además, evitaría las “tensiones de las licitaciones”. “¿Te imaginas tener que montar el servicio de (las fiestas de) El Pino con alguien de otro país o con una multinacional? No tiene ningún sentido. Esto no es un ataque a la empresa, es defender lo canario, a la gente de Gran Canaria”, sostiene.

El secretario de Transporte y Movilidad de los socialistas grancanarios insiste en que no se trata de comprar Global y el resto de compañías, sino en dejar que caduquen las concesiones y que el servicio pase a manos públicas a finales de 2027. Para ello, los actuales trabajadores serían contratados, “previa negociación con los sindicatos”, por esa empresa pública. “El objetivo es también asegurar una masa de trabajadores que a día de hoy están en esa tesitura y en dar estabilidad en un servicio público esencial”, relata.

“Básicamente, lo que se compra es el conocimiento del servicio, que es el que tienen los conductores, y luego a nivel de infraestructuras, las cocheras donde se almacenan las guaguas”, agrega. Calcula que esto costaría “entre 50 y 60 millones” que se podrían pagar “hasta en ocho años”, a poco más de cinco millones por año, “que para un presupuesto de 1.200 millones al año, imagínate lo que significa”.

Para Pérez del Pino, la propuesta tiene tres patas: “mantener la coherencia en el desarrollo de la movilidad desde aquí, defender a los trabajadores de aquí y, evidentemente, propiciar que las decisiones en el transporte sean ejecutivas desde Gran Canaria y para Gran Canaria”. “La gestión directa es muy ejecutiva. Tomas las decisiones aquí y prestas un servicio para la ciudadanía, no para obtener un beneficio”, concluye.

Críticas de Nueva Canarias y un sector del PSOE

La propuesta del Comité Insular ha generado malestar en Nueva Canarias. Tanto Antonio Morales, presidente del Cabildo, como Teodoro Sosa, vicepresidente segundo y consejero de Movilidad, han vinculado la propuesta “de un sector del PSOE” con la reciente afiliación de 39 trabajadores de Global a esta formación. “Obligar a 39 trabajadores a afiliarse a un partido para aprobar un texto que no tiene ni valor político ni administrativo es una práctica indecente”, escribía este sábado Sosa en la red social X (antes Twitter). Morales, por su parte, hacía una lectura en clave interna socialista y afirmaba que que el objetivo de esa “maniobra” orquestada por Miguel Ángel Pérez del Pino y Sebastián Franquis y por “el gerente de Global” era “frenar la posibilidad de que Augusto Hidalgo (vicepresidente primero de la corporación insular) renueve como responsable” de la agrupación socialista de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde las propias filas socialistas hay también quien interpreta estos últimos movimientos como “un misil a la línea de flotación” de Augusto Hidalgo y del grupo socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Hay que recordar que entre 2021 y 2022 hubo una pugna interna entre el propio Hidalgo y Franquis por hacerse con el control del partido en la isla y en la capital y que, tras alguna renuncia y un acuerdo, concluyó con el primero como líder de la agrupación socialista de Las Palmas de Gran Canaria y el segundo como secretario general del PSOE en Gran Canaria.

“El presidente del Cabildo muestra un desconocimiento absoluto de la democracia dentro del PSOE. Para empezar, cualquier persona se puede afiliar cuando quiera a un partido político. Pero es que, además, las personas a las que puede hacer referencia como que se han afiliado, en concreto a Las Palmas de Gran Canaria, no votan ese acuerdo. No lo votaron porque no son delegados del comité insular”, responde Pérez del Pino, que afirma que la decisión fue respaldada por más de 200 delegados y que tan sólo hubo una abstención. Hidalgo no asistió a ese Comité Insular porque lleva unos días fuera de la isla por una cuestión personal, motivo por el que tampoco ha podido atender a este periódico.

Antonio Morales también anunció este domingo que la corporación insular realizará “una auditoría milimétrica de Global, céntimo a céntimo” y lo analizará todo “con rigurosidad”. A juicio de Pérez del Pino, no se trata de dejarlo en manos de los técnicos, sino de una cuestión “de oportunidad política”, de decidir “qué modelo de gestión se quiere”. Y añade: “Sea cual sea el sistema que elija -concesión o gestión directa- se tiene que encargar un informe económico, porque la ley lo exige. Me sorprende que (Morales) no sea explícito en qué modelo de gestión defiende. ¿Recuperar el servicio público o que se continúe con una gestión privada?”

Pérez del Pino también desvincula la iniciativa socialista de la irrupción en el archipiélago del gigante del transporte Alsa, que ya en 2019 compró la empresa Gumidafe, con sede en Gáldar, y que más recientemente ha adquirido otra sociedad en las Islas, Grupo 1844, con el previsible objetivo de concurrir a los procedimientos para la adjudicación de servicios de transporte en estos próximos años en Canarias. “Alsa llega con toda la libertad de competencia del mercado. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos la oportunidad de que el transporte no esté sometido a las tensiones de las licitaciones. Lo que estamos proponiendo no es que se compita, lo que proponemos es que se estabilice el transporte público en la isla”, zanja. Además, insiste en que la propuesta socialista incluye la necesidad de consenso con NC.