El Grupo Socialista no debatió ni una sola de las enmiendas presentadas a la ley de las islas verdes

La polémica Ley de las Islas Verdes comenzó su vida parlamentaria el 19 de octubre de 2015, cuando el texto remitido por el Cabildo de La Palma fue publicado en el Boletín Oficial de la Cámara regional, aunque mediáticamente no salió a la opinión pública hasta el 20 de julio de 2016, cuando Canarias Ahora desveló que con una estratagema parlamentaria socialistas y nacionalistas aprovecharon su tramitación para colar los artículos más polémicos de la Ley del Suelo (del 124 al 132) antes de conocer el pronunciamiento del Consejo Consultivo sobre el mismo.

Según varios diputados socialistas consultados, ni una sola de esas modificaciones conjuntas presentadas el 15 de julio fue debatida en las reuniones internas del Grupo preparatorias de los plenos y en las que se aprueban las estrategias a seguir, afirmando que el portavoz, Ignacio Álvaro Lavandera, “actuó por su cuenta y riesgo en este tema”.

Sin embargo, no sólo Lavandera conocía el sentido y contenido de las modificaciones, pues el ponente de la Ley, el palmero Manuel Marcos Pérez, las negoció con el nacionalista Antonio Castro.

Bien es cierto que por aquellas fechas la dirección regional no tenía una posición oficial sobre los aspectos más polémicos de la Ley del Suelo, y que Lavandera y Pérez pueden esgrimir que nunca vulneraron el parecer de la Ejecutiva. Pero no menos cierto es que en ningún momento plantearon el asunto ni en el Grupo Parlamentario ni en los órganos de dirección del partido.

Cronología

La Ley de las Islas Verdes se tomó en consideración en la sesión plenarias del 8 y 9 de marzo, el 4 de abril entró en el Parlamento el dictamen del Consejo Consultivo y el 15 de julio se presentaron las polémicas enmiendas, firmadas por Lavandera.

Durante ese tiempo, el Grupo se reunió el 24 de mayo, el 7 de junio y el 19 de julio y en ningún momento de esas citas los diputados discutieron o debatieron el contenido de unas enmiendas de las que no tuvieron conocimiento.

Y tampoco lo hicieron el 12 de septiembre, el día previo a la aprobación de la Ley, cuando ya se sabía la postura oficial de la Ejecutiva del PSOE desde el 8 de agosto, una posición refrendada el 3 de septiembre en contra de los proyectos insulares estratégicos y apostando por qué la evaluación ambiental la siga haciendo la Cotmac.

Por el contrario, tres de esas enmiendas (de las 13 que presentaron los grupos del Pacto) daban todo el poder a los cabildos para reclasificar directamente suelo rústico a urbanizable si se considera que los proyectos son de “trascendencia insular”.

Había otra estratagema en el Pacto (también ignorada por los diputados socialistas), pero esa no salió adelante, y era la de aprobar por trámite de urgencia y sin debate en ponencia y comisión esa Ley el 20 de julio, durante la última sesión plenaria del período de sesiones antes del paréntesis estival.

El Pacto no lo logró porque tanto el portavoz y líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, como la de Podemos en la tramitación de esta Ley, Asunción Delgado, se dieron cuenta de la misma maniobra publicada por Canarias Ahora, porque las enmiendas 9, 10 y 13 del Pacto “desvirtúan completamente” el sentido del texto impulsado por el Cabildo palmero que preside el socialista Anselmo Pestana.

Desvirtuar el sentido de la ley

Además, y como denunció Rodríguez, las modificaciones de CC y PSOE “desvirtúan el sentido de la Ley sin que exista un informe del Consejo Consultivo sobre las reformas que proponen, ya que el que este organismo remitió se refiere al objeto inicial, que es la modificación exclusivamente de los artículos 4 y 8”, por lo que exigió sin éxito que no se siguiera tramitando la norma hasta pedir un nuevo dictamen en base al texto enmendado por el Pacto y apoyado por los grupos Popular y Mixto.

La razón de ser de esta petición estaba justificada por el propio Pacto en una de las polémicas enmiendas, la primera de todas ellas, en la que incluso cambiaban el título de la Ley al admitir que “la modificación realizada es de mayor amplitud” y no quedaba constreñida a los artículos 4 y 8.

Por su parte, Podemos denunció que hubo un “abuso de poder” por parte de CC y PSOE al no admitir las enmiendas de la fuerza morada por tener el carácter de modificaciones “a la totalidad encubiertas” cuando el propio pacto había hecho lo propio con su primera modificación.

Planificación singular

De todo esto se enteraron la práctica totalidad de los diputados socialistas el mismo día 20 de julio, cuando lo publicó Canarias Ahora, incluido el hecho de que con las modificaciones introdujeron los llamados “instrumentos de planificación singular turística” para dar respuesta “agil y directamente legitimada” a la implantación turística de los equipamientos “de trascendencia insular o supralocal” con el fin de “adoptar medidas urgentes” dirigidas a la ejecución de lo planificado en materia turísticas “desde hace más de una década”.

De esta manera, se permite que los cabildos puedan clasificar directamente como apto cualquier suelo rústico, sin importar el planeamiento insular, si se decide que el proyecto presentado es de interés insular.

Además, la disposición transitoria creada por el Pacto (enmienda 12) permite que todos los proyectos turísticos de La Palma anulados por sentencia del Tribunal Supremo puedan ser declarados de interés insular y, por tanto, construidos sin trabas.

Ristra de hoteles y campos de golf

Según el texto que los diputados socialistas desconocían, (salvo Lavandera y el ponente, el palmero Manuel Marcos Pérez) “se declararán de interés insular” todas aquellos proyectos “publicados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de 10 de mayo de 2007”, es decir, actuaciones en La Cangrejera, Balcones de Mazo, Finca Amado, Los Dragos, Martín Luis, La Tahona, Vista Alegre,Las Hoyas, Puerto de Tazacorte, Tazacorte y Las Manchas. Asimismo, se da vía libre a “actuaciones estratégicas singulares” en Los Llanos, Breña Alta, Fuencaliente, Barlovento y Puntagorda y, en el apartado de “núcleos mixtos”, en Tazacorte, Puerto de Tazacorte, Mazo, San Antonio, Los Cancajos, Santa Cruz de La Palma, San Andrés y Puntagorda.

En palabras del líder de NC, “declara de interés insular una ristra de 33 hoteles y 5 campos de golf que acabarán en los tribunales, pues fueron suspendidos por el Tribunal Supremo porque son contrarios a la legalidad”. El portavoz de CC, Antonio Castro, no niega ese aspecto, pero lo rebaja a que “no son tantos”, además de reconocer que “la filosofía” de la Ley del Suelo está incluída en la de las Islas Verdes.

Todos estos condicionantes llevaron el pasado martes a la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Corujo, y a los diputados Gustavo Matos y Gabriel Corujo (que discrepan públicamente con el resto de sus compañeros sobre el contenido de la Ley del Suelo) a ausentarse de la votación en la que el Parlamento aprobó finalmente la Ley Turística de las Islas verdes en los términos acordados por el Pacto, lo que puede conllevarles una sanción por parte del Grupo Socialista.

Asimismo, tras la aprobación y desvelarse cómo han evolucionado los hechos desde el 19 de octubre de 2015 al 13 de septiembre de este año, varios dirigentes del PSOE ha pedido una reunión de la Ejecutiva para analizar el proceder de Lavandera en todo el periplo parlamentario de esta polémica legislación.