El grupo Socialista en el Parlamento de Canarias advirtió este viernes al Gobierno regional de las responsabilidades patrimoniales en que podría incurrir por el “escandaloso” desarrollo del concurso eólico en La Palma.
El concurso fue adjudicado en diciembre, anulado en mayo tras los recursos presentados y vuelto a adjudicar en junio, y además los expedientes no fueron valorados por la comisión de evaluación prevista en las bases, sino por una “comisión b” formada por becarios, denunció en comisión parlamentaria la diputada socialista Francisca Luengo.
El viceconsejero de Industria y Energía y presidente de la comisión de evaluación, Juan Pedro Sánchez, negó la existencia de una “comisión b” y defendió la legalidad de todas las actuaciones, aunque reconoció que ha habido retrasos en el proceso, siempre en aras de la transparencia del procedimiento.
Según la diputada socialista, el retraso de dos años y medio que lleva el concurso eólico en toda Canarias para adjudicar 440 megavatios tiene consecuencias medibles, algunas irreparables.
Entre ellas, mencionó que se han emitido 527 toneladas de CO2 que se podrían haber evitado, se han dejado de crear mil puestos de trabajo, se han importado combustibles por valor de 40 millones de euros y las islas “están a la cola” en producción eólica, con los mismos 142 megavatios instalados desde 2005.
Francisca Luengo señaló que este concurso empezó mal al nombrarse una comisión de evaluación que no es independiente, con todos sus miembros designados “a dedo”, lo que ofrece dudas sobre su objetividad y transparencia.
El caso de La Palma, donde para 7 megavatios se presentaron 19 aspirantes, “es la antología del disparate y la mala gestión”, después de que se adjudicara en diciembre de 2008 y, tras los once recursos presentados, en mayo pasado se anuló el procedimiento por la propia Consejería porque era “una chapuza”, dijo.
En junio se vuelve a adjudicar la potencia eólica a empresas que en la primera resolución habían sido excluidas.
“Es inaudito” que el mismo órgano revoque su propia decisión, dijo la diputada, que advirtió de que del proceder de la Consejería pueden derivarse responsabilidades patrimoniales de la administración pública con los perjudicados.
Francisca Luengo denunció que los expedientes presentados no fueron valorados por la comisión de valoración, sino por una “comisión b” dirigida por el director general de Energía y formada por becarios.
Esa “comisión b” no está en las bases del concurso, pero la comisión de evaluación asume su criterio sin cuestionar el informe remitido por el director general de Energía, lo que al final llevó a la anulación del concurso, denunció.
El viceconsejero y presidente de la comisión de evaluación negó la existencia de esa “comisión b”, sino que se trata de las funciones previstas de la Dirección General de Energía para analizar los expedientes con el apoyo de funcionarios, no de becarios, que en todo caso están de prácticas.
Juan Pedro Sánchez señaló que él fue nombrado presidente de la comisión de evaluación por el consejero y él a su vez designó a los funcionarios miembros de la comisión, cuya independencia defendió.
Afirmó que no ha habido escándalo ni mala gestión y que siempre ha tratado de que los funcionarios no se dejen llevar por presiones.
Debido a la transparencia del proceso, explicó, caben los recursos, de los que se estimaron cuatro, dos de ellos sólo parcialmente, lo que llevó a anular la adjudicación inicial y proceder a otra nueva.
La diputada de CC Belén Allende dijo que “es una bajeza” cuestionar este concurso, porque la comisión de evaluación está compuesta por vocales de acreditada capacidad y solvencia.
Sugirió que si alguien se siente perjudicado por este concurso siempre puede acudir a la vía judicial.
El diputado del PP Sigfrid Soria también dijo que se están haciendo las cosas adecuadamente, afirmó que “la transparencia es perfecta” y negó que haya habido mala gestión.