El PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este viernes que el Gobierno canario se persone en la causa que se presentará al Tribunal Constitucional para evitar el derribo de la Biblioteca Pública del Estado ordenada por el Tribunal Supremo.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Mena, en un comunicado ha considerado que “el Gobierno de Canarias se haya puesto al frente de la defensa de los intereses de la Biblioteca es una garantía más para evitar el derribo”.
Mena asegura que, como ya anunció su grupo, el PSOE “va a hacer todo lo que esté en sus manos” para evitar el derribo de esta infraestructura cultural básica en la ciudad.
La concejala socialista insiste en que la prioridad de todas las administraciones implicadas debe ser la de impedir el derribo de una biblioteca con más de 20.000 usuarios y que es un referente en la capital.
“Desde el Gobierno regional, los socialistas batallaremos para que ese derribo que pende sobre la Biblioteca no se cumpla”, manifiesta la portavoz socialista.
Además, el hecho de que la última sentencia del Supremo afirme que la Biblioteca no se podrá reconstruir en el mismo sitio y como está ahora, “refuerza aún más la idea de que hay que dar la batalla en el Constitucional hasta parar el derribo”, sostiene Mena.
Asegura la edil socialista que echa de menos que tres días después de conocerse la sentencia del Supremo que ordena el derribo de la Biblioteca, nadie haya salido a dar explicaciones a la opinión pública.
“Aquí lo que falta es que se asuman responsabilidades por parte de los que protagonizaron este desaguisado, el alcalde y los concejales del PP que en 1997 decidieron dar una licencia a sabiendas de que era ilegal”, añade Mena.
Según Mena, “todos los ciudadanos están aún a la espera” de que el actual alcalde, Juan José Cardona (PP), que era segundo teniente de alcalde entonces, “asuma la responsabilidad política que le corresponde por esta causa antes de salir a decir delante de los medios de comunicación, como hizo hace unos días, que volvería a cometer la misma ilegalidad”.
Con esos precedentes Cardona no está en condiciones de defender los intereses de la Biblioteca Pública del Estado, sostiene Mena, quien entiende que “lo mejor que puede hacer ahora es hacerse a un lado y dejar a otros la inmensa responsabilidad de salvar a esta infraestructura cultural del derribo”, pues “quién causó el problema difícilmente podrá resolverlo”