SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha mostrado su confianza en que “el Gobierno de Canarias recapacite y escuche las reivindicaciones de las áreas de Bienestar Social de los siete cabildos insulares, que ya han adelantado que no pueden asumir más competencias si desde la Administración regional no se les ponen más medios”.
Según informó el portavoz socialista en una nota, “el recorte en Bienestar Social puede ser verdaderamente dramático, no sólo porque su origen esté en una indemnización [la del caso Tebeto] que es fruto de una serie de actuaciones chapuceras, sino porque sus efectos van a ser devastadores justo sobre las personas que en una situación de crisis son más vulnerables y están más desprotegidas, es decir, aquellas que recurren más asiduamente a los servicios sociales que prestan las Administraciones insulares y municipales”.
Valbuena estimó que “el tijeretazo” de lo público es “el único recurso que la derecha en Canarias conoce para enfrentarse a las situaciones de crisis, y por ese motivo comprendemos el plante de las áreas insulares de Bienestar Social”. Añadió que actualmente, los Cabildos, y los Ayuntamientos “tienen sus servicios sociales saturados y se ven cada vez en peor situación para hacer frente a todos los servicios que prestan: atención a la dependencia, a la discapacidad, exclusión social, menores, maltrato doméstico, etcétera”.
Por todo ello, Valbuena creyó que el Gobierno de Canarias, y sobre todo su consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, “deberían reflexionar y escuchar a quienes están lidiando con los efectos de la crisis en primera línea, de la misma forma en que los socialistas hemos pedido siempre al Cabildo Insular de Tenerife que escuche con la misma atención a los Ayuntamientos”.
En consecuencia, el portavoz socialista dijo esperar que el Gobierno de Canarias “adopte una actitud responsable y no se apunte a usar la crisis como coartada para desmantelar los servicios públicos negándoles la financiación”.