El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, ha manifestado este sábado la necesidad de modificar el decreto sobre viviendas vacacionales y de propiciar un debate cuyo objeto central sea el interés general y sin olvidar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
Lavandera, en un comunicado, indica que el Gobierno ha encargado tres informes sobre la realidad de la vivienda vacacional, y en uno de ellos se analiza la demanda de este tipo de alojamiento, la oferta, la realidad del número de viviendas vacacionales que se comercializan y cómo se comercializan.
El segundo informe, detalla el portavoz parlamentario, estudia, mediante encuestas, la percepción sobre el presente y futuro del sector turístico, y el tercero viene a comparar las diferentes normas que se han ido aprobando en el territorio español y en Malta al respecto.
“Entendemos que si se han encargado los informes es para dar respuesta a la insatisfacción que produce el actual decreto y, también, a la circunstancia del bajo número de viviendas vacacionales que, aun pudiendo acogerse a la normativa, no lo han hecho”, dijo.
Explicó que resulta imposible que la propuesta de regulación que se formule concilie el cien por cien de los intereses de todas las partes implicadas de una forma directa o indirecta.
Por eso, reiteró la necesidad de que la prioridad en el debate sea el interés general, “en el que se debe situar el modelo turístico que Canarias necesita, la búsqueda de la excelencia en la calidad del servicio que prestamos a nuestros visitantes y el que también cabe la vivienda vacacional”.
El portavoz parlamentario señala que en cuanto a la función social de la vivienda, de lo que se trata es de hacer compatible el legítimo interés del propietario de una vivienda a obtener de ella la máxima rentabilidad posible con el fenómeno de subida de precios de alquileres en destinos turísticos.
“Hablamos de viviendas que antes ocupaba la clase media y trabajadora, población que empieza a tener problemas para encontrar un lugar donde vivir, o al menos hacerlo cerca de su lugar de trabajo”, agregó.
Indicó que ya existen problemas en este sentido en Baleares, en Barcelona y empiezan a aparecer en algunos lugares de Canarias, donde la población residente es expulsada por el aumento de precios sin que existan límites sobre la oferta.