El diputado regional del PSC-PSOE, Santiago Pérez, afirmó este domingo que el presidente canario, Paulino Rivero, “está detrás” del informe realizado por la Universidad de La Laguna sobre el Régimen Económico y Fiscal en el que se avala la posición del Ejecutivo.
En un comunicado, Pérez se alegró de que la reacción del Rectorado ante sus críticas a ese informe haya servido para saber que Paulino Rivero se lo encargó directamente al rector, Eduardo Doménech.
El informe señaló que los presupuestos del Estado para 2008 no reflejan la previsión del REF de que la inversión por habitante en Canarias debe ser equivalente a la media del conjunto del país.
Desde el cambio en el Rectorado, “Coalición Canaria ha recuperado súbitamente la confianza en nuestra Universidad”, indicó Pérez, que señaló que el rector se ha prestado “al efecto político” que buscaba el Ejecutivo regional para comprometer a la ULL “en la estrategia de confrontación contra el Gobierno de España”.
Pérez se preguntó cómo una cuestión esencialmente jurídica, si el incumplimiento del artículo 96 del REF puede fundamentar un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos, debe dictaminarla un equipo de profesores de economía en el que no hay ni un solo jurista.
Por eso, el informe se llena con consideraciones sobre lo que habría sido la economía canaria y con afirmaciones genéricas sobre que el artículo 96 del REF constituye la base legal del compromiso de inversión anual del Estado en Canarias.
El informe no entra en las cuestiones jurídicas relevantes, como la responsabilidad que tiene el Gobierno a la hora de cumplir los requerimientos que le imponen la Constitución, las normas europeas y las leyes orgánicas (rango que no tiene el REF) y ordinarias a la hora de elaborar y cuadrar los Presupuestos, indica Pérez.
“Es verdad que las ventajas fiscales del REF, las compensaciones a la insularidad y los compromisos de inversión anual del Estado son instrumentos de política económica conceptualmente autónomos, pero su influencia sobre la economía canaria se pretende y debe ser agregada, como los propios autores del informe reconocen”, indicó Pérez.
Por eso, añadió, “es difícil justificar la ofensiva política del Gobierno de Canarias contra los Presupuestos del Estado que mejores cifras presentan, con mucho, para Canarias en las últimas décadas”.
Más difícil es fundamentar un recurso de inconstitucionalidad sin poner sobre la mesa el conjunto del Presupuesto, indicó Pérez, que se preguntó si limitar el estudio a los últimos cuatro años responde a los términos del encargo de Paulino Rivero “o es una aportación académica” de Miguel Becerra, uno de los autores del informe y que es ex portavoz del Gobierno y dirigente de CC.
“Algún interés tendrá Paulino Rivero en no hacer comparaciones con los Presupuestos estatales de Aznar que aplaudía con las orejas”, afirmó Pérez.
Se preguntó el diputado socialista dónde se han escondido en el informe los 1.000 millones de euros que el Estado deja de recaudar en aplicación de la Reserva de Inversiones, el monto de los convenios de carreteras, de costas y de obras hidráulicas, las aportaciones del Fondo de Compensación Territorial y el incremento del 100% en la subvención al transporte de mercancías.
“No hace falta ser experto en nada para entender que, a la hora de enjuiciar si el Gobierno de España cumple sus compromisos” habrá que examinar “el conjunto del Presupuesto a la luz del conjunto de obligaciones legales y constitucionales”, sostiene Pérez.
Agregó que “quienes apoyaron con fervor” durante quince años los Presupuestos del Estado para Canarias, “no pueden agarrarse ahora a un precepto legal aislado, que ha estado en vigor desde los años 90 sin que nadie lo invocara”.
El objetivo ahora es “criminalizar” un presupuesto que mejora notablemente las consignaciones de aquellos presupuestos, según Santiago Pérez.
También afirmó que en estos presupuestos se supera, en inversión estatal para Canarias, la exigencia establecida en el Estatuto de Cataluña, ya que rebasa el porcentaje del 3,7% que representa la economía canaria en el conjunto de la economía española.
No habría estado de más que los autores del informe hubieran analizado “la variable institucional”, es decir la que se refiere la deficiente gestión realizada de los “inmensos recursos públicos” a disposición del Gobierno de Canarias.
“Pero, claro, hasta ahí no llegaba el encargo de Paulino”, afirmó Pérez.