Una hoja de ruta para que la reforma electoral no quede en una simple bajada de barreras
El Foro Cívico Demócratas para el Cambio (DPC) ha enviado a la ponencia parlamentaria que emitirá el dictamen sobre la reforma electoral un informe que sirva a los grupos parlamentarios de hoja de ruta para que el nuevo sistema se encuentre vigente en 2019 y no se quede en una mera bajada de las barreras insulares y autonómicas.
El presidente de DPC, Vicente Mujica, explicó en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria que el pasado 1 de junio la mesa admitió como documento de trabajo este texto, que también cuenta con información que destaca los puntos de encuentro de las propuestas de expertos que han pasado por la Comisión de estudio de la reforma electoral durante más de un año. Los grupos parlamentarios también trabajan con un informe de los servicios jurídicos de la Cámara.
Una de las propuestas que ha suscitado más consenso durante el proceso se centra en torno a la propuesta que Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) canario introdujeron en la modificación del Estatuto de Autonomía que se tramita en las Cortes: rebajar las barreras al 3% regional y el 15% insular; la posibilidad de una lista regional y otorgar un diputado más a Fuerteventura.
Sin embargo, todavía se desconoce la fórmula que empleará Canarias para cambiar un sistema electoral que ha imperado en las Islas durante cinco legislaturas y que ha sido considerado por la práctica totalidad del espectro político como profundamente antidemocrática, porque permite que gane quien gane en las elecciones siempre gobierne Coalición Canaria.
Aunque no marca un calendario fijo, Mujica explica que el documento enviado por DPC incide que la reforma electoral se puede llevar a cabo antes de 2019 e insta a que los partidos con representación en la mesa a que cedan en sus posturas en aras del consenso.
Cinco fases
El texto marca cinco fases diferenciadas para llegar a un acuerdo, que a juicio de Mujica avanzan en “escalones de compromiso”. Por lo que si no se llegaran a cumplir todos los pasos, “lo anterior seria válido”. La primera de las fases se centra en aclarar los principios básicos del acuerdo, es decir, reducir las barreras electorales, mejorar la proporcionalidad y establecer el 2019 como fecha límite para la puesta en marcha de la reforma.
La segunda ahonda en precisar la reducción de las barreras que en la actualidad se encuentran en el 30% insular el 6% regional y en establecer las bases para la proporcionalidad. Es decir, reducir el número de circunscripciones o aumentar el número de diputados de la Cámara, actualmente 60 y con capacidad de llegar a 70 según el vigente estatuto de autonomía. Un incremento que Mugica considera más probable que una hipotética reducción de escaños.
La tercera fase profundizaría en la proporción, que haría que islas como La Palma no contara con más diputados que Fuerteventura, que cuenta con mayor población. “El problema sobre este caso es que nuestro sistema no se ajusta a los cambios demográficos”, explica.
La cuarta fase debe determinar el tamaño del arco parlamentario, mientras que la quinta y última estipulará la fórmula más adecuada a aplicar. Sobre la mesa, señala las siguientes:
- Una asignación directa de diputados a las circunscripciones infra representadas, es decir, Tenerife y Gran Canaria.
- Hacer esa asignación de diputados a esas circunscripciones infra representadas, teniendo en cuenta el censo en vigor en el momento de las elecciones.
- La asignación de diputados por un colegio de restos, con lo que se utilizarían todos los votos que en una primera fase no se hubiesen aprovechado para asignar los diputados insulares y volver a repartirlos en el conjunto de comunidad.
- Asignación de diputados por un colegio de restos, pero en lugar de repartirlos en función del conjunto autonómico, quedarían divididos por provincias.
- Crear una lista autonómica.
DPC aboga por la implantación de un colegio de restos y considera que la lista autónomica, que propone el PSOE, generaría una serie de problemas, como la necesidad de urnas nuevas y papeletas distintas. Sobre la triple paridad, afirma que todo depende de lo que decida la ponencia, pero opta por una solución mixta.
Mugica considera que una mera bajada de barreras sería una reforma electoral “inadmisible”. La reforma debe contar con la aprobación de dos tercios del Parlamento canario o mayoría absoluta del Congreso. El presidente del Foro Cívico confía en que la Cámara canaria sea capaz de llegar a un acuerdo. De lo contrario, “sería un fracaso”, apostilla.
Demócratas Por el Cambio prevé explicar a la ciudadanía su hoja de ruta en una convocatoria que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 12 de junio, un día antes de la celebración de la próxima ponencia, en la que espera que los grupos “empiecen a concretar”.
