En diciembre de 2016 se cumplió el vigésimo aniversario del vigente Estatuto de Autonomía, el que modificó el sistema electoral que ha imperado en Canarias durante cinco legislaturas. Una polémica fórmula de acceso al Parlamento considerada por la práctica totalidad del espectro político como profundamente antidemocrática porque permite que gane quien gane en las elecciones siempre gobierne Coalición Canaria.
Santiago Pérez, profesor de Derecho Constitucional, ex dirigente socialista y ahora concejal lagunero, lo expresó perfectamente en su comparecencia ante la Comisión de estudio de la reforma electoral: el actual modelo “ha acabado siendo un viejo sistema censitario propio de los regímenes oligárquicos”, en tanto en cuanto “Canarias ha vivido un auténtico blindaje a las llamadas alternancias”.
Por eso CC siempre gobierna. Ha sabido convertirse en la clave de bóveda de todos los gobiernos regionales por dos razones. La primera, que el Partido Popular (PP) y el PSOE son incapaces de llegar a un acuerdo de gobernabilidad y la segunda también la dijo Pérez: “El sistema ha empobrecido la fragmentación ideológica, que no la territorial, porque se dificulta hasta el infinito la construcción de una mayoría alternativa”.
Una alternativa por la derecha (el PP con otros partidos de centro derecha) o por la izquierda (el PSOE con el espectro progresista de centro izquierda).
Esa y no otra ha sido la causa de que CC siempre pusiera trabas a una reforma electoral que pudiera posibilitar que los nacionalistas abandonaran los bancos azules después de tres décadas. La triple paridad ha sido una mera excusa.
Entendiendo esa clave se puede comprender por qué el sistema electoral ha saltado a protagonizar tanto el VI Congreso de CC como el Debate sobre el estado de la Nacionalidad Canaria hasta el punto de que el mismo ha sido usado para poner en jaque los Presupuestos Generales presentados por Mariano Rajoy.
Vetar la reforma electoral
CC engatusó al PP para que, a cambio de apoyar las cuentas de Rajoy para 2017, aceptara que no habría una reforma electoral por parte de las Cortes en el Estatuto de Autonomía que no contara con el plácet de los nacionalistas canarios y, por ello, presentaron la única propuesta de resolución conjunta de las más de 600 registradas tras el Debate sobre el estado de la Nacionalidad con la finalidad de impedir que los socialistas pactaran con Nueva Canarias (NC), Podemos y Ciudadanos (C’s) una modificación que se les fuera de las manos.
Claro está que la reacción de NC no se hizo esperar y su líder, Román Rodríguez, contactó con el vicesecretario general de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, para advertirle de que el imprescindible voto de Pedro Quevedo para los Presupuestos estatales sería negativo si los conservadores canarios no reculaban en su entreguismo a CC para poner coto en las Cortes a la reforma electoral.
Pero los nacionalistas no se rinden. Solo aceptan rebajar las barreras insular y regional al 15% y al 3%, la posibilidad de que exista una lista regional y que ninguna isla con menos población tenga más diputados que una con más residentes, como pasa ahora con La Palma y Fuerteventura.
Quieren lo pactado con el PSOE en el nuevo Estatuto. Y por eso han echado mano al argumentario victimista y patriotero (nacionalero, en este caso) enarbolando la independencia de decisión de Canarias frente a la imposición de Madrid. Y lo han hecho en su cónclave congresual, el de su redefinición o refundación.
Durante la inauguración del acto en Las Palmas de Gran Canaria, desde la herreña Belén Allende hasta el tinerfeño Francisco Linares, pasando por los principales líderes de CC (Fernando Clavijo, José Miguel Barragán y Guadalupe González Taño) fueron unánimes: “Hay que impedir que desde Madrid nos impongan cómo hacer las cosas”.
Liquidar la Comisión
Para CC es tan vital que el sistema electoral cambie manteniendo las cosas igual que Barragán aseguró tras haber fracasado en su intento en el Parlamento de arrimar al PP a su ascua blindadora que “no tiene sentido mantener una comisión de estudio en el Parlamento de Canarias si en Madrid se cambia la reforma”. “En ese caso, habría que liquidarla”, fue su aviso a navegantes.
Ha sido largo y tortuoso el camino para modificar un sistema envenenado. Este último asalto viene de 2013, cuando en la segunda (y última) legislatura de Paulino Rivero como presidente, esta vez gracias al pacto suscrito con el PSOE de Canarias, Román Rodríguez se dirigió en febrero a los grupos del Parlamento canario para debatir sobre la reforma del sistema electoral. Ya lo había intentando en noviembre de 2012 y, en ambas ocasiones, obtuvo la callada por respuesta.
Por ese motivo, Rodríguez hizo pública en junio su propuesta para acabar con, según sus propias palabras, “uno de los modelos electorales más restrictivos e injustos del mundo”. Su iniciativa no era otra que la que ya intentara Santiago Pérez la legislatura anterior, cuando el PSOE estaba en la oposición y no en el Gobierno: acabar con la barrera regional y rebajar la insular al 5%.
No tuvo éxito, evidentemente. Por eso, la primera iniciativa de la IX Legislatura se presentó incluso antes de que Fernando Clavijo se sometiera a la investidura como presidente del Gobierno: crear una comisión de estudio que aborde la reforma del vigente sistema electoral. Una propuesta avalada por PP, Podemos y Nueva Canarias para aprobar un sistema con una distribución más proporcional de los escaños.
Más votantes en la oposición que en el Gobierno
Y es que, gracias al sistema electoral, se da la paradoja, como apuntaba la portavoz de Podemos, Noemí Santana, en los albores de esta Legislatura, que “hay más votantes en la oposición que en el gobierno”, pues los apoyos en las urnas no se han visto reflejados adecuadamente en la composición de la Cámara regional. Y eso lo dijo cuando estaba en vigor el pacto CC-PSOE. Ahora, con el Gobierno en minoría de Clavijo, esa esperpéntica y kafkiana ecuación se hace aún más evidente.
Y es que el grupo con más escaños (CC) fue la tercera fuerza política en número de votos; el PSOE, siendo vencedor en las urnas es segundo en diputados y Ciudadanos (C’s) con 50.000 votos se quedó fuera del Parlamento y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), con 5.000 papeletas en las urnas, consiguió tres escaños.
Desde el Partido Socialista Canario-PSOE hasta la Agrupación Herreña de Independientes (AHI), no han sido pocos los intentos de conseguir en estos 20 años modificar esta especial seña de identidad ultraperiférica diseñada por la CC (con la complicidad del PP) en sus convulsos inicios de finales del pasado siglo.
Un sistema tendente a castigar sin escaño a los partidos insulares que preferían quedarse fuera del proyecto en vez de abrazar a la cuna del moderno nacionalismo canario, permitido por el PP de José Miguel Bravo de Laguna, que se contemplaba como el sempiterno socio de gobierno.
Un sistema que le funcionó, con más o menos fortuna, a los conservadores hasta 2011 para acceder al Gobierno, mientras que a CC todavía no se le ha estropeado el invento.
El imperio de la minoría
El Estatuto de Autonomía sancionado por el Rey en 1996 reforzaba que una minoría poblacional del 17% pueda elegir la mitad del Parlamento, que se deba superar el 30% de los votos válidos emitidos en una isla para tener derecho a que se asignen diputados a un partido y que una circunscripción con menos habitantes que otra, disponga, sin embargo, de un diputado más.
Eso perpetra la triple paridad (Tenerife y Gran Canaria tienen los mismos diputados, juntas suman lo mismo que el resto de las islas y ninguna provincia tiene más escaños que la otra), aliñada con las abusivas barreras electorales, tan altas que son únicas no solo en España, sino en toda Europa, pues en otras comunidades autónomas oscilan entre el 3 y el 5%.
Barreras que para acceder a ayuntamientos y cabildos es el 5% y que para poder optar a un escaño en el Congreso de los Diputados se fija en el 3% de los votos.
Durante lustros el PSOE ha luchado, sin éxito, para cambiar este adefesio democrático. Tradicionalmente, los socialistas han defendido crear una lista regional de 10 diputados y la rebaja de los topes hasta el 20% en el caso insular y el 3% en el regional, tal y como estaban en el primigenio Estatuto de Autonomía.
Sin embargo fue en 2001, curiosamente con Román Rodríguez como presidente del Gobierno, cuando los diputados de AHI (paradójicamente, la única formación a la que no perjudica ir en solitario a los comicios electorales sin el paraguas de CC) quienes, con la ayuda de los palmeros de Antonio Castro, forzaron que el Parlamento debatiera una propuesta de reforma del sistema electoral. Incluso se consiguió que formaciones como Izquierda Unida Canaria (IUC) y Los Verdes pudieran dar su opinión en la Cámara regional.
Los herreños propusieron eliminar el tope regional, pues la circunscripción electoral en el Archipiélago es la Isla, y rebajar la barrera insular al 15%. Su propuesta incluía también incrementar el número de diputados autonómicos a sesenta y seis, otorgando tanto a Tenerife como a Gran Canaria tres parlamentarios más, manteniendo el actual número de escaños para el resto de las islas.
La propuesta herreña tuvo el apoyo de las fuerzas políticas que no cuentan con representación parlamentaria como, por ejemplo, la Federación Nacionalista Canaria (entonces presidida por Ildefonso Chacón, uno de los fundadores de las AIC y de CC, que luego renegó del proyecto político) y la Unión Centrista-Centro Democrático Social.
Sin embargo, tanto CC como el PP impusieron sus votos para impedir que la propuesta saliera adelante.
Una ley para 2019
Ahora, en el artículo 37 y la Disposición Transitoria del texto de la reforma estatutaria pactada entre CC y el PSOE se rebajan las barreras al 15% regional y el 5% insular, se posibilita una circunscripción regional y que a ninguna isla “se le pueda asignar un número de diputados inferior a otra que tenga menos población de derecho”.
Lo que ha quedado meridianamente claro es que el sistema electoral canario de 1996 deja fuera de la Cámara el voto de muchos miles de canarios en un momento en el que la desafección ciudadana hacia los políticos tiene sus cotas más altas y en el que se reivindica más participación y representatividad de la voz de la calle en las instituciones.
Puede que, gracias a esa presión, ahora tenga más éxito y, como asegura el propio Ruano, se apruebe uno que “baje las barreras, mejore la proporcionalidad y esté vigente para el año 2019”, los tres compromisos básicos del documento Pacto por la Democracia impulsado por la plataforma Demócratas por el Cambio que, curiosamente, los nacionalistas (junto a los socialistas) no han querido aún firmar.