El nuevo sistema electoral canario, pendiente de que el Gobierno de CC ejecute correctamente la reforma del Estatuto
Previsiblemente, la reforma del nuevo Estatuto de Autonomía se aprobará el próximo 24 de octubre en las Cortes y se publicará en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor inmediatamente. Con la ratificación de este texto, también debería salir adelante el nuevo sistema electoral canario, pues solo quedaría pendiente su ejecución definitiva por parte del Gobierno de Canarias, ya sea a través de una ley que deberá ser aprobada por el Parlamento regional o la diligente redacción de un decreto por parte de la Consejería de Presidencia, de cara a los comicios de 2019.
El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, anunció el pasado miércoles su intención de que sea el Parlamento de Canarias el órgano encargado de aprobar una ley para que el nuevo sistema electoral esté vigente antes de las elecciones de 2019, pero el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias Santiago Pérez cree que detrás de esta intervención “tan solemne como cínica se esconde la intención y el filibusterismo de Coalición Canaria (CC) para maniobrar en la Cámara e impedir que el nuevo sistema electoral opere en las elecciones de 2019”.
El también profesor de Derecho Constitucional considera que CC “hará todo lo posible para que en 2019 las elecciones al Parlamento de Canarias se vuelvan a realizar con la normativa establecida en el año 1996”, es decir, la triple paridad que ha sido “la base fundamental” para mantener a la formación nacionalista en el poder “siendo tercera fuerza política”. De hecho, recuerda que ya Ana Oramas (CC) ha intentado bloquear en las Cortes la reforma electoral alegando un cambio sustancial en la tramitación y solicitando un informe al Congreso para que, si así lo decide la Cámara Baja, pueda volver al Parlamento regional “y tener ellos la oportunidad de bloquearla de nuevo”.
El artículo 37 del nuevo Estatuto de Autonomía deja fijado el marco en el que se debe encuadrar la ley del Parlamento de Canarias que desarrolle el nuevo modelo electoral: entre 50 y 70 diputados, con circunscripciones de ámbito insular, autonómica o de ambos. Pero hasta que no se apruebe dicha ley (la Cámara tiene un plazo de tres años para ello), la disposición transitoria primera fija el acuerdo al que llegaron las fuerzas políticas en las Islas: 70 diputados, 61 distribuidos entre las siete circunscripciones insulares; ese diputado de más correspondería a Fuerteventura. Pero de los nueve restantes no había ninguna referencia, aunque días después se enmendó el error para asignarlos a la circunscripción regional.
Por ello, Pérez cree que “la actual reforma, tal y como va a quedar, resulta inaplicable”, porque la circunscripción autonómica tiene que establecer no sólo el número de escaños que se le adscribe, sino su forma de elección, “si va a responder al sistema proporcional o si se van a repartir esos escaños por un sistema mayoritario y, en consecuencia, cómo se van a configurar las candidaturas y la papeleta”, pues “son elementos indispensables del sistema electoral” y “no se le puede pedir a los tribunales que cumplan la función del legislador”.
Sin embargo, para el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, está bastante claro que en las elecciones 2019 se aplicará el nuevo sistema y la triple paridad “habrá pasado a mejor vida” porque, una vez que se apruebe definitivamente el nuevo Estatuto, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, desde ese día, el artículo 9 y la disposición transitoria de la triple paridad “dejarán de existir”. Así, “las nuevas previsiones estatutarias electorales exigirán que se ejecute mediante un decreto o una modificación de la ley de 2003 y su posterior aprobación en el Parlamento de Canarias”, recuerda Rodríguez, quien ha añadido que “así se ha hecho siempre”.
Desde el foro ciudadano Demócratas para el Cambio manifiestan con más contundencia que el nuevo sistema electoral se aplicará y detalla las fórmulas que puede emplear el Ejecutivo de Clavijo para ejecutarlo: regular a través de una nueva ley o modificar la norma vigente de 2003 para su posterior votación en el Parlamento de Canarias que, de tener una mayoría de 3/5, quedaría aprobada; en principio esta sería “la opción ideal”, pero, en caso de que esto no fuese posible, la Consejería de Presidencia debe redactar un decreto para “desarrollar las lagunas que no estén especificadas en el Estatuto”.
Se refiere Vicente Mujica, presidente de Demócratas para el Cambio, a que, una vez Fernando Clavijo publique un decreto de convocatoria para disolver el Parlamento regional 55 días antes de las elecciones y decir cuántos diputados se van a elegir, debe haber explicado previamente cómo lo va a hacer, es decir, cómo se llevará a cabo la elección de los nueve diputados de la circunscripción autonómica, si pondrá una o varias urnas o el color de las papeletas, entre otras especificaciones.
“Estos detalles debe recogerlos la Consejería de Presidencia, es decir, José Miguel Barragán: al haber un cambio en la normativa superior (Estatuto) que afecta al sistema electoral y, si no ha habido ley, hay que organizar las elecciones. Si el Parlamento no hace nada cuando llegan las fechas, la responsabilidad directa es del presidente del Gobierno, que debe redactar un decreto. Y ahí debe aparecer recogido todo” detalle Mujica, quien recuerda que en 2011 José Miguel Ruano, que era titular de esa Consejería, redactó un decreto en este sentido después de que se modificara la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Sobre las palabras de Clavijo, Mujica considera que el líder del Ejecutivo regional “no termina de asumir que ha habido un cambio en el sistema electoral y todavía pretende que no lo haya, por eso introduce dudas, esquiva su responsabilidad, pero está obligado (si no hay ley o si el Parlamento no lo aprueba) a emitir un decreto para aclarar cómo se vota”.
