El Gobierno de Canarias pasa ampliamente del demoledor informe que el excoordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático, Ezequiel Navío, remitió en diciembre de 2017 a su viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, en el momento de dar por cerrado su paso al frente de ese organismo, inoperante durante meses, y que ahora pretende reactivar el Ejecutivo regional al desvelar Canarias Ahora las duras críticas que en ese informe se recogen.
Hace dos semanas, el 2 de julio, la portavoz del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo, Rosa Dávila, remitía a este lunes para dar una respuesta al contenido de ese duro informe, que ponía patas arriba la política medioambiental, energética y climática de Canarias. Sin embargo, cuando este lunes se le ha preguntado sobre esta memoria que critica la inacción gubernamental, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, ha sentenciado que desde el Gobierno “no se va a responder al contenido” de la misma y que en ella se refleja lo que el experto medioambiental “considera que tiene que poner”.
En rueda de prensa durante un descanso de la reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria por el Observatorio Canario del Cambio Climático, Barreto ha salido en defensa de la viceconsejera de Medioambiente, Blanca Pérez, a quien Navío acusó en su escrito de 18 páginas, entre otras cosas, de desprecio, de no responder sus correos electrónicos o de boicotearle las propuestas de trabajo. Así, la consejera ha respaldado en nombre del Gobierno, del Observatorio del Cambio Climático y su Comité de Expertos “el trabajo que hace la Viceconsejería de Medio Ambiente” del Archipiélago.
“Lo que se está haciendo en la Viceconsejería de Medio Ambiente es lo que hay que hacer”, apuntó, y agregó que la opinión es “unánime” en la labor que se desarrolla por parte de este área dentro del Gobierno. “No voy a valorar lo que en una memoria que se supone que es técnica se incluye”, sentenció Barreto.
La responsable del área tampoco ha querido explicar por qué las acciones propuestas por Navío no se llevaron a cabo y por qué se decidió no renovarle el contrato cuando este concluyó. Durante el tiempo que estuvo Navío al frente del Observatorio Canario del Cambio Climático, hasta finales de 2017, no se realizó ninguna comisión, aunque según Barreto “que no se haya contado que el Observatorio se ha reunido no significa que no lo hayan hecho”. En este sentido, el portavoz del Comité de Expertos de Cambio Climático y Economía Azul, Aridane González, ha cifrado en una quincena las reuniones que han celebrado las diferentes comisiones del Observatorio en los últimos cinco meses.
Aridane González ha indicado que el comité de expertos está compuesto por siete personas, todas licenciadas por las dos universidades canarias y que son eruditos en materias dispares como la energía, las energías renovables, la economía e impacto del cambio climático en la economía, los recursos vivos y naturales, la tropicalización de especies, la educación y los ciclos bioquímicos. González ha subrayado que “el cambio climático es una materia transversal y para formar un comité con una persona especialista en cada uno de los temas que toque tendrías un comité indefinido”, por lo que se ha optado por crear “una red de conocimiento” formada por especialistas en diferentes áreas que son capaces de aportar soluciones a los problemas que ya hay en materia de cambio climático, de economía circular, de economía azul. “La red siempre estará basada en un principio, que es el conocimiento, ahí no caben ni siglas políticas ni siglas sin razonamientos asociados al conocimiento”, recalcó.
La reunión celebrada este lunes contó con la asistencia del presidente Fernando Clavijo, que al final no compareció ante los medios como estaba previsto, y en ella se plantearon varios puntos, destacando la futura Ley de Cambio Climático y Cambio Global. En un principio se iba a contar con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero esta descartó presidir la misma.
Sobre la citada ley, en estos momentos existe un borrador de siete páginas que está hasta el 22 de julio en periodo de consulta pública en el que particulares, colectivos ambientales, sociales y científicos pueden aportar ideas al mismo.
“Se trata de un primer documento de contenidos básicos sobre el que ahora van a empezar a trabajar las distintas comisiones técnicas en un proceso muy similar al que abrimos durante la redacción de la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias en el que se dio voz a todos los colectivos sociales y económicos implicados”, explicó, mientras que González aseguró que lo ideal que es que esta futura normativa sea abierta para poder incorporar nuevas estrategias y acciones al trabajo que se realiza en esta materia conforme vaya avanzando el conocimiento disponible.