La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias de investigación para determinar si José Alberto González Reverón, y otros 14 concejales de CC y CAN-CCN han incurrido en un delito de prevaricación continuada por no acatar la reforma de la Ley Electoral.
Es la respuesta que le ha dado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce a la petición de auxilio por la situación de ilegalidad en Arona al diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares. Esta respuesta, aunque se ha conocido este jueves, es anterior a la renuncia al cargo del ex alcalde nacionalista, que no se materializó hasta el pasado martes.
Torres-Dulce responde a Llamazares por su escrito de auxilio, “en el que comprensiblemente muestra su preocupación por la permanencia en el cargo del Alcalde de Arona”, y le informa de que el Fiscal Superior de Canarias (Vicente Guerra) ha comunicado que la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias previas de investigación “para establecer si la continuación del condenado como alcalde pudiera ser constitutiva de un nuevo delito”.
Esas diligencias de investigación, las 363/2012, se incoaron tras las denuncias del concejal de la oposición, José Antonio Reverón, y los abogados Felipe Campos y, por Izquierda Unida Canaria, José Pérez Ventura, por un posible delito de prevaricación, ampliado a prevaricación continuada, que habrían cometido los doce concejales de CC y los dos de CAN-CCN por no acatar la reforma de la Ley Electoral y vitar en dos plenos la continuidad en el cargo de González Reverón en vez de tomar conocimiento de su cese.