El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha defendido este martes en el Parlamento la necesidad de que la Cámara regional se pronuncie frente al Ejecutivo de España en contra de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote.
Antes de su intervención en el Parlamento, Rivero mantuvo por la mañana un encuentro con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. El presidente canario se reafirmó ante el dirigente de la petrolera en su oposición al proyecto de inicio de catas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura para confirmar la existencia e petróleo. Brufau, por su parte, ha insistido en que, si se confirma la existencia de una bolsa de crudo, las prospecciones no conllevarían riesgos medioambientales y generarían muchos puestos de trabajo.
“Canarias es algo más que Gran Canaria y Tenerife, y la unidad de Canarias vale más que todo el petróleo que hay en el mundo”, aseguró Rivero en el Parlamento, antes de desglosar un estudio demoscópico en el que se demuestra que “más del 60% de la sociedad de esas islas no quiere prospecciones”.
Y avisó: “Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas que nos permite el Estado para impedir que se extraiga petróleo en las aguas canarias. No vamos a dar tregua”.
Además, en su intervención en contra de las prospecciones se evidenció que la estrategia del Ejecutivo es de reivindicación del fuero y que la misma no debe ser medida con criterios economicistas.
Por ello insistió durante el debate, que se prolongó por espacio de dos horas en el hemiciclo, en que “no es cierto” que las prospecciones vayan a generar empleo en las Islas “pues estamos hablando de nueve o diez años de plazo” y, por contra, si ponen en peligro el desarrollo sostenible y medioambiental de una región turística.
Futuro hipotecado
“Esto va más allá de la coyuntura, porque no resuelve el problema del momento y nos hipoteca el futuro”, afirmó Paulino Rivero. En este punto, recordó que tanto en la zona directamente afectada como en las proximidades se localizan importantes poblaciones de especies de vegetales y animales marinas protegidas por directivas europeas.
Así, en las costas de Fuerteventura y Lanzarote hay espacios naturales protegidos por la legislación española y europea. La isla de Lanzarote tiene además la consideración de Reserva de la Biosfera y hay áreas con presencia de poblaciones de especies marinas catalogadas como amenazadas.
Sin embargo, la información ambiental aportada en la documentación recibida por el Ministerio presentaba notables carencias y deficiencias, como el hecho de que no se tuvo en cuenta la consideración de Zona Marina de Especial Sensibilidad que había sido declarada de forma provisional por la Organización Marítima Internacional.
Este argumento medioambiental también fue esgrimido por el portavoz del Grupo Socialista, Manuel Fajardo, que tras la intervención de Rivero aseguró que “no hay dinero que pague el posible daño que puede hacerse a nuestra economía, nuestros sistemas de biodiversidad y nuestra naturaleza”.
Fajardo ha recordado que el Tribunal Supremo dio la razón “en parte” a Canarias, por lo que se paralizó la propuesta del Ejecutivo que presidió José María Aznar y “en este tiempo la sociedad y las instituciones han dicho no a las prospecciones y no a hipotecar el futuro de nuestros hijos”, por lo que “los socialistas no lo vamos a permitir”.
“No hay empresa que garantice al 100 por 100 la seguridad”, insistió el socialista, que incluso recordó que la propia Repsol, como también hizo el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, admite que hay 7.000 accidentes en cuatro años en todo el mundo.
Fajardo dijo que el Parlamento debe “defender los intereses de Canarias” aunque eso no debe ser entendido como confrontar con el Ejecutivo central sino como la necesidad de reivindicar el diseño del futuro modelo económico del Archipiélago respetando la sostenibilidad y el Medio Ambiente.
“Estamos para defender a Canarias, no para defender a Repsol. La idea de que va a ser un revulsivo económico es una demagogia”, insistió.
Para Fajardo, “la lealtad institucional y la cooperación es mejor que la confrontación” y, por eso, “el PP tiene una gran decisión que adoptar, o romper Canarias o cohesionarla”.
Ofensa “intolerable”
No obstante, Rodríguez se centró más en “la ofensa intolerable” que para Canarias supone que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “imponga una decisión” y “desprecie a los ciudadanos y sus instituciones”.
Aunque Rodríguez consideró que la competencia para autorizar las prospecciones es del Estado, y no de Canarias como defiende Rivero, manifestó su oposición a “una decisión que solo beneficia a una multinacional” y que supone “un desprecio absoluto a la opinión pública”, lo que a su juicio no ha sucedido en Valencia y Baleares “y no pasaría ni en Cataluña y ni siquiera en Murcia”.
“Hasta en los deportes, cuando hay problemas, se pide tiempo muerto. ¿Qué prisa hay? Es razonable que asuntos estratégicos y sensibles se contrasten y se estudien”, insistió el líder de NC, puesto que “se deben paralizar las prospecciones porque no hemos tenido los datos para tomas una decisión justa, relevante y significativa”.
No obstante, aventuró que las prisas por reactivar el Real Decreto de 2001 y no abrir un nuevo proceso beneficia a Repsol, que ya tiene la concesión, al evitar que nuevas empresas concurran al mismo.
El portavoz del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), José Miguel Barragán, incidió en el “engaño” que se quiere “vender” desde el Estado en cuanto a la creación de puestos de trabajo, puesto que “hablamos 400 empleados en un solo pozo, los mismos empleados que tiene cualquier hotel de cuatro estrellas de Fuerteventura y Lanzarote”.
Para Barragán, “este Parlamento está conformando una voluntad política por el alto riesgo que tiene para su medio ambiente y su modelo económico”, por lo que si la Unión Europea afirma que debe paralizarse cualquier prospección hasta que haya una nueva reglamentación, el Gobierno de España debería asumir la “voluntad política” de Canarias frente a la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
“¿Se va a ir el petróleo en el caso de que se decida parar? A lo mejor dentro de 50 años existen garantías que ahora no tenemos y los que gobiernen entonces pueden decidir que se realicen”, afirmó Barragán.
El nacionalista recordó que “el único empleo que crea el petróleo es el de las brigadas de limpieza de los vertidos”, como ha sucedido en el Golfo de México o en las costas gallegas con el desastre del 'Prestige' de hace una década, “cuyas aguas todavía contienen residuos”.
Garantías jurídicas y ambientales
Miguel Cabrera Pérez-Camacho, portavoz del único grupo parlamentario que apoya las prospecciones petrolíferas en Canarias, aseguró a Rivero que “yo no defiendo a los intereses de Repsol”, tal y como previamente le había acusado el presidente.
“Canarias es un destino de inversión no deseable por las trabas burocráticas que usted no ha sabido despejar”, aseguró, motivo por el que es óptimo que una empresa quiera explotar una bolsa petrolífera.
“Queremos las prospecciones, que se hagan con todas las garantías ambientales y los procesos de nuestro ordenamiento jurídico y que redunden en beneficio de España y nuestro Archipiélago, haciendo política de altura, sin demagogias”, insistió Pérez-Camacho.
El diputado conservador, que recordó que el vicepresidente del Ejecutivo, el socialista José Miguel Pérez, se mostró en enero de 2011 favorable a las prospecciones “con los ojos cerrados”, dijo que el Ejecutivo parece “el puente de mando del 'Costa Concordia': con mal rumbo, empeñado en chocar contra los arrecifes y sin liderazgo alguno, pero no hablamos de un barco, sino de Canarias”.
Pérez-Camacho dijo que “hay que ser sensatos”, eludir los tribunales y “consensuar que se averigüe qué hay ahí y, si es de calidad, participemos en ello tanto España como Canarias”.
Al respecto, el presidente replicó que “hay una parte que se siente agredida” por el Estado, por lo que no va a renunciar a defender a Lanzarote y Fuerteventura.
“Es razonable y constructivo, y el sentido común dice que se paralicen hasta que se produzca un acuerdo con el Gobierno y las instituciones”, culminó, pues “este no es un tema ideológico, sino los intereses generales de Canarias”.
Falta de respeto
En la comunicación remitida al Parlamento, cuyas propuestas de resolución se debatirán esta tarde, se recuerda que desde que el Tribunal Supremo anuló en el año 2004 el Real Decreto de 2001, y desde que por primera vez se intentó la convalidación del mismo, en el año 2005, “el proyecto de los permisos de investigación no ha cambiado ni se ha movido en absoluto, pero sí lo ha hecho todo lo demás, desde las circunstancias de hecho hasta el marco normativo”.
Por ello, “pretender que en el año 2012 todo siga igual que en el 2001 y en el 2005 no respeta principios jurídicos elementales de seguridad jurídica y hasta de equidad y de derechos de los particulares y de interés general”.
En ese periodo de tiempo el Gobierno de Canarias ha reivindicado sus competencias en el mar impugnando entre otras precisamente la Ley del Sector de Hidrocarburos, ha entrado en vigor la Ley de Aguas Canarias y la protección del medio ambiente canario se ha reforzado con la declaración de Zona Especialmente Sensible por la Organización Marítima Internacional.
“En esos términos, desempolvar un expediente de hace siete años y pretender su tramitación tal cual indica una falta de respeto al Derecho que no parece revestido de buena fe y el Gobierno de Canarias también actuará en consecuencia en la dirección de evitar que se rehabiliten los efectos jurídicos de lo que llevaba tiempo absolutamente dormido”, concluye el comunicado.