Hace ya 35 años que José Miguel Rodríguez Fraga tomó por primera vez el bastón de mando de Adeje. Desde 1987 nadie ha podido arrebatar el poder al que también es presidente del PSOE en Canarias, profesor de Geografía e Historia y catedrático de Filosofía. Este municipio se vende fuera de las Islas como el “paraíso turístico de Tenerife”. Sin embargo, a la sombra de este destino ideal de sol y playa se esconde un sistema político que en las últimas semanas ha dejado entrever sus costuras.
La historia de Adeje recuerda a la de cualquier pueblo canario. Construido entre barrancos y junto a la montaña, vivía de la exportación de plátano y de tomate .Con el paso del tiempo el turismo ha derrocado a la agricultura y el municipio se ha transformado sin pausa.
Ahora las calles de este municipio de 47.000 habitantes acogen 66 hoteles, un parque acuático de 18 hectáreas reconocido como “el mejor del mundo”, un club ilegal a pie de playa y las obras de un macroproyecto turístico de lujo que han destruido y provocado daños “irreversibles” en el patrimonio arqueológico del Archipiélago.
Desde el principio de su mandato, Fraga ha mostrado su entusiasmo por este modelo económico. En noviembre de 2021, el socialista fue designado presidente de la Alianza de Municipios Turísticos de España. La proyección turística de Adeje ha hecho que el municipio cuente incluso con su propia marca internacional: Costa Adeje. Las reseñas describen este punto de la isla como un destino que une “lujo y exclusividad”.
La construcción incesante de plantas hoteleras ha reducido la presencia de la identidad canaria de Adeje al casco histórico del municipio y, hasta ahora, también al Puertito de Adeje, un pequeño pueblo costero de 22 viviendas localizado entre un Sitio de Interés Científico (SIC) y una Zona de Especial Conservación (ZEC).
Desde hace dos meses, un proyecto millonario también amenaza este enclave, y pretende sustituirlo por un conjunto de villas de lujo de hasta tres millones de euros.
Científicos y vecinos se han levantado en contra de este plan que ya está en marcha hasta conseguir que el Cabildo paralizara parte de la obra. En medio de estas voces contrarias al proyecto, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Adeje, Mari Luz Galindo, ha defendido a ultranza Cuna del Alma. “Lo vemos con buenos ojos y tenemos muchas ganas de que llegue”, reconoció en una entrevista radiofónica.
Pocas semanas después, salió a la luz que la empresa en la que Galindo trabaja con su marido ha recibido más de 40.000 euros del Ayuntamiento en contratos menores. “La publicación pone en evidencia la falta de garantías democráticas en el municipio, pues la opacidad sigue caracterizando la gestión del alcalde Rodríguez Fraga”, criticó la plataforma Salvar el Puertito, que exigió al PSOE la destitución del alcalde adejero por sus “prácticas caciquiles”. Según esta organización ciudadana, el presidente socialista ha articulado una “red clientelar” que le permite no encontrar oposición vecinal “a sus disparates urbanísticos”.
En 2017 la oposición advirtió que en Adeje reinaba “la vieja política” cuando el alcalde designó a dedo a su hermana Carmen Nieves Rodríguez Fraga como asesora de la Alcaldía. Dos años más tarde, Coalición Canaria señaló que el dirigente estaba haciendo del Ayuntamiento “una sociedad familiar” al incorporar al grupo de gobierno a su sobrino Daniel Melo Rodríguez como concejal de Transparencia.
El caso Monkey
El Monkey Beach Club es un concurrido local situado al pie de la Playa de Troya. Aunque sigue funcionando con normalidad, importantes problemas judiciales y administrativos rodean al negocio. El alcalde de Adeje es uno de los 13 imputados en la causa penal que investiga presuntos delitos contra el territorio por la ampliación de las instalaciones en contra de la Ley de Costas. Los planes de modernización de las zonas turísticas de Canarias permitieron a este local contar con dos plantas extra y multiplicar por nueve la superficie edificable.
El pasado 28 de abril, la Consejería de Transición Ecológica de Canarias emitió un informe en el que proponía revisar de oficio las dos autorizaciones que Política Territorial otorgó en 2017 y 2019 a la promotora del Monkey Beach Club para ampliar la sala de fiestas. El área pide declarar “la nulidad de las resoluciones al no estar ante un uso considerado conveniente para el dominio público”.