La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, afirmó este viernes que 23.196 dependientes canarios reciben atención y la lista de espera, de unas 2.000 personas, quedará zanjada en 2015, mientras que la diputada popular Milagros Bethencourt la acusó de “estafar” a Estado, ayuntamientos y usuarios.
Las diferencias entre consejera y diputada de la oposición se produjeron en la comisión parlamentaria de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes, la última de la legislatura, en la que la parlamentaria popular preguntó a Rojas sobre la situación del sistema de dependencia en Canarias.
Inés Rojas dijo que Canarias finalizó 2014 con 23.196 dependientes atendidos en el ámbito de la Ley, con un incremento significativo en cuanto a la cifra de personas beneficiarios de prestaciones y servicios con la incorporación de 11.534 usuarios.
La consejera atribuyó estas incorporaciones al aumento de dotación por parte del Gobierno regional, pues recordó que el estatal recortó al principio de la legislatura 1.500 millones de euros, por lo que la Comunidad Autónoma ha realizado un esfuerzo importante con fondos propios.
Añadió que a partir de abril habrá un sistema único en el país para gestionar los datos en este ámbito, pues no “cuadraban” las cifras autonómicas y las estatales, y de esta manera a partir del citado mes si una persona se da de alta en el sistema en Canarias lo sabrá “al unísono” el Imserso.
A día de hoy, prosiguió la consejera, se han registrado en Canarias 40.508 solicitudes de atención a la dependencia y se han dictaminado 31.875, de las que tendrán derecho a ello unas 25.000, el 80 por ciento.
Además los dependientes moderados empezarán a incorporarse al sistema en julio de 2015, añadió Rojas.
Por el contrario Milagros Bethencourt consideró que los dependientes canarios han sido abandonados por el Gobierno regional pues la consejera “ha venido guerrilleando y les ha quitado hasta la dignidad”.
Milagros Bethencourt recriminó a la consejera que se dedique “a echar balones fuera” y le reclamó “más gestión y menos lloriqueos y mentiras”.
“Ni de lejos la situación de la dependencia es la que expone la consejera” ni el presidente canario, Paulino Rivero, a quien tachó de “cruel” por haber “presumido” en el debate sobre el estado de la nacionalidad de que no hay lista de espera para mayores de 95 años en las Islas.
Paulino Rivero “mintió” al dar datos “maquillados”, afirmó Bethencourt, pues el Gobierno canario facilitó al Imserso datos sobre 40.508 demandantes de atención en dependencia mientras que Rojas dijo a la diputada popular en una respuesta parlamentaria que eran 62.382.
Por ello, reprochó la parlamentaria, hay 22.000 dependientes en Canarias que no contabilizan “¿o es que han fallecido, señora consejera?”, preguntó Bethencourt.
Aseguró también que Rojas “está estafando a Estado y ayuntamientos” cuando dice que ha incorporado a 9.000 usuarios en la ayuda a domicilio, extremo que negó la diputada porque, dijo, estas personas son atendidas por los ayuntamientos con cargo a la ley de Servicios Sociales.
En su opinión, la “estafa” consiste en que el Gobierno canario recibe financiación del Ministerio por este concepto que realmente corresponde a los ayuntamientos, y advirtió a la consejera de que tiene la obligación legal de financiar a los municipios el cien por cien de la ayuda a domicilios.
Sin embargo, continuó, lo que ha hecho es firmar un convenio con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) por la “irrisoria” cantidad de 1,4 millones de euros, cuando por ejemplo sólo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gasta en este apartado 7 millones.
“El Gobierno de Canarias está haciendo caja” a costa de los ayuntamientos, insistió Bethencourt, quien dijo que la Fecam se ha reunido con abogados para analizar esta “ilegalidad”, que también supone “una estafa a los usuarios”.
La consejera Inés Rojas replicó que para el Gobierno canario son prioridad los demandantes del sistema de dependencia de menos de 21 años, usuarios en centros privados y mayores de 95 años, de los que hay unos mil solicitantes.
En cuanto al pago a los municipios se abona según se incorporan los usuarios, dijo la consejera, quien advirtió a Bethencourt de que “esto no es un juego y no sólo no estoy fuera sino que estoy dentro hasta la médula” y subrayó que en Canarias ha habido un absoluto despegue del sistema de dependencia, que se ha consolidado.
Para la diputada socialista Rosa Guadalupe Jerez se ha incrementado en un 19 por ciento la aplicación de la ley de dependencia en Canarias y esto es lo que al PSC le interesa, aunque sin embargo se mostró en desacuerdo con el copago en este ámbito, algo que hay que tratar “con mucho cuidado y delicadeza porque a lo mejor nos estamos confundiendo”, en lo que coincidió la diputada nacionalista Flora Marrero.
Inés Rojas respondió a ambas que el copago ya se aplica en Canarias y lo que realiza el nuevo decreto es establecer su cuantía en función de la capacidad económica del usuario, además de dejar exentos del pago a quien gane menos de 530 euros.
Asimismo la próxima semana la consejera se reunirá con los cabildos para abordar este asunto y que se ofrezcan los servicios de forma efectiva y con garantías.