LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, afirmó hoy que “si el Ministerio de Justicia no asume los riesgos que lleva implícito todo cambio, el proceso de modernización de la Administración de Justicia será un fracaso”.
Ruano, que hizo estas declaraciones durante su intervención en la inauguración de las jornadas del III Foro Judicial Canario en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), en las que participaron también el vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Collado y el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús María Chamorro, recordó que las once comunidades autónomas con competencias en la materia solicitaron al Ministerio de Justicia, de forma unánime, que “liderara ese proceso”.
Un proceso que, según explicó Ruano, “requiere transformaciones importantísimas” que pasan por “la integración de los distintos subsistemas procesales en una plataforma de intercambio común, el incremento del número de secretarios judiciales para hacer efectiva la Nueva Oficina Judicial y el traspaso de las competencias, a las Comunidades Autónomas, de la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia (forenses, gestores, tramitadores y auxilio).
“Hay que tener en cuenta --destacó el consejero de Presidencia-- que hoy pagamos la nómina de todos estos trabajadores, pero no podemos mover a los funcionarios de una plaza a otra, según las necesidades que nosotros sí percibimos”.
“GRAN ACUERDO POR LA JUSTICIA”
Igualmente, recordó también que ya aseguró, en octubre, que se daban las condiciones políticas e institucionales para un “gran Acuerdo por la Justicia”, no obstante advirtió de que la crisis económica ha añadido “nuevos elementos de dificultad”.
“Aún así --afirmó-- las vías de representación política, institucional y de las asociaciones profesionales existentes pueden hacerlo posible”
En este sentido, el consejero de Justicia apeló a las Asociaciones Profesionales de la Judicatura a conocer esta problemática y a concurrir con sus aportaciones a solucionar esta situación.
Por otra parte Miguel Collado reconoció que la “revolución de la Administración de Justicia se va a hacer con los medios que contamos ahora, aún sean insuficientes”. “Los jueces españoles vamos a estar a la altura de este proceso de cambio; lo que está claro es que la vieja Oficina Judicial está muerta y no vamos a volver a ella”, sentenció.
En este sentido, coincidió plenamente el presidente de la APM, Jesús María Chamorro, que se refirió a la Nueva Oficina Judicial como “un instrumento para el ejercicio de la función judicial y no un problema”.