El magistrado Salvador Alba, que sustituye a Victoria Rosell en su juzgado de Las Palmas de Gran Canaria desde que esta se presentó a las elecciones por Podemos, ha defendido este jueves que es “legítimo” pasar de la justicia a la política, pero también que no debería ser tan fácil regresar.
“Entiendo que (la vuelta de la política al juzgado) no debería hacerse con la facilitad con la que permite el ordenamiento jurídico. Pero la salida de la judicatura para ir a la política o a cualquier otra actividad me parece absolutamente legítima”, ha manifestado Alba, en declaraciones a la Cadena COPE en Canarias.
Salvador Alba, exportavoz en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es el magistrado que ha emitido el informe requerido por el Tribunal Supremo sobre una de las últimas causas instruidas por Rosell, exportavoz de Jueces para la Democracia, en el Juzgado número 8 de la capital grancanaria.
El magistrado ha rehusado revelar el contenido de ese informe, pero sí ha confirmado cuál era el objeto del encargo: explicar en qué situación se encuentra la causa abierta por fraude fiscal y a la Seguridad Social contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria y de la UD Las Palmas, y qué circunstancias han influído en la duración que ha tenido.
El Supremo ha requerido ese informe de Alba porque el exministro de Industria José Manuel Soria se ha querellado contra la actual diputada de Podemos para acusarla de haber retardado de manera maliciosa esa instrucción, debido a las relaciones empresariales y comerciales que, a su juicio, tiene Ramírez con su pareja.
Rosell presentó este miércoles su renuncia a seguir en la Diputación Permanente del Congreso en vista de la admisión de esa querella, por lo que dejará de ser aforada ante el Supremo cuando se disuelvan las Cortes, aunque podrá recuperar su fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias si regresa a la carrera judicial.
En su intervención radiofónica, Salvador Alba ha subrayado que él no es amigo de Soria, como se ha sugerido desde el entorno de Rosell, aunque sí ha confirmado que lo conoce, como también conoce a “Juan Fernando López Aguilar”, eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia, por sus antiguas responsabilidades en la APM.
“Pero, insisto, no me une amistad con ningún político y, en cuanto a la señora Victoria Rosell, no tengo animadversión por ningún compañero. Al contrario, siento respeto por todos ellos y por el trabajo que desempeñan. Uno hace las cosas que le mandan. A mí me ha ordenado emitir ese informe el Tribunal Supremo”, ha remarcado.
Alba ha declinado valorar si Rosell cometió o no alguna infracción profesional o penal en su desempeño como instructora de la causa como Ramírez, porque considera que eso debe determinarlo al Consejo General del Poder Judicial o el tribunal competente.
Tampoco ha querido opinar si Rosell debió o no abstenerse de seguir dirigiendo esa instrucción en vista por las relaciones empresariales que unían a su pareja, el periodista Carlos Sosa, con el principal inculpado, Miguel Ángel Ramírez.
Pero al cuestionarle sobre qué hubiera hecho él, ha respondido: “¿En un asunto en el que yo tengo sentado a un investigado que tiene relación con mi pareja? ¿Me está preguntado eso? No sé si esa relación existe o no (en el caso de Victoria Rosell). Eso está bajo investigación judicial, pero si el supuesto es el que a mí se me expone aquí, evidentemente yo me tendría que abstener”.