El candidato socialista a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, potenciará las Fiscalías Anticorrupción porque “el PP no ha ampliado ni una sola de las que ya puso en marcha el PSOE”, según declaró en la noche del miércoles en una entrevista con Pedro Piqueras en Informativos Tele 5. Fue el propio Sánchez quien sugirió este ejemplo cuando se le preguntó por sus posibles nuevas medidas anticorrupción si llega a la Moncloa. Fuentes socialistas en Madrid señalaron a Canarias Ahora que la idea del secretario general socialista es “potenciar y ampliar” las ya existentes y extenderlas a otros territorios.
Actualmente la Fiscalía Anticorrupción tiene su sede en Madrid y la dirige el fiscal Antonio Salinas pero posee delegados en Andalucía (4) (Sevilla, Málaga, Almería, Cádiz); Comunidad Valenciana (3) (Valencia, Castellón, Alicante); Canarias (2) (Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife), Baleares (1), Murcia (1) y Cataluña (1) (Barcelona). Es intención de Pedro Sánchez ampliar estas fiscalías en Canarias (Lanzarote), Cataluña (Girona, Tarragona, Lleida), Galicia (A Coruña), Castilla-León (Valladolid) y ampliar los presupuestos e independencia de las ya existentes, dotándolas incluso de un estatuto de aforamiento frente a las falsas denuncias de las mafias del que ahora carecen.
El malestar de Pedro Sánchez con la labor de las Fiscalías Anticorrupción se debe a la escasa iniciativa que estos órganos judiciales han desempeñado en los últimos cuatro años debido a las continuas interferencias sufridas de la Fiscalía General del Estado y los distintos fiscales nombrados por el PP. En el caso de Canarias, ambas fiscalías no han destapado casos de corrupción con cierto calado y apenas han entrado en los grandes casos financieros y políticos que sí han sido denunciados de forma constante y reiterada desde la prensa. “Eso también va a cambiar”, dijeron fuentes de la dirección socialista en Madrid pertenecientes al ámbito de la Justicia.
Por otra parte, existe una coincidencia entre PSOE, Podemos y Ciudadanos en que una de las reformas prioritarias de la nueva legislatura sea la reforma de la Justicia para preservar su independencia y consagrar la división de poderes en España, hasta ahora muy deteriorada. Aunque este será uno de los aspectos clave de la reforma constitucional, los tres partidos llevaron en sus programas la despolitización de la Justicia, que pasaría por la renuncia a influir en los nombramientos de miembros del Consejo General del Poder Judicial, Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y Fiscalía General del Estado, dando mayor protagonismo a las asociaciones e incluso introduciendo mecanismos de elección por sufragio directo de los distintos estamentos de la judicatura.