Como una pescadilla que se muerde la cola. El laberinto jurídico en el que está inmerso hace años el Ayuntamiento de Santa Brígida, en las medianías de Gran Canaria, no tiene fin. Ahora, la penúltima pretensión de la nueva alcaldesa, Beatriz Santana (PP), tras relevar en el cargo al secretario insular del PP y consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo, es volver a recurrir al Gobierno canario en busca de una legalización casi imposible de las obras del centro comercial paralizado en pleno corazón de la Villa, conocido como el mamotreto.
El nuevo gobierno municipal encabezado por Beatriz Santana, tras la dimisión en diciembre de su jefe de filas Bravo de Laguna, pretende que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Cotmac) autorice ahora una revisión parcial de las Normas Subsidiarias que rigen el urbanismo del municipio grancanario, con el objeto de dar por bueno los cambios efectuados por la Unión Temporal de Empresas liderada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en el proyecto original adjudicado hace ya once años.
Así lo ha comunicado la alcaldesa a los grupos de la oposición, al igual que la intención de la UTE de reanudar de este modo las obras, en una reunión mantenida a mediados del pasado mes de enero y de la que la portavoz del partido Cambio por Sataute, Guadalupe del Río, ha denunciado las presuntas irregularidades mediante un escrito dirigido a Beatriz Santana, en el que le insta nuevamente a resolver el contrato con la UTE por el incumplimiento de esta después de 89 meses sin seguir adelante con las obras tal y como estaban estipuladas en su origen.
El caso del mamotreto de Santa Brígida lleva más de una década estancado por lo que fue el contrato original de 2002, adjudicado a una UTE liderada por FCC y en el que se incluían unos multicines en el espacio ocupado por el antiguo campo de fútbol de la Villa.
Esos multicines, debido a su escaso rendimiento económico, retrajeron a varias empresas a la hora de presentarse al concurso público de construcción y explotación, ganado por la que siguió adelante, UTE Santa Brígida, que en 2004 ya pidió el modificado de la obra.
La ilegalidad manifiesta de la operación, que además, durante su ejecución amplió de forma irregular el espacio comercial destinado en un principio y llegó a ocupar una callle pública, ha llevado a la paralización total de las obras desde prácticamente 2009, sin que los juzgados se hayan pronunciado a favor de la UTE en su reclamación patrimonial por daños y perjuicios, y, en todo caso, que existe una controvertida sentencia de un juzgado grancanario en el que se da por válida la teoría de la caducidad de la licencia de obras, y por tanto la obligación desde el consistorio público de rescindir el contrato para no perjudicar el interés general municipal.
Ahora, la nueva estrategia del gobierno del PP de recurrir otra vez a la Cotmac no ha pasado desapercibida para Cambio por Sataute, que en el escrito a la alcaldesa del PP fechado el 28 de enero pasado recuerda que en 2009, a instancias de la anterior concejal de Urbanismo de la Villa, Amalia Bosch, de Los Verdes, la Cotmac ya informó desfavorablemente de la petición de revisar las Normas Subsidiarias con el fin de adecuar el proyecto modificado de la UTE a la legalidad urbanística del municipio.
En el escrito, Guadalupe del Río denuncia “la falta de respeto a la inteligencia ajena” por esta estrategia jurídica del gobierno del PP de “jugar al despiste”, ante lo que califica como, por culpa de UTE Santa Brígida, “voluntad secuestrada” de la alcaldesa y del exalcalde por seguir “favoreciendo los intereses de la UTE Santa Brígida por encima del bien común del pueblo, ya que si después de 10 años seguimos con las obras paradas y seguimos sin tomar medidas conducentes a recuperar este espacio público para el pueblo, es porque la voluntad no existe, y si alguna vez existió, ahora está secuestrada”.
El principal grupo político de la oposición liderado por Guadalupe del Río vuelve a reclamar en este escrito al que ha tenido acceso este diario una serie de documentación solicitada al Ayuntamiento desde noviembre pasado, así como que la alcaldesa se abstenga de presentar una revisión de las Normas a las próximas comisiones de pleno y pleno ordinario de febrero “y de esta manera garantizarse este año y medio de mandato sin que nadie le pregunte sobre el particular, ya que se encontraría a la espera del dictamen del Gobierno de Canarias, que en año preelectoral presuntamente no va a disponer de tiempo para emitir nuevo informe”.
Además, insiste en el hecho de que “las obras fueron paralizadas unilateralmente por la UTE Santa Brígida, y esta suspensión de las obras de construcción constituye un hecho particularmente grave para el interés público, y el Ayuntamiento de Santa Brígida viene obligado a resolver el contrato ya que jurídicamente es imposible conceder prórroga del mismo por incumplimiento contractual de la UTE Santa Brígida que debe ser calificado como culpable”.