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El Senado pide al Gobierno crear una comisión que estudie reubicar la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria

Efe

Madrid —

El Senado, por unanimidad, ha pedido este miércoles al Gobierno que cree una comisión entre el Ministerio de Defensa y las autoridades canarias, antes del próximo 31 de diciembre, que estudie y proponga soluciones en la cesión y la nueva ubicación de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria.

Así figura en una moción aprobada en la Comisión de Defensa del Senado, propuesta por Nueva Canarias, formación integrada en el Grupo Mixto, y que ha contado con una enmienda transaccional firmada por todos los grupos.

La senadora de Nueva Canarias, María José López, ha presentado la moción y ha destacado el consenso político en torno a la devolución de la base a los ciudadanos y también en el Congreso de los Diputados.

La senadora ha dicho que la Base Naval es un espacio ocupado por una orden de Francisco Franco, que ordenó su expropiación y ahora se trata de dotar de calidad de vida a los habitantes de Canarias.

López Santana ha afirmado que “77 años de ocupación, 40 años de democracia, seis presidentes de Gobierno, 12 gobiernos distintos, 15 ministros de Defensa, es el tiempo que llevamos esperando los canarios, que no es poco”.

En la moción se pide al Gobierno que cree antes del 31 de diciembre, una comisión entre el Ministerio de Defensa, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para hacer efectiva la recuperación de la base para su uso ciudadano.

Asimismo se pide al Ministerio de Defensa que modifique la lógica utilizada hasta ahora por la cual el coste del traslado de la base debería recaer en las instituciones canarias, así como que la nueva ubicación sea resultado de un proceso de consenso.

El pasado 29 de marzo, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometió en el Congreso a crear una comisión que estudie una nueva ubicación de la Base Naval para que sus terrenos puedan ser destinados a uso ciudadano, así como quién costea el traslado, cifrado en 400 millones de euros.