La segunda ronda de declaraciones de los imputados por la compra de la Casa Siliuto de El Toscal se saldó de una manera muy similar a la del día anterior. En este caso los dos antiguos miembros del Consejo Rector de Urbanismo en el año 2002, Dámaso Arteaga, actual concejal de Vías, Obras y Servicios Municipales y Juan Antonio Rodríguez Lorenzo, hoy retirado de la política, coincidieron en apelar a los diez años transcurridos para explicar los pormenores de aquella operación.
Arteaga se negó a responder a las preguntas de la acusación particular formada por los abogados, Felipe Campos, Antonio Espinosa y José Pérez Ventura y sólo atendió a las cuestiones de la juez, Nuria Navarro y del fiscal, Jaime Serrano, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción. El Juzgado de Instrucción número 1 está investigando la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos en la adquisición de esta casona por 600.000 euros frente a la tasación realizada por la propia Gerencia de Urbanismo que la valoraba en 300.000.
Ambos imputados defendieron que su voto positivo a la compra se basó en el informe elaborado por el ex secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes en el que la consideraba “adecuada y proporcional”. Arteaga indicó que la iniciativa le pareció positiva ya que iba a albergar la Casa de la Juventud y pese a que en varias ocasiones la magistrada le preguntó si no le sorprendía la diferencia entre las tasaciones realizadas dijo que se decantó por seguir la opinión de los técnicos.
En realidad tan sólo uno, el suscrito por Víctor Reyes ya que de resto el expediente carece del informe de Intervención dado que sólo se incluyó una referencia sobre que existía una cantidad consignada para la compra y tampoco se adjuntó el que debían haber elaborado los Servicios Jurídicos. En cuanto al de la arquitecta municipal simplemente no se tuvo en cuenta. Las preguntas de la Fiscalía giraron entorno a cuestiones similares. Serrano se interesó por si los dos imputados no habían estudiado el expediente y si no les llamó la atención que la casa se comprara por el doble de precio que había fijado la técnica de Urbanismo.
En varias ocasiones ambos se escudaron en el tiempo transcurrido para no entrar en mayores detalles sobre esta operación. No obstante, Arteaga, en contra de lo manifestado el día anterior por Manuel Parejo, también imputado, sí manifestó que se había debatido el expediente antes de su votación. Arteaga intentó eludir las responsabilidades por la rehabilitación de este inmueble hacia el actual concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, cuando la magistrada le preguntó si era posible intervenir en esta casa sin contar previamente con un plan especial. “Eso depende ya de Urbanismo que ahora mismo dispone de 900.000 euros para la rehabilitación”, respondió Arteaga.
Tanto Campos como Espinosa quisieron recordar que el concejal de Servicios Municipales es abogado colegiado y permaneció como miembro del Consejo Rector de Urbanismo durante dos mandatos con lo cual no puede alegar que era desconocedor de estas cuestiones. Espinosa se mostró sorprendido de la negativa del actual concejal de Vías y Obras a no contestar a las acusaciones particulares lo que bajo su punto de vista deja un rastro de sospechas sobre esta adquisición. “Cualquier persona inocente no tiene ningún miedo a dar todas las explicaciones que se le requieran”, dijo Espinosa.
Además, los abogados de la acusación particular detectan que existe una estrategia común entre los cinco imputados que han sido llamados ya a declarar y que pasa por no responder a la acusación particular y difuminar las responsabilidades. Rodríguez Lorenzo no tuvo problemas en contestar a todas las preguntas que se le hicieron pero sin embargo alegó que por el tiempo transcurrido no recordaba prácticamente ninguno de los pormenores del debate y que en cualquier caso no vio ninguna objeción que hacerle al expediente.El lunes próximo están llamados a declarar también en calidad de imputados María José Gutiérrez Pajarón, representante en aquel entonces del Partido Popular (PP), José Luis Martín Rodríguez del Partido Socialista Canario-PSOE y David Sáenz del mixto.
Acabada esta primera ronda de comparecencias Campos ha anunciado que pedirán que sea citado Reyes en calidad de imputado ya que hasta ahora la práctica totalidad de las declaraciones lo apuntan como principal responsable de la elaboración del expediente en el que se avaló la compra. Pero otro tanto harán con los técnicos de la Gerencia aunque sean citados como testigos. Campos anunció que también pedirán que sea llamada la actual concejal del PP, Ana Zurita, quien por aquellas fechas como arquitecta de la Gerencia elaboró otro informe respaldando la tasación hecha por los propietarios de la casa que fue la que finalmente se aceptó. “Hay que recordar que en la persona de Zurita se une la de una técnica que trabajaba en el organismo autónomo y que a la vez elaboró el primer proyecto de Plan Especial de El Toscal. Nos parece claro que aquí se ha producido una actuación al menos extraña e incompatible”, dijo Campos.