Coalición Canaria (CC) ha aglutinado bajo sus siglas a una decena de fuerzas de distinto signo, insularistas y locales, para concurrir a las elecciones generales del 23 de julio. El manifiesto Un objetivo común, la defensa de Canarias, rubricado el pasado lunes, define la alianza como “un proyecto político de obediencia nacionalista”. El principal objetivo es alimentar su mermada base electoral en Gran Canaria para lograr uno o incluso dos diputados de entre los ocho de la provincia de Las Palmas y tratar así de que su voto sea decisivo en el Congreso, como ha ocurrido en pasadas legislaturas.
Para ello, se han unido con un partido, Unidos por Gran Canaria, que fundó un escindido del Partido Popular (PP), José Miguel Bravo de Laguna, con el propósito de defender los intereses de esta isla frente a “la hegemonía de ATI”. Es decir, de la poderosa rama de CC en Tenerife. También con varias formaciones locales que han contado con un notable apoyo en sus respectivos municipios en los comicios celebrados el pasado 28 de mayo pero que no tienen vínculo alguno con el nacionalismo, como la que lidera Onalia Bueno (Juntos por Mogán), la alcaldesa investigada en cinco procedimientos judiciales.
El partido liderado por Fernando Clavijo, próximo presidente del Gobierno canario, no repite con sus socios en los anteriores comicios, los celebrados en noviembre de 2019. Con Nueva Canarias (NC) hubo negociaciones para reeditar el acuerdo de hace tres años y medio, pero no cuajó por las exigencias de CC, que reclamaba unidad de voto en Madrid y apoyo a la investidura de Clavijo en las Islas.
El segundo, el Partido Nacionalista Canario (PNC), rompió con CC en abril, apenas un mes y medio antes de las autonómicas, acusándola de haber abandonado el proyecto nacionalista que ambos emprendieron en 2006 y de haberse derechizado. Su histórico líder, Juan Manuel García Ramos, retirado este mismo año de la primera línea política, criticó con dureza estas alianzas. “Ya no hay vergüenza ideológica”, afirmó.
En las elecciones de 2019, la coalición CC-PNC-NC obtuvo dos diputados en el Congreso, uno por cada provincia. Uno de los escaños, el de Santa Cruz de Tenerife, lo ocupó Ana Oramas. El otro, de la provincia de Las Palmas, fue compartido: dos años y medio para Pedro Quevedo (NC) y un año y medio para María Fernández (CC). En esos comicios, esta alianza obtuvo en total 124.244 votos. Fue tercera fuerza en la provincia occidental (con 76.216 votos) y la quinta en la oriental (con 48.028 apoyos).
Unidos por Gran Canaria
En la presentación del manifiesto el pasado lunes, la número uno de CC al Congreso por la provincia de Las Palmas, María Fernández, remarcó que las fuerzas firmantes sumaron “más de 80.000 votos” en la provincia de Las Palmas en las elecciones municipales y que, por ello, aspiran a obtener dos diputados en esta circunscripción.
Una de ellas, Unidos por Gran Canaria, reunió cerca de 16.000 apoyos. Este partido fue fundado hace ya ocho años por el recién nombrado alcalde de Santa Brígida, José Miguel Bravo de Laguna, un histórico dirigente del Partido Popular (PP) que abandonó la formación conservadora tras ser defenestrado por su entonces líder, José Manuel Soria. Esa salida se produjo en marzo de 2015, después de que el exministro de Industria, Energía y Turismo lo relegara como candidato al Cabildo de Gran Canaria, corporación que Bravo de Laguna había presidido desde 2011.
El fundador de Unidos dijo entonces que el PP había “sacrificado a Gran Canaria” porque Soria estaba cocinando un pacto con “la ATI profunda” para que los conservadores recuperaran poder regional tras cuatro años de un gobierno CC-PSOE. Y esa “ATI profunda” a la que, según Bravo de Laguna, se plegaba el PP estaba representada por el ahora aliado Fernando Clavijo. El actual líder de CC había ganado la batalla interna como candidato a la Presidencia a Paulino Rivero, a quien Bravo de Laguna atribuía una visión “más regionalista” de Canarias y, por tanto, “menos centrada” en la isla de Tenerife.
Unidos por Gran Canaria nació, por tanto, con el propósito de defender los intereses de esta isla frente a “la hegemonía de Tenerife”. Su actual presidente es Lucas Bravo de Laguna, hijo de José Miguel Bravo de Laguna, y también ex del PP, formación en la que siguió hasta dos años después de la salida de su padre.
La cita del próximo 23 de julio no será, sin embargo, la primera a la que Unidos acude junto a CC. Ya concurrieron en coalición en las autonómicas de 2019. Entonces fue como número dos de la lista -como independiente- Lucas Bravo de Laguna y obtuvo acta de diputado. Apenas unos meses después, pidió abandonar el Grupo Nacionalista y pasarse al Mixto, aunque negó que esta solicitud se debiese a desavenencias con CC o a que los nacionalistas hubieran pactado acudir en alianza con NC en las generales.
Lo cierto es que en 2021 Unidos ya había decidido concurrir en solitario a los comicios autonómicos de 2023 y su presidente reconocía que las relaciones con CC no habían sido buenas porque sus dirigentes en Gran Canaria “no habían sido leales y honestos”. En la pasada campaña, Lucas Bravo también se mostró beligerante contra el partido ahora liderado por Clavijo. “Asombra que quien estuvo 26 años gobernando prometa ahora construir viviendas en cien días”, decía en una entrevista en Canarias Ahora.
Apenas un mes después de esa declaración, firmaba el manifiesto junto a Clavijo delante del Museo Néstor de la capital grancanaria. “El objetivo pasa por aunar esfuerzos para que los partidos que representamos la canariedad y la insularidad seamos más fuertes en Madrid. Es nuestro gran objetivo, superando discrepancias pasadas, para concentrar todos los apoyos de obediencia canaria en las elecciones”, manifestó en ese acto el presidente de Unidos por Gran Canaria, al tiempo que subrayó “el compromiso” con las Islas “por encima de las siglas y de las personas”.
Las listas de CC al Congreso y al Senado incorporan a miembros de Unidos como independientes. En concreto, a María Ángeles Batista como número tres a la Cámara Baja y a Jafeth Alonso como candidato a la Cámara Alta por la isla de Gran Canaria.
Fuerza municipal
CC también quiere aprovecharse del tirón electoral de determinadas formaciones locales en municipios de Gran Canaria para arañar votantes en las generales. El caso más destacado es, probablemente, el de Mogán. La alcaldesa de esta localidad turística del sur de la isla, Onalia Bueno, logró el pasado 28 de mayo ampliar la mayoría absoluta que ya había cosechado en 2019. Su nueva marca, Juntos por Mogán, consiguió el apoyo de 5.188 vecinos, el 70% del electorado, lo que le permitió obtener 17 de los 21 concejales.
Bueno es también una ex del PP, formación que abandonó hace ya quince años tras ser imputada en el caso Góndola, finalmente archivado. En 2011 se embarcó en un nuevo proyecto, el de Ciuca, y cuatro años más tarde accedió al poder tras unas elecciones que estuvieron bajo sospecha por una presunta trama de compra de votos. El caso se judicializó, pero se acabó archivando en marzo de 2022 porque los hechos habían prescrito. También se investigó un presunto pucherazo en los comicios de 2019. El sobreseimiento en este caso se debió a la falta de pruebas concluyentes.
La alcaldesa achacó esa detención a sus críticas a la actuación del Gobierno central durante la crisis migratoria que tuvo como epicentro el Muelle de Arguineguín. Bueno quiso erigirse en defensora de los derechos de las personas migrantes, aunque protagonizó algunos episodios controvertidos, como el día en que fletó tres guaguas para abandonar sin alternativa habitacional ni comida a más de 200 migrantes frente a la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. También decidió multar a los alojamientos turísticos que se ofrecieron a alojar a migrantes durante esa crisis.
Aunque la causa original sobre compra de votos fue archivada, Bueno sigue imputada en las cuatro piezas separadas que se abrieron a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil. Esas diligencias tratan de determinar, entre otros asuntos, si la alcaldesa amañó un proceso de mediación para beneficiar a un empresario que habría financiado la campaña de Ciuca en 2015 o si asignó sobresueldos a funcionarios del Ayuntamiento para premiarles, bien porque eran familiares o bien porque simpatizaban con el mismo partido. El quinto procedimiento por el que está investigada tiene que ver con los contratos fraccionados y a dedo concedidos a un mismo grupo de comunicación.
En los últimos años, Bueno fue mostrando de manera cada vez más evidente su sintonía con CC y Fernando Clavijo, primero como “colaboradora” y en estas últimas elecciones haciendo doblete: a la Alcaldía con Juntos por Mogán y al Parlamento como número tres de CC por Gran Canaria. La regidora sureña, que a lo largo de su trayectoria política no ha evidenciado ninguna ambición nacionalista, se quedó sin acta de diputada.
Otro de los apoyos de CC en la isla es la Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan) que lidera Antonio Ortega, alcalde de este municipio de medianías durante los últimos doce años. En las pasadas elecciones locales este partido nacido de una experiencia vecinal se quedó a un concejal de revalidar la mayoría absoluta. Los otros cuatro partidos que obtuvieron representación pactaron y lo han enviado a la oposición.
Su líder, Antonio Ortega, está investigado en un juzgado por una presunta agresión sexual que habría ocurrido en verano de 2017. La denunciante tenía 24 años en el momento de los hechos y vínculos familiares con el ya exregidor de San Mateo.
Entre los socios de CC para las generales también se encuentra su aliado local en el municipio de Santa Lucía, La Fortaleza, que gobernó durante el pasado mandato primero con Agrupación de Vecinos (AV) y después con Nueva Canarias y un concejal del PP. El 28 de mayo logró el respaldo de 4.432 vecinos de esta localidad del sureste de Gran Canaria en la que conviven más de cien nacionalidades, aunque ahora ha vuelto a la oposición después del acuerdo de gobierno suscrito entre NC, PSOE y Unidos por Gran Canaria, otro de los firmantes del manifiesto “de obediencia nacionalista”.
Ese acuerdo incluye a fuerzas con limitado potencial de electores, como Ahora Guía, que obtuvo menos de 1.000 votos y dos concejales en este municipio del norte de Gran Canaria, o Tejeda por el Cambio, el único parido de la oposición en la localidad cumbrera, que logró 277 votos y dos ediles. Uno de ellos es una cara conocida en la isla, Julio Cuenca, responsable del descubrimiento del yacimiento de Risco Caído y presidente de la plataforma de oposición a la central hidroeléctrica de Salto de Chira. Las otras dos formaciones de Gran Canaria que han suscrito el manifiesto son la Coalición de Centro Democrático (CCD) de Telde y la Plataforma Vecinal de Santa Brígida, que ya se integraron a CC en las elecciones locales celebradas el pasado mes de mayo.
Otras islas
De las diez fuerzas firmantes, solo dos no son de Gran Canaria. Una de ellas es la Agrupación Socialista de Lanzarote que encabeza el exalcalde de Arrecife José Francisco Montelongo. Militó en el PSOE, partido con el que también fue concejal de Hacienda en el Consistorio de la capital lanzaroteña. Por su gestión de esa etapa estuvo imputado en el denominado caso Montecarlo, que investigaba un expolio de más de 842.000 euros. La Fiscalía pedía para él cinco años y medio de prisión y nueve y medio de inhabilitación, pero acabó siendo absuelto. No obstante, aún queda por juzgar (en enero de 2024) una pieza separada por presuntos pagos ilegales por servicios no prestados a una empresa.
Montelongo dimitió tras ser imputado. En las elecciones autonómicas fue en las listas de CC al Ayuntamiento de Arrecife y vuelve a ser concejal. Ahora concurre en las listas al Congreso por la provincia de Las Palmas, en el número seis, sin opciones de entrar.
El último es un caso curioso. Se trata de la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ), una formación insularista que ha estado ligada a CC las últimas dos décadas, pero que en enero de este mismo año anunció que se desligaba de este partido. Tres meses después selló un acuerdo con Nueva Canarias para la lista al Parlamento por la circunscripción insular, al Cabildo y a los ayuntamientos. A su vez, los nacionalistas herreños dijeron que apoyarían a la formación de Clavijo en aquellos lugares en los que no se presentaran. Es decir, en la circunscripción regional. Ese doble juego generó malestar en el seno de NC, ya que entendía que AHI daría libertad de voto a su militancia.
Tras la celebración de los comicios, AHI se ha convertido en una de las patas que sustentarán el pacto de gobierno regional liderado por CC, junto el PP y la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo. En el Cabildo, por su parte, los nacionalistas herreños fueron la lista más votada y su presidente, Javier Armas, tomó posesión como presidente la pasada semana. Su mandato, no obstante, será fugaz, puesto que el PSOE, Asamblea Herreña e Izquierda Unida-Reunir ya han presentado una moción de censura que convertirá en presidente al socialista Alpidio Armas, hermano de Javier.
El líder de AHI está procesado en una causa judicial. El próximo mes de octubre se sentará en el banquillo, acusado de tres delitos continuados (contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y prevaricación) por consentir vertidos incontrolados en tres zonas de la isla durante su etapa como consejero de la corporación insular. La Fiscalía pide once años de cárcel para Javier Armas, además de cuatro de inhabilitación para empleo o cargo público.