Un hermano del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dedicado los últimos meses a presionar a alcaldes del Partido Popular en Canarias para que amañen un concurso público en favor de una empresa que asesora. Luis Soria López, que fuera consejero de Industria durante uno de los gobiernos que el PP compartió con Coalición Canaria (2003-2005) ha visitado al menos a tres alcaldes populares y ha intercedido ante un cuarto para que recibiera al administrador de Effico, una filial de VVO, en concurso de acreedores, interesada en participar en la concesión administrativa para la gestión del alumbrado público en los municipios gobernados por el PP. Iguales gestiones ha hecho ante el Cabildo de Gran Canaria, el único de los siete del archipiélago gobernado por el Partido Popular. En esa institución, Luis Soria y su patrocinado se han reunido con el consejero del PP Carlos Sánchez.
Las presiones de Luis Soria se han venido sucediendo desde que algunos ayuntamientos canarios decidieron adoptar la modalidad de gestión externalizada de su alumbrado público mediante una fórmula que de momento ya han aplicado con éxito municipios como Tacoronte (Tenerife) y Arucas (Gran Canaria), entre otros. Una modalidad que consiste en adjudicar mediante concurso público la reposición de todos los elementos para abaratar costes a las arcas públicas y conseguir un ahorro energético, una menor huella ambiental, un mantenimiento adecuado y, principalmente, un menor gasto para cada corporación local.
Luis Soria asesora a la empresa VVO Construcciones y Proyectos, en concurso voluntario de acreedores desde noviembre de 2013, aquejada del mismo mal que ha afectado a muchas mercantiles desde que estalló la crisis del ladrillo en España. Ante la imposibilidad legal de concurrir a convocatorias públicas de este tipo, VVO creó una empresa filial, Effico, con cuyo administrador, Enrique Sánchez, el hermano del ministro se presenta a las reuniones con los alcaldes canarios del PP.
De momento está confirmada la mediación de Luis Soria ante los ayuntamientos de Los Realejos (Tenerife), Moya y Valleseco, en Gran Canaria, y Tías, en Lanzarote, además del Cabildo de Gran Canaria, presidido por José Miguel Bravo de Laguna (PP), que estudia en estos momentos externalizar la gestión del alumbrado en las carreteras que son de su competencia.
El modus operandi del hermano menor de Soria suele ser el mismo: él personalmente llama desde su teléfono móvil al alcalde en cuestión solicitándole que fije en su agenda una reunión con un representante de VVO y él mismo para hablarle de un asunto de interés.
En todos los casos menos en uno, Luis Soria se ha presentado acompañando al empresario Enrique Sánchez, administrador de VVO y de su filial Effico, y desde el primer momento ha planteado que el objetivo de la reunión es el concurso para la gestión del alumbrado público.
Todas las fuentes consultadas han reconocido que tanto Luis Soria como Enrique Sánchez han sugerido la conveniencia de “colaborar” en la elaboración del pliego de condiciones de ese concurso, al que acto seguido confiesan pretender presentarse a través de la empresa Effico.
Sólo en uno de los casos, Luis Soria no acompañó al empresario Enrique Sánchez, pero fue él quien hizo las gestiones para que se celebrara la reunión. Fue concretamente con el alcalde de Tías (Lanzarote), Francisco Hernández. Al comprobar que el regidor no le contestaba las llamadas telefónicas, Luis Soria recurrió a la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, que tuvo que telefonear a Francisco Hernández haciéndole saber que las llamadas que no respondía eran del hermano del ministro.
La reunión se celebró finalmente el pasado 14 de abril y a ella acudieron, además de Enrique Sánchez y el alcalde de Tías, el concejal responsable del área de alumbrado, Quico Aparicio. Ninguna de las fuentes consultadas ha confirmado que el alcalde accediera a las peticiones que le formuló el empresario. Una persona conocedora del contenido de esa reunión, que ha pedido el anonimato “por cuestiones obvias”, resumió en una sola frase cuál fue la reacción del alcalde popular de Tías: “Así sí que es difícil perder un concurso”.
El Ayuntamiento de Tías, uno de los de mayor incidencia turística de Lanzarote, prepara un concurso para ceder la gestión de su alumbrado público por importe de 1,8 millones de euros. Las bases las elaboran funcionarios del consistorio con el apoyo de una consultora externa especializada. Entre las exigencias mínimas figura la experiencia de los licitadores y su solvencia económica, condiciones que no podría cubrir la filial de VVO.
Pero no sólo ha sido en Tías. Luis Soria y su acompañante han utilizado recurrentemente el mismo método para presionar a otros alcaldes del PP. Tras gestionar la reunión, Luis Soria y Enrique Sánchez se sientan ante el alcalde elegido y le explican las bondades de la empresa, le muestran una revista especializada y terminan proponiéndole que les permitan redactar el pliego de condiciones técnicas del concurso. Acto seguido reconocen que también están interesados en concursar.
Una gestión marcada por el escándalo
Luis Soria López, uno de los cinco hermanos que tiene José Manuel Soria (el resto son mujeres) es el único de todos ellos que ha hecho escarceos con la política. En concreto, su hermano lo hizo consejero de Industria, Comercio y Consumo en la legislatura 2003-2007, en uno de los tradicionales pactos del PP con Coalición Canaria. Presidía entonces la Comunidad Autónoma el fallecido Adán Martín, que rompió el pacto con los populares en mayo de 2005, lo que significó la salida de todos los consejeros conservadores del Ejecutivo.
Durante ese corto mandato, la consejería que dirigió Luis Soria estuvo envuelta en varios escándalos, entre ellos en el primer caso de corrupción de envergadura que estalló en Canarias, el conocido como caso Eolo. Un concurso para la asignación de potencia eólica que acabó en los tribunales y con siete personas detenidas en la primera redada, entre ellos el director general de Industria, Celso Perdomo, en directa relación con su consejero.
Desde Industria se filtraron a determinados empresarios las bases del concurso antes de que se publicaran, lo que se complicó con intentos de soborno a un funcionario relacionado con la mesa de contratación y con el intento frustrado de José Manuel Soria, por entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria (2006), de beneficiar a un empresario que le había proporcionado el uso y disfrute de un chalet en una urbanización de lujo de Santa Brígida (Gran Canaria) durante al menos 21 meses en la modalidad de gratis total.
La investigación policial, en manos del por entonces comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Ignacio Badenas, impidió que nada salpicara al hermano de Soria, que extrañamente no apareció nunca en ninguna conversación telefónica de las miles interceptadas por la Policía durante la investigación. El comisario Badenas, al que el PP no pudo hacer jefe superior de Canarias tras llegar al poder en 2011, vive en estos momentos un destino dorado en la embajada de Cuba con un salario que supera los 9.000 euros al mes.
Luis Soria, además, fue copartícipe de la operación Tebeto, una montaña de Fuerteventura con posibles yacimientos de traquita (piedra ornamental de gran valor) mediante la que se pretendió indemnizar con 102 millones al titular de la explotación minera una vez esta fue intervenida por la Comunidad Autónoma. El Supremo dio la razón al Gobierno canario en una disputa en la que los hermanos Soria se pusieron claramente a favor del reclamante después de que el presidente del Gobierno, ya Paulino Rivero, en 2009, retirara a su consejero de Hacienda, el hoy ministro, todas las competencias sobre la cuestión.
Una vez destituido como consejero de Industria y sin haber cumplido los dos años que la ley le obligaba a abstenerse en cuestiones de su competencia, Luis Soria apareció en las conversaciones policiales (ya en manos de otra brigada, la de Información) en el caso Góndola, en el que se investigaba un caso de corrupción en el municipio grancanario de Mogán, también en manos del PP. El hermano del ministro apareció como intermediario entre una cadena de distribución alimentaria, Hiperdino, y el empresario Santiago Santana Cazorla, detenido en la causa, para que diera ventaja a su cliente en la instalación de un supermercado en la urbanización Anfi Tauro, también envuelta en otro caso de corrupción de José Manuel Soria al ser uno de sus propietarios, el desaparecido noruego Björn Lyng, el que lo agasajó con un viaje en su jet privado a la pesca del salmón en Noruega, el conocido caso salmón.
Luis Soria no consiguió su propósito en Anfi Tauro, pero el promotor le recompensó con 100.000 euros.