El magistrado Juan Ramón Berdugo ha propuesto a la Sala de lo Penal de este órgano que solicite al Senado el suplicatorio de Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, para poder proceder contra él por delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en relación al Caso Las Teresitas.
En esta causa se investiga desde junio de 2012 al senador canario por poner en marcha siendo alcalde (entre 2005 y 2011) unos mecanismos administrativos cuya finalidad era la compra -por parte del Consistorio- de las once parcelas que integraban el frente de la playa de Las Teresitas a un precio “a todas luces muy elevado”.
En el auto dado a conocer este lunes por el Supremo, el magistrado Berdugo señala que de las diligencias de investigación practicadas en la causa se puede estimar como hechos “probablemente concurridos” que Zerolo, siendo alcalde de Santa Cruz y al mismo tiempo miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias, perjudicó a las arcas municipales en 6.570 millones de pesetas (39 millones de euros) pagados de más en relación con la tasación pericial por las citadas parecelas.
El auto detalla que Las Teresitas constituyen un espacio natural de gran interés turístico. Añade que Zerolo estuvo presente en el Pleno en el que se aprobó la concesión del préstamo para la compra de los terrenos y no solicitó información del presidente de CajaCanarias sobre las condiciones en que se había otorgado.
Asunto de campaña
“Ello a pesar de haber constituido dicho espacio natural uno de los temas esenciales de sus campañas electorales” a la Alcaldía, según el alto tribunal. Y lo hizo sabiendo que ya tenía cedidos gratuitamente 31.709 metros cuadrados por convenio y que se había acordado con la Junta de Compensación una reasignación de aprovechamientos con el “evidente perjuicio a las arcas municipales”.
Además, según detalla el instructor, el senador prescindió de los informes periciales encargados por el Consistorio que fijaban unas valoraciones más bajas y ocultó al pleno su existencia.
Según Berdugo, de dichos antecedentes “derivan indicios suficientes de la posible de la posible comisión de un delito de prevaricaricación (artículo 404 del Código Penal) y de malversación de caudales públicos (art. 432) del que pudiera resultar inculpado el querellado ”sin perjuicio de lo que resulte completada la instrucción.
Acumula investigaciones
Según ha informado el alto tribunal, Miguel Zerolo ha tenido otras dos causas en el Supremo. Por la primera de ellas fue condenado por la Sala Segunda el pasado mes de julio a ocho años de inhabilitación por prevaricación en la concesión de unas obras de acondicionamiento de un edificio municipal, el antiguo instituto García Cabrera, en el año 2003.
Se da la circunstancia de que el pasado 4 de noviembre la Mesa del Senado solicitó al Supremo una nota aclaratoria de la sentencia de inhabilitación para cargo público que dictó contra el senador por este caso, que mantiene su acta como parlamentario, por si pierde su condición de senador. Esta nota no consta que haya llegado aún al alto tribunal, según han señalado este lunes fuentes del órgano.
La iniciativa del Senado respondía al escrito presentado por los dos senadores de IU y compañeros de Zerolo en el Grupo Mixto, Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal, quienes solicitaron la aplicación del artículo 18 del Reglamento de la Cámara que prevé la pérdida de la condición de senador por “condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público dispuesta por sentencia judicial firme”.
Renuncia para diciembre
Casi al mismo tiempo, el propio senador canario registró la renuncia al escaño, aunque precisó que con efectos a 31 de diciembre, es decir, que durante el actual periodo de sesiones tiene intención de mantenerse en el cargo. Zerolo es senador por designación del Parlamento autonómico.
Por otra parte, el Supremo ha aceptado la personación de Izquierda Unida como acción popular en otra causa que se sigue contra Zerolo por un presunto delito de cohecho en el denominado Caso Forum. El instructor Andrés Martínez Arrieta fijará la fianza que deberá pagar el partido para ejercer la acusación y señalará la fecha de la declaración del senador canario.
El alto tribunal abrió una investigación a raíz del registro de la sede de Forum Filatélico donde se incautaron documentos de cuyo examen era posible inferir la comisión de hechos delictivos en el curso de determinadas operaciones inmobiliarias realizadas en la capital tinerfeña.
En concreto, en ese auto indicó que tales operaciones estaban relacionadas con la gestión de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un puerto deportivo y club de mar en el puerto de Santa Cruz, y la recalificación de dos parcelas de terreno en el Valle de Tahodio.