El Gobierno municipal de Telde liderado por Carmen Hernández (NC), gracias a un pacto con Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos de Centro Democrático (CCD), ha rendido cuentas sobre sus dos primeros años de gestión en una rueda de prensa celebrada esta semana.
La alcaldesa reconoció que las mejoras logradas por el Consistorio han sido modestas y alegó que “el cambio necesita tiempo”. Sin embargo, Hernández se mostró satisfecha por los avances en el saneamiento de las cuentas municipales y en la mejora de la defensa jurídica del Consistorio. Telde tiene un margen de maniobra limitado debido a la desorbitada deuda y el sinfín de disputas jurídicas en su contra que arrastra debido a la mala gestión y la corrupción de gobiernos anteriores.
Desde el principio de su mandato, Hernández ha priorizado la recuperación de la estabilidad presupuestaria. En 2015 heredó una deuda de más de 190 millones de euros, lo cual necesitó de la implantación de un presupuesto de mínimos que garantizara el pago de las nóminas y los servicios fundamentales, además de los abonos a proveedores y por expropiaciones.
En la rendición de cuentas de esta semana, Hernández ha destacado los esfuerzos del Ayuntamiento contra el “estigma” económico que lo lastra. La alcaldesa, que prorrogó este año por segunda vez los presupuestos aprobados en 2015 por el gobierno anterior - liderado por el Partido Popular (PP) - reconoció que la contención general del gasto “comporta un coste político” por los límites que impone en los pagos “cortoplacistas”.
Hernández se mostró optimista por la progresiva mejora de las finanzas municipales. Durante sus dos primeros años al frente del municipio, la deuda viva del Ayuntamiento se ha reducido en casi 20 millones, pasando de los 111 millones de euros de junio de 2015 a los 93 de marzo de 2017.
Asimismo, en la liquidación de las cuentas de 2016 ha conseguido rebajar el déficit en 21 millones. Actualmente se está ultimando un plan de pago a proveedores, que ya cuenta con dos millones de euros para este 2017, para empezar a abonar los cerca de 10 millones en deudas de este tipo que cuentan con sentencia firme.
Aunque la prioridad haya sido la “férrea disciplina de pagos”, Hernández ha defendido el carácter social de su gestión. Al respecto, se ha confesado “moderadamente satisfecha” con la recuperación social del municipio impulsada por el Consistorio a través de una duplicación del presupuesto, para evitar cortes de agua y luz a las familias sin recursos y un Plan Estratégico de Servicios Sociales.
Para poder expandir la inversión social con un presupuesto apretado, Telde ha buscado la colaboración con otras instituciones. El municipio recibirá de forma directa 3,5 millones de euros de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que prevén financiar la segunda fase del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) y el Plan Integral de Jinámar.
El Consistorio local ha pedido, además, al Gobierno central la restructuración de su deuda y la creación de una comisión formada por técnicos de ambas instituciones para facilitar la colaboración el proceso de saneamiento fiscal del Ayuntamiento.
Derroche y desidia en el gasto
Derroche y desidia en el gastoLa alcaldesa defendió el ajuste como un paso necesario para poder “hablar de esperanza” por el futuro aunque conlleve un “coste político”. Hernández ha dicho que la reducción de la deuda pasa por la eliminación de gastos superfluos para “gestionar sin cortoplacismo afrontando los problemas y las deudas”.
Al llegar al Gobierno municipal, el Ayuntamiento ordenó una auditoría que, según la concejala de Hacienda, María Celeste López, puso de manifiesto el “caos en la gestión” del anterior gobierno y el “descontrol desorbitado en gastos fuera del presupuesto”. Entre los 44 millones en facturas no presupuestadas, la auditoría encontró las facturas “más sangrantes” en el área de Festejos, especialmente en los cinco primeros meses del año electoral.
También se incluían entre estas facturas no presupuestadas las tareas de limpieza del Teatro Juan Ramón Jiménez, una de 16.700 euros para la creación y publicación de un logo “cuando hay un funcionario en el Ayuntamiento que tiene capacidad para hacerlo” u otra de 330.000 euros en abogados externos (los presupuestos ya recogían partidas de entre 500.000 y 600.000 euros).
Gastos judiciales
Gastos judicialesUna de las principales causas del sobreendeudamiento de Telde han sido las repetidas y abultadas condenas judiciales en su contra. El Ayuntamiento debe pagar cerca de 30 millones de euros por expropiaciones con sentencia firme. La alcaldesa destacó su gestión en este frente con un plan de pagos de deudas por sentencias en 8 años aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que permitirá al Ayuntamiento un ahorro en intereses de 2,7 millones de euros.
Hernández define como otro de los logros de su administración la mejora de la defensa legal del Consistorio. La alcaldesa celebró la victoria del Consistorio contra una reclamación de 10 millones de euros y la recuperación de las parcelas de La Mareta, cuya pérdida habría supuesto el pago de más de 40 millones.
Sin embargo, las derrotas del Consistorio en los tribunales no han desaparecido. Este pasado mes de junio, Telde fue condenado a pagar otros 170.000 euros por impagos a la UTE Comsa-Pérez Moreno por la tercera fase del inconcluso Palacio de la Cultura de Arnao. El proyecto, iniciado en 1997, acumula ya más de 10 millones de euros en sobrecostes.
Corrupción
CorrupciónOtro ingrediente clave de las malas finanzas municipales son las tramas de corrupción que han asaltado los fondos del Consistorio. En el Caso Faycán, cuyo juicio comenzará este octubre, la Fiscalía acusa a políticos, exconcejales y técnicos municipales de haber participado en “un sistema de obtención ilícito de fondos” prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que pagaban comisiones de hasta un 20% por la concesión de un contrato o por el cobro de deudas atrasadas.
La Fiscalía subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente “financiar al Partido Popular de Telde”, si bien eso “solo era un pretexto” -matiza-, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.
La Fiscalía pide para Mari Carmen Castellano, la exalcaldesa del PP, cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación por los delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental. En la causa también están imputados, entre otros, el exalcalde Francisco Valido y el exinterventor de la Ciudad de los Faycanes Enrique Orts, para quienes el Ministerio Público solicita, respectivamente, seis y siete años de prisión.
La causa Grupo Europa, una rama separada del Caso Faycán, consistía de un “negocio ilícito” denunciado por Anticorrupción que imputaba un gasto al suelo cedido por Telde para construir viviendas sociales, que iría destinado a pagar las comisiones ilegales. El exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Mena (PP), ha sido condenado a más de 5 años de cárcel, junto al empresario José Luis Antón (cinco años de cárcel), el funcionario municipal José Luis Mena (seis años y diez meses) y el gerente de la empresa municipal Urbitel, Juan Carlos Saavedra (cuatro años y diez meses).