El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este martes que el ente público Radio Televisión Canaria asuma la gestión directa de los servicios informativos y convierta en trabajadores públicos a los 220 empleados de la actual empresa adjudicataria, Videoreport Canarias, sin pasar ningún tipo de selección por capacidad y méritos.
La propuesta ha partido del recientemente nombrado administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Síntes, a quien se le encomendó la tarea de solucionar antes del 30 de junio los asuntos que había dejado pendientes el anterior presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, entre ellos la adjudicación del polémico concurso de informativos que convocó de manera unilateral por un montante de 144 millones de euros. Naranjo, que era el consejero censor de las cuentas de RTVC durante los años en los que ejerció en la Audiencia de Cuentas de Canarias, censuró siempre de manera contundente las contrataciones de personal a dedo. Las últimas, las cuatro que realizó su antecesor, Santiago Negrín, cuando contrató a varios jefes de informativos y editores de la radio y la televisión públicas.
Según ha anunciado la noche de este martes el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, con un único punto en el orden del día, la señal “no irá a negro” puesto que RTVC tiene recursos económicos suficientes para afrontar el fin del contrato y el administrador único, Naranjo Sintes, no ha hecho ninguna referencia a que necesite apoyo en esta
Barragán reiteró que dada la situación excepcional que vive hoy la televisión pública, el Gobierno respalda, con el acuerdo adoptado, la actuación “ineludible” del administrador único para optar entre sus funciones ordinarias por la gestión directa de forma temporal hasta tanto se decida un modelo de gestión definitivo por el Parlamento.
Para el consejero Barragán, “la prioridad del Gobierno es la de garantizar la continuidad del servicio público y preservar los puestos de trabajo tanto de los empleados del ente público y sus mercantiles como de los trabajadores de los servicios informativos”.
Asimismo, señaló que se sigue en la idea de que “hay que dejar trabajar al administrador único, ya que su tarea es extraordinariamente compleja, respaldando el mandato legal de la absoluta independencia funcional de la televisión (art.5.3 de la Ley 13/2014), tratándose de intervenir a petición del administrador único exclusivamente para respaldar en este momento los trabajos que hagan viable la televisión pública”.
El consejero recordó que la televisión pública se encuentra en una situación “de controversia” en los tribunales de justicia y habrá que esperar a ver qué ocurre con el procedimiento que sigue abierto para la adjudicación de los servicios informativos.
Asimismo, aclaró que la continuidad de los informativos se realizará mediante la subrogación de los trabajadores y añadió que será el administrador único quien tendrá que explicar cómo va a gestionar ese procedimiento. Además, cree que Naranjo tendrá en cuenta a los trabajadores de las empresas subcontratadas para el funcionamiento de la televisión.
Por otro lado, el consejero consideró deseable que en la Cámara se alcance un acuerdo respecto a las dos proposiciones de ley que se están debatiendo sobre el modelo de la televisión pública, ya sea mediante la gestión directa de los servicios informativos por parte del ente o por medio de una empresa privada a través del procedimiento de la adjudicación.
UPCC reclama una oferta pública de empleo
Tras conocerse la decisión del Gobierno de Canarias, la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha anunciado su rechazo a esta fórmula de subrogación de trabajadores de Videoreport. Por eso ha reclamado que la administración autonómica formule una oferta pública de empleo que desemboque en una desprivatización de los servicios informativos y de la continuidad de la televisión pública de Canarias. Este miércoles tiene previsto emitir un comunicado.