El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este jueves su gestión como presidente de Canarias en la compra de mascarillas y ha dicho, en relación con el caso Koldo, que si alguien se ha lucrado, se ha corrompido, “que lo pague”.
En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro ha explicado que, en aquel momento, en el estallido de la pandemia de COVID, cuando estaban “desesperados” entre otras cosas buscando material de protección, les llegaban propuestas “de todos lados” y se habló con compañeros de partido, políticos, alcaldes y empresarios.
No ha especificado, ni negado, al ser preguntado directamente, si le llamaron el exministro y ya exdiputado socialista José Luis Ábalos o su asesor entonces Koldo García para recomendarle la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas, con la que finalmente contrató el Gobierno de Canarias.
Sí ha subrayado que esa empresa, “que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transportes”, ha recordado, fue una de las que hizo una oferta, que, como en todos los casos, se envió al servicio técnico que validaba las propuestas antes de firmar los contratos.
Ha añadido, además, que ese expediente, también como los demás, se remitió a la Audiencia de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, que no detectaron “absolutamente nada”.
Dicho eso, Torres ha afirmado que “si alguien de manera ilegal se ha beneficiado, se ha lucrado, que lo pague con toda la fuerza de la ley” y, por su parte, se ha mostrado dispuesto a que le pregunten “donde quieran, como quieran y de lo que quieran”, en relación con las posibles comisiones parlamentarias de investigación sobre este asunto.
Preguntado por la decisión de Ábalos de no dejar su acta de diputado y pasar al grupo Mixto del Congreso, Torres ha opinado que el PSOE es “indiscutiblemente” el partido “más demócrata” que hay en España y si su dirección pide a un militante que deje una responsabilidad, “hay que hacerlo, lógicamente”, y él lo hubiera hecho.
Ha admitido, asimismo, que en su partido se ha experimentado con esta situación un “desgarro”, como le sugería el conductor del encuentro, o un “dolor”, como lo ha definido él mismo, puesto que Ábalos es un compañero “de una larguísima trayectoria tanto en el Congreso como en la propia organización”.
En esta misma contestación ha dicho que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “tiene una hoja de servicio absolutamente impoluta” y “es muy exigente”.
El titular de Política Territorial ha hecho estas afirmaciones en presencia, entre otros, de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Agricultura, Luis Planas; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Caso Mascarillas en Canarias
El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Cuentas archivó de forma provisional el llamado caso Mascarillas en las Islas, por el que se investigaba al Servicio Canario de Salud (SCS) por el pago de cuatro millones de euros, en plena pandemia de coronavirus, por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
En el acta de liquidación provisional (fecha 14 de diciembre de 2022) se reconocía el daño a las arcas públicas pero al mismo tiempo constaba como acreditado que se había iniciado, por parte del Servicio Canario de Salud, el procedimiento tendente a la recuperación del dinero por medio de la providencia de la Agencia Tributaria Canaria de 12 de noviembre de 2022 al no haber sido realizado el reintegro en periodo voluntario.
El Ministerio Fiscal, por medio de escrito de 26 de enero de 2023, solicitó la incoación del juicio contable y su inmediata suspensión en tanto no concluyera el procedimiento iniciado por la administración canaria para el cobro de la deuda y desde el SCS se solicitó en febrero el archivo de las actuaciones.
Entre los investigados se encontraban, entre otros, el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa y el administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.
La causa penal sigue abierta en la Fiscalía Europea, que reclamó la competencia por el uso de fondos europeos.
Comisión de investigación en el Parlamento canario
Este miércoles, el PP y CC registraron una petición en el Parlamento canario para conformar una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pasada legislatura. En principio, dicha comisión abordará el primer caso Mascarillas en las Islas, que implicó el pago de cuatro millones de euros por adelantado a una empresa por un millón de mascarillas que no se recibieron, así como el llamado caso Koldo, con contratos por importe de 12,5 millones para la empresa vinculada al exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el último caso por el que la Fiscalía de Las Palmas se ha querellado contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros.
El PSOE, que ya adelantó que no votará en contra de dicha comisión, sí ha cuestionado al Partido Popular por qué está dispuesto a investigar la compraventa de material sanitario en Canarias pero no en Madrid, donde este partido se muestra contrario a que la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados revise lo sucedido en todas las administraciones públicas.