Ángel Víctor Torres asumirá la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática. Su trabajo como expresidente del Gobierno canario y como secretario general del PSOE en las Islas ha sido recompensado por el presidente Pedro Sánchez. “Siempre he considerado que el diálogo es el soporte principal de la política útil”, decía este lunes tras conocerse su nombramiento. Su talante para la negociación es precisamente lo que ha hecho que sea designado para un cargo en el que será garante del equilibrio territorial y los retos a los que se enfrenta España en este sentido. Lo hará en el contexto de un Ejecutivo que está apoyado por partidos nacionalistas e independentistas.
“Por la convivencia, la cohesión y por la memoria”, defendió este lunes el secretario general del PSOE en las Islas, un cargo que seguirá ocupando. Torres es consciente de los desafíos a los que se enfrenta en esta materia. Ya durante las negociaciones de cara a la investidura se ha abierto el debate sobre la pendiente reforma de la financiación autonómica (junto con el Ministerio de Hacienda) así como el del modelo de Estado, un tema que puso sobre la mesa el lehekandari vaso Iñigo Urkullu este verano.
Canarias tiene en estos ámbitos aspectos sensibles que defender por su propio Régimen Económico y Fiscal, en el que se incluyen medidas que pretenden compensar el hecho insular. En el canarismo (espacio heterogéneo de partidos que proclaman que la toma de decisiones ha de producirse en las Islas) hay unanimidad al considerar que el Archipiélago tiene razones para reclamar más autogobierno. El Archipiélago se presenta ante este debate con su “nacionalismo” debilitado en Madrid, al haber obtenido Coalición Canaria una sola diputada en el Congreso pero con un ministro nacido en las Islas, que ha sido presidente regional y que ha gobernado con otra formación nacionalista en el Archipiélago, Nueva Canarias.
El traspaso de competencias ya pactadas con las comunidades autónomas es otro de los retos pendientes de este ministerio. El Gobierno de Canarias (formado por CC y PP) ya ha asegurado que solicitará el “traspaso completo y sin interpretaciones” de las funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral. “Las costas de Canarias son fundamentales para el desarrollo económico y social de las Islas, por lo que las decisiones sobre la protección, el uso y el disfrute del dominio público deben ser defendidas desde el propio Archipiélago, teniendo en cuenta nuestras singularidades”, defendió el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario, Antonio Acosta.
El documento firmado entre PSOE y PNV para la investidura de Pedro Sánchez supone “culminar el autogobierno con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes”. Según informó eldiario.es, este acuerdo recoge la reforma del Estatuto de Gernika y los dos partidos llegan a la conclusión de que van a “dialogar y negociar” sobre “el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad”.
Los dos partidos independentistas catalanes también han solicitado más competencias en su acuerdo para investir a Sánchez presidente. Por un lado, entre las competencias que solicitó Ezquerra en su acuerdo con Sánchez fue el traspaso de Rodalies, el servicio ferroviario de Cercanías, que pasaría del Ministerio de Transportes a la Generalitat.
Sobre el autogobierno, en el acuerdo con el partido de Puigdemont se señala que “Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”.
Arucas y los pozos del terror del franquismo
El nuevo ministro de Memoria Democrática es nacido en Arucas, donde impartía clases de Lengua y Literatura en el instituto y donde llegó a ser concejal y después alcalde del municipio. Mantiene una gran vinculación con la primera asociación de memoria histórica creada en las Islas, la AMRA, cuya presidenta fue también concejala socialista, Pino Sosa, que enterró a su padre 82 años después al encontrar sus restos mortales en el Pozo de Tenoya.
Arucas es uno de los puntos de Canarias con mayor número de desaparecidos por la represión franquista. El impulso de esta asociación ha llevado a que se haya exhumado el Pozo del Llano de Las Brujas (Cardones) y el de Tenoya, pero aún quedan pendientes otros dos el de exhumar. En la misma isla existe un proyecto para exhumar la Sima de Jinámar, el tubo volcánico al que eran arrojados represaliados del franquismo.
En Canarias aún quedan pendientes vestigios que retirar de sus calles, como ha venido señalando el Catálogo de Canarias, que ha abarcado a las capitales isleñas. Entre ellos destaca el monumento a Franco, que pervive en las calles de Santa Cruz de Tenerife por el empeño del Ayuntamiento y de la medida cautelar de protección puesta por el TSJC.
Otro de los retos es impulsar precisamente la nueva Ley de Memoria Democrática, en un contexto en el que la mayor parte de comunidades están gobernadas por el PP, y en muchos de los casos con el partido de extrema derecha Vox, muy contrario a condenar el régimen franquista. Esa Ley condena el golpe de Estado perpetrado el 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, que declara “ilegal” y crea la figura de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática con el que pretende impulsar las investigaciones de los crímenes. También señala que las exhumaciones son responsabilidad del Estado y retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco.