Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna indicó este viernes que el regreso del llamado caso Grúas a los juzgados del municipio permite recuperar la investigación, “que lleva paralizada” desde su ingreso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unid@s se puede y uno de los denunciantes del caso grúas, indica en un comunicado que con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de devolver el caso al Juzgado de Instrucción de La Laguna se da un “paso real para acabar con los privilegios del aforamiento en la realidad, que es por lo que ha estado peleando Clavijo en sus recursos”.
El concejal entiende que “ahora la pregunta no es si Fernando Clavijo será imputado, más bien es cuándo lo será”.
Ascanio recuerda que la responsable del Juzgado Nº2 de La Laguna “ya solicitó el traslado del caso al TSJC ante la evidencia de la necesidad de investigar al exalcalde lagunero, siendo lógico que en este momento se proceda a imputarlo por malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, delitos atribuidos por la Audiencia Provincial”.
Entiende que es necesario lograr “que las declaraciones solicitadas en abril por nuestro equipo jurídico se realicen, al considerar que es fundamental para el completo desarrollo de este importante caso”.
Rubens Ascanio dice que las declaraciones de los trabajadores denunciantes de situaciones como el robo de piezas, así como la del propietario de Autogrúas Poli SL, José Padilla, “harán evidente el uso de una empresa que gestiona una actividad pública para ponerla al servicio de una sigla política”.
El edil de Unid@s se puede considera que “el Ayuntamiento de La Laguna no puede mantenerse bajo la sombra de una gestión cuestionada de un servicio que supuso un incremento notable del coste que paga la ciudadanía con sus impuestos y un uso indecente de las contrataciones por interés político”.
Además, agrega que en este caso además “se pusieron en riesgo 120.000 euros del préstamo dado por el Consistorio a una empresa que en ese momento tenía más de 300.000 euros en deudas”.