La Gerencia de Urbanismo se ha dirigido a la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que le aclare la forma en la que debe cumplir la sentencia que en el año 2007 reconoció que durante el proceso de venta de las parcelas de la trasera de Las Teresitas se cometieron errores de bulto. Ello es así hasta el punto de que el reparto de cargas y beneficios entre los distintos miembros de la Junta de Compensación quedó anulado. Los informes periciales realizados a lo largo de las investigacioens del conocido como caso Teresitas, han ratificado que se integraron a esta entidad miembros que no lo estaban, algunos figuraron como que habían cobrado cuando no lo hicieron y personas que no tenían ninguna propiedad, como el abogado de la Junta, Mauricio Hayeck, acabaron recibiendo dinero en calidad de titulares de terrenos.
Una veintena de residentes de Montaña Morera conocido como los extranjeros acudieron a los tribunales que en el año 2007 les dieron la razón y obligó a que todo el proceso se retrotrayera al año 1989 momento en el que el Ayuntamiento aprobó el proyecto de reparcelación que fija el reparto de beneficios y cargas entre los futuros vendedores. Pero lo cierto es que cinco años después de aquel fallo judicial poco ha cambiado. Las viviendas que se sitúan en este entorno y que tienen más de medio siglo de antigüedad han desaparecido del registro de la propiedad mientras que el suelo sobre el que se sitúan aparece a nombre de Inversiones Las Teresitas (ILT). Los propietarios han mantenido durante los últimos tiempos diversas reuniones con el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, que cuando estaba en la oposición siempre defendió su punto de vista sobre este contencioso. Como resultado de estos encuentros el concejal se comprometió a promover una reunión con los propietarios y los miembros de la Junta de Compensación con el fin de que pudiesen llegar a un acuerdo. Pero lo cierto es que la entidad urbanizadora se ha negado en redondo a mantener la reunión, pese a que en la sentencia del año 2007 se indica que los vecinosa deben tener acceso a todos los acuerdos adoptados desde 1989 con el fin de mostrar su conformidad o disconformidad con los mismos.
A partir de aquí Urbanismo se ha dirigido al TSJC para que indique la forma de dar cumplimiento al fallo judicial. En el escrito presentado la Gerencia apunta que lo ocurrido en Montaña Morera puede ser similar a lo que pasó en Las Huertas, también en la trasera de Las Teresitas, donde un grupo de antiguos propietarios han visto como los tribunales les reconoce el derecho a ser indemnizados. Sin embargo, los abogados de Montaña Morera indican que sus circunstancias son totalmente diferentes ya que los terrenos siguen en manos de ILT y no han sido vendidos a unos supuestos terceros de buena fe como ocurrió en Las Huertas con la compañía Desurcic en la que sin embargo están integrados miembros de ILT, además de la empresa aseguradora Mapfre.
Los residentes en Montaña Morera recuerdan que muchos de ellos nunca se integraron en la Junta, otros lo hicieron durante poco tiempo con el fin de no entorpecer las supuestas obras de urbanización que se iban a acometer y se dieron de baja ante notario, que jamás recibieron cantidad alguna por vender sus propiedades y además apelan al acuerdo adoptado por la Junta de no enajenar nunca viviendas en este entorno sino sólo terrenos. Así aparece reflejado en diversas actas y también lo ha ratificado ante los juzgados y la policía judicial el anterior presidente, José Delgado. Los abogados de los vecinos de Montaña Morera ya han presentado sus alegaciones ante el TSJC en las que intentan demostrar que la situación de Las Huertas y de este entorno es radicalmente distinta. Además, se niegan a recibir cantidad alguna por sus propiedades y piden la ejecución inmediata de este fallo judicial emitido hace ahora cinco años que ha implicado que el reparto de cargas y beneficios haya quedado ya formalmente anulado.