LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 (EUROPA PRESS)
La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Belén Pérez Salido, ha acordado la libertad provisonal del concejal del Ayuntamiento y responsable de Urbanismo durante el anterior mandato local, Guillermo Reyes, tras ser detenido hoy por la Policía Nacional en el marco de la presunta trama de corrupción urbanística denominada 'Operación Calero'.
El líder de la Agrupación Federal del Valle-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca) fue arrestado durante la jornada de hoy por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que apuntan la posibilidad de que el edil solicitó el 'hábeas corpus' para comparecer en dependencias judiciales y no ante la Policía.
Al menos un total de doce personas han sido imputadas y han quedado en libertad con cargos dentro de esta investigación sobre la existencia de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación documental y cohecho.
EL EX ALCALDE DEL PP
Entre los imputados figura el ex alcalde de Telde, Francisco Valido (PP), imputado por presunta prevaricación tras prestar declaración ante la Policía, en cuya comparecencia culpó de la 'Operación Calero' al ex concejal de Urbanismo y dirigente de la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca), Guillermo Reyes.
Asimismo, está imputado por prevaricación y tráfico de influencias el ex jefe del servicio de Urbanismo, José Luis Mena, relacionado con el expediente de reparcelación y otras decisiones posteriores sobre El Calero. Además del ex secretario municipal Jorge Lang-Lenton, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental; Pedro Pablo Santana, imputado por prevaricación y tráfico de influencias, 'mano derecha' de Mena en la Concejalía de Urbanismo, de la que era funcionario.
Así como el secretario accidental del Ayuntamiento de Telde, Diego López, el empresario Félix Machín, imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, que compró la parcela de El Calero, en la que tenía previsto construir una promoción de 78 viviendas.
A ellos se suma la imputación por presunto tráfico de influencias de Ignacio Calandria, empleado de la constructora de Félix Machín y hermano del registrador de la propiedad Adolfo Calandria; Miguel Martín, abogado del Ayuntamiento en el momento de los hechos; y el redactor del Plan General de Ordenación del municipio, Jesús Álvarez, imputado por tráfico de influencias, inducción a la prevaricación y suplantación de funciones.
Al igual que el funcionario de Urbanismo Emilio Hernández y el empleado también en este departamento, Fermín Peñate; y Adolfo Calandria, registrador de la Propiedad en Telde en el momento en el que se procedió a la inscripción de los terrenos.