El alcalde de Valle Gran Rey, Cristopher Marrero, y la concejala de Bienestar Social, Festejos y Juventud, Sabina Rodríguez, se han quedado sin sueldo. El pleno de esta localidad gomera de apenas 5.000 habitantes confirmó el pasado 31 de octubre el paso al grupo de los no adscritos de ambos ediles tras tomar razón de su expulsión definitiva del PSOE, partido con el que concurrieron a las elecciones locales celebradas el pasado mes de mayo.
La dirección socialista en las Islas adoptó esa decisión después de que ambos concejales se negaran a abstenerse y dar la Alcaldía al candidato de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), formación clave en las negociaciones que la dirección socialista mantenía entonces (mes de junio) para cerrar el pacto regional junto a NC y a Sí Podemos.
El secretario de Organización del PSOE en las Islas, Jorge González, ejecutó la expulsión tras acusar a Marrero y Rodríguez de desobedecer sus instrucciones y de “poner en peligro” ese acuerdo con el partido liderado por el histórico presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, sin cuyo respaldo no habría sido posible el denominado pacto de las flores.
En la sesión celebrada el último día de octubre, el pleno del Ayuntamiento tomó razón de la expulsión definitiva de los concejales, que mantienen abiertos dos frentes en los juzgados.
Por un lado, en la jurisdicción civil, han presentado una demanda contra la decisión del partido. Sostienen que la dirección del PSOE vulneró sus propios procedimientos al expulsarlos, ya que el Comité de Ética y Garantías de la Ejecutiva Federal no esperó ni siquiera a que presentaran sus alegaciones, y que jamás contravinieron ninguna orden, puesto que los pactos en cascada están proscritos en el partido y el acuerdo entre PSOE, NC, Sí Podemos y ASG para el Gobierno regional no había sido firmado cuando se constituyó la corporación local.
Marrero y Rodríguez han interpuesto además un contencioso contra Ayuntamiento por dejarles sin retribución económica. Pretenden que sean los propios jueces los que, a la vista de sus alegaciones, presenten una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la Ley Canaria de Municipios por equiparar a los expulsados con la figura del tránsfuga. En su opinión, esta normativa aprobada por el Parlamento regional vulnera derechos fundamentales como el de participación política y el de libertad o igualdad de todos los ciudadanos.
En este procedimiento los concejales han solicitado como medida cautelar la suspensión del acto administrativo adoptado en el pleno del Ayuntamiento celebrado el 21 de octubre, el que decreta su pase al grupo de no adscritos y la pérdida de derechos económicos.
En el Ayuntamiento de Valle Gran Rey no hay establecidas dietas ni indemnizaciones por la asistencia a los plenos o a las comisiones municipales, por lo que los concejales no percibirán ningún emolumento. Antes de acceder al cargo, el actual alcalde trabajaba en una pequeña ingeniería, mientras que la concejala ejercía como trabajadora social en una empresa.