Los vecinos de Ojos de Garza (Telde), afectados por las expropiaciones para la construcción de la nueva pista del aeropuerto de Gran Canaria, iniciarán una huelga de hambre en el plazo de una semana si no se declaran de interés general los terrenos donde se ubican sus actuales viviendas y en el que se construirían las nuevas, según anunció este miércoles en la capital grancanaria la portavoz vecinal, Margarita Alonso.
La dirigente vecinal explicó que los afectados están dispuestos a acampar ante las dependencias de presidencia del Cabildo, en la capital grancanaria, si en el plazo de una semana no se decide trasladar al Parlamento de Canarias la propuesta de declaración de interés general de los terrenos, ya que esta autorización sólo la puede tramitar la Cámara regional.
En todo caso, según Alonso, la cuestión tendría que quedar despejada en al reunión que tendrá lugar el próximo martes entre los vecinos y representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde. Los afectados exigen que en el mes de septiembre “como muy tarde” entre en el Parlamento la propuesta de declaración de interés general.
No obstante, Alonso mostró su pesimismo ante la reunión del martes, ya que “al día de hoy no hay nada” y por lo tanto, “no esperamos que acudan a la Comisión Institucional de Realojo con los documentos preparados”. Esta situación les provoca “muchos nervios” y por ello han decidido iniciar acciones de protesta “más importantes”.
Una veintena de vecinos están dispuestos a iniciar la huelga de hambre y participar en una acampada, para la que ya han solicitado permiso ante la Delegación del Gobierno. En Ojos de Garza “estamos cansados” de que los técnicos del Cabildo y del Gobierno de Canarias “encuentren 20.000 problemas para darnos una solución”. Y mientras tanto, los expedientes de expropiación “están caminando”.
Desconfianza
Alonso manifestó en un encuentro con los medios celebrado este miércoles en la capital grancanaria, que “desde el mes de abril se iniciaron los expedientes de expropiación y en estos momentos el tiempo corre en contra de los vecinos”. Aunque disponen de un compromiso firmado por parte de las instituciones en el que se comprometen a indemnizarles con una cantidad similar al valor real de sus casas o con una vivienda, no se confían. “Tenemos información de que el Ministerio no da viviendas, si no dinero, y en todos los casos son cantidades inferiores al valor real de las casas. No obstante, aunque se cumplieran los compromisos, Alonso afirmó que ”muchas familias pueden quedarse sin casa“ por su situación económica personal.
Los vecinos no aceptarán en la reunión del próximo martes que las instituciones les prometan que se aprobará la declaración de interés general tras la valoración de la empresa contratada para valorar los terrenos. “Nos tememos que esta medida persiga dilatar en el tiempo la toma de decisiones”, según Alonso.
En estos momentos existen siete opciones para la reubicación del barrio. “No todas reúnen las condiciones que exigimos los vecinos” que fundamentalmente hacen referencia al mantenimiento “de la identidad actual del barrio”. Alonso insistió en que “nuestras exigencias no son un capricho” ya que “queremos seguir teniendo lo que poseemos y no vamos a permitir ni la diseminación ni la ubicación en zonas que no nos permitan vivir como ahora”.
En la actualidad, las instituciones están proponiendo opciones “que son las que más les convienen a ellos o las que suponen menos trabajo” y que no tienen que ver con las propuestas vecinales. Alonso añadió que “no vamos a consentir” que “no se defiendan nuestros intereses cuando en Jinámar, para atender los intereses de un particular, todos los políticos de las siete islas se pusieron de acuerdo”.
Cabe recordar que los vecinos acamparon una semana ante la sede de la Delegación del Gobierno de la capital grancanaria a finales de 2005 para reclamar una solución a su problema de vivienda.