La magistrada Victoria Rosell ha confirmado este jueves a través de un vídeo difundido en las redes sociales que volverá a concurrir a las elecciones generales del próximo 28 de abril como independiente en la lista electoral de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas.
El Consejo General del Poder Judicial ha concedido este jueves a la jueza la excedencia voluntaria que solicitó el pasado 13 de marzo. Será, por lo tanto, la segunda experiencia política de Rosell, que en las elecciones generales de 2015 encabezó la lista de Podemos por Las Palmas y fue elegida diputada, aunque acabó renunciando al acta como consecuencia de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de la querella, finalmente archivada, que contra ella interpuso el ex presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, José Manuel Soria, rival político en esos comicios.
“En 2015 los poderes corruptos me tendieron una trampa mafiosa, con un juez y un ministro, y me fabricaron una investigación de la Fiscalía que se archivó en cuanto terminó la campaña electoral; noticias falsas que siguen por ahí en internet, y una querella ante el Tribunal Supremo. Yo dimití. Y aunque me decían que no se podía, les planté cara. Hoy el juez está pendiente de juicio por 5 delitos, incluido el de falsificación de documentos públicos. El ministro, bueno, sigue haciendo sus negocios, pero al menos ya no los hace en coche oficial. Yo fui declarada víctima de todo esto”, recuerda Rosell en el vídeo.
La magistrada fue objeto de una investigación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, entonces comandada por Guillermo García-Panasco, en plena campaña electoral de 2015. La fiscal Evangelina Ríos fue la encargada de tramitar las diligencias tras recibir “un sobre anónimo”, según su versión, con una copia del contrato suscrito entre la empresa Clan de Medios, editora de Canarias Ahora, el periódico dirigido por Carlos Sosa, pareja de Rosell, y la productora de la Unión Deportiva Las Palmas, club de fútbol presidido por el empresario Miguel Ángel Ramírez, a quien la jueza investigaba por presuntos delitos fiscales vinculados a una de las sociedades que entonces administraba, Seguridad Integral Canaria.
El contrato fue firmado quince días después de que Rosell pidiera la excedencia para concurrir a las elecciones. Esas “diligencias preprocesales” fueron finalmente anuladas con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que decretó que la Fiscalía vulneró derechos fundamentales de Rosell al investigarla por motivos disciplinarios, ya que buscaba un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la magistrada en la causa contra Ramírez.
A ello se le unió la querella que presentó José Manuel Soria contra la magistrada, en principio por injurias y calumnias (tras haber afirmado la entonces candidata de Podemos que el en ese momento ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos) y, después, ampliada a los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación.
En esa ampliación de querella, firmada por el abogado Eligio Hernández, ex Fiscal General del Estado, se incluían pasajes copiados de un informe reservado firmado por Salvador Alba, el magistrado que sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 cuando la jueza pidió la excedencia. Según la Fiscalía, ese informe, que fue clave para que el Supremo admitiera la querella de Soria, contiene falsedades, al igual que otras resoluciones dictadas por el mismo juez.
Después de que Rosell abandonara la Diputación Permanente del Congreso, el caso recayó en el TSJC, que acabó archivando la querella. Unos meses antes había estallado el denominado Albagate, a raíz de la difusión de una grabación realizada por Miguel Ángel Ramírez en el despacho de Salvador Alba en marzo de 2016, un encuentro en el que ambos pactaron una declaración del empresario en sede judicial con los objetivos de perjudicar a Rosell y tratar de introducir una causa de nulidad en el procedimiento por contratos pasados entre el presidente de la UD Las Palmas y empresas vinculadas a Carlos Sosa.
“De haber (relación contractual), es anterior a 2008”, mucho antes de que Rosell incoara las diligencias contra Ramírez (2014), dijo en una declaración la fiscal Ríos. Alba, que llegó a reconocer recientemente que fue él quien puso en conocimiento de la Fiscalía la copia del contrato que dio origen a las diligencias del Ministerio Público contra Rosell, ha sido procesado y se enfrenta a peticiones de hasta trece años y medio de cárcel por la presunta comisión de los delitos de prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Contra la “deriva autoritaria” de “las tres franquicias” de la derecha
Rosell ha afirmado que esta sucesión de hechos no le permitió cumplir su compromiso con los votantes, “un proyecto de progreso, de justicia social, feminista, pro derechos humanos y anticorrupción”. La candidata de Unidas Podemos recuerda que en 2015 dio el paso “por la injusta respuesta a una crisis que pagamos todos y todas, menos quienes lo causaron”.
En estas elecciones, “los motivos resurgen con más fuerza si cabe, ante la deriva autoritaria de las derechas y sus tres franquicias”, expone en el vídeo en referencia al PP, Ciudadanos y Vox. “La Constitución no es lo que dicen ellos. La Constitución en su artículo 1.1 dice que España es un Estado Social y Democrático de Derecho, y que sus valores fundamentales con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así que pese a la dureza con la que golpean, y pese a aquella campaña, he decidido volver a pedirles que renueven su confianza y su ilusión”, añade la magistrada en excedencia, que se muestra convencida de que recibirá críticas por volver a presentarse.
“Yo prometo escuchar y ser leal a mis principios y a estos compromisos como he sido toda mi vida. Prometo dar la cara y dar todo lo que sé por el futuro de la gente, de este país y del planeta”, concluye.