La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Vidina Espino, ha asegurado este sábado que su formación política apostará por una bajada de impuestos “real y efectiva” en caso de que acceda al gobierno regional tras las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo.
Durante un acto de campaña, Espino ha criticado en esa línea la rebaja de 0,5 puntos porcentuales (del 7 al 6,5 %) del tipo general del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) que Partido Popular, CC y Agrupación Socialista Gomera acordaron a finales del año pasado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.
“Ya hemos visto cómo prácticamente nadie ha notado la bajada de impuestos de la que presume (el presidente del PP de Canarias) Asier Antona. Solo ha servido para que Antona presuma de algo en esta legislatura”, ha rematado la candidata a la Presidencia.
Además, ha avisado de que los comerciantes le han mostrado “preocupación” por el “sablazo” fiscal que a su juicio suponen las medidas fiscales que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), incluyó en el Programa de Estabilidad para el cuatrienio 2019-2022, por lo que ha insistido en que Ciudadanos hará “justamente lo contrario” en el archipiélago.
El candidato al Cabildo tinerfeño, Enrique Arriaga, ha subrayado que Ciudadanos volverá a “mirar al campo” en caso de que acceda al gobierno de la corporación insular, que tratará de implantar nuevas tecnologías y energías renovables en el sector y que impulsará los productos agrícolas y ganaderos, así como el consumo de proximidad.
“Queremos que las carreteras no quiten tiempo a los tinerfeños y que las costas estén libres de vertidos. Vamos a impulsar el suministro de agua, para que esté disponible para riego y consumo, el turismo y las ayudas al fomento de las nuevas tecnologías”, ha detallado.
Y la candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, ha asegurado que, en caso de acceder al gobierno del consistorio capitalino, “lo primero” que hará será eliminar la “excesiva burocracia” porque, a su juicio, “no se puede permitir” que los ciudadanos tarden “del orden de ocho a nueve meses” en abrir negocios, como comercios o restaurantes, entre otros negocios.