La creación de la Agencia Tributaria Canaria, aprobada por el Parlamento el 8 de julio, dotará a la Comunidad Autónoma de un organismo que está llamado a convertirse en uno de las principales instituciones del Archipiélago, ya que recaudará 2.000 millones de euros anuales.
Canarias tiene muchas especificidades, tanto geográficas como económicas y fiscales. Precisamente, el Parlamento regional ha dado en el último pleno del período de sesiones un paso muy importante para desarrollar la autonomía financiera que tienen las Islas frente a otras comunidades debido a la integración de sus tributos propios, los cedidos por el Estado y los derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Un paso que se ha hecho efectivo con la creación de la Agencia Tributaria Canaria, un nuevo sistema de organización capaz de responder a la necesidad de modernizar las estructuras administrativas para hacerlas más eficaces y eficientes.
“Es un deber, una responsabilidad y un compromiso”, dijo el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, cuando en mayo presentó el proyecto a la Cámara regional.
Un nuevo instrumento organizativo que el Gobierno cree que tendrá una mayor capacidad de adaptación a los continuos cambios que puedan generarse en el particular sistema tributario canario.
Más eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos que aportan los ciudadanos para el sostenimiento de los servicios públicos que provienen de nuestro sistema tributario es lo que pretende la recién nacida ATC, cuya principal finalidad es dotar a la Comunidad Autónoma de mecanismos más ágiles y flexibles que repercutan en la gestión recaudatoria, intensifiquen la lucha contra el fraude fiscal y redunden en una mayor participación de las entidades locales en aquellos tributos de los que son cotitulares.
Participación de cabildos y ayuntamientos
Y es que ésta es una de las de las novedades relevantes de este nuevo organismo: la participación de los cabildos y ayuntamientos en la coordinación de la gestión de los impuestos integrados en el bloque de financiación canario.
Dado que la gestión desarrollada por la Agencia Tributaria Canaria afectará a una parte importante de los ingresos de las entidades locales, se pretende reforzar y ampliar su participación en la toma de las decisiones que les afecte.
Para ello, su intervención se articula a través de un Consejo de Dirección del que serán miembros natos un representante designado por cada uno de los cabildos insulares y dos por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Los representantes insulares y municipales también propondrán las líneas de actuación que consideren para mejorar la gestión de los tributos del REF, así como impulsar el intercambio de información entre los entes locales y la Agencia.
Pero más allá de la participación de cabildos y ayuntamientos en las decisiones fiscales que les afectan, la ATC prevé mejorar la eficiencia del sistema optimizando la utilización de los recursos disponibles, incrementar la recaudación avanzando en la lucha contra los comportamientos fraudulentos y ofrecer a los ciudadanos y empresas un servicio de máxima calidad reduciendo, en lo posible, sus cargas administrativas.
Objetivos enmarcados en un escenario donde es indispensable garantizar los cumplimientos de déficit y de deuda, garantizando la consolidación fiscal de las cuentas autonómicas, a la vez que, como ha explicado González Ortiz, “asegurar los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos”.
Nuevo método
Para lograrlo, la ATC supone un cambio en los métodos de trabajo y en la cultura administrativa de todos los actores que intervienen en el específico sistema tributario canario.
La agencia permite un mayor grado de autonomía, más descentralización, agilidad en la toma de decisiones y un sistema que vincula la gestión al cumplimiento de objetivos.
Sus funciones serán, principalmente, la aplicación, liquidación, recaudación, inspección y potestad sancionadora de los tributos; la lucha contra el fraude; la colaboración y coordinación con el resto de administraciones tributarias; la asistencia al ciudadano; y el impulso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos que mejoren la gestión interna y la ayuda al contribuyente.
Para acometer de forma eficaz estas funciones es necesario disponer de una mayor autonomía en el ámbito de los recursos humanos y presupuestarios, circunstancia que sólo se obtiene a través de una agencia.
Desde el inicio de su actividad, y en referencia a los recursos humanos, la ATC se dotará con el personal que en ese momento esté prestando sus servicios en la Dirección General de Tributos sin perjuicio de que se reasignen efectivos de otros departamentos.
Con una relación de puestos de trabajo propia constituida por funcionarios y laborales, dispondrá de personal más especializado prestando especial atención a la formación continua de sus empleados públicos con planes anuales específicos elaborados a tal fin.
¿Coste cero o sobrecoste?
Precisamente, este pretendido 'coste cero' de la Agencia ha sido el motivo de que el Grupo Popular haya sido el único que ha votado en contra de la Ley que ha creado la Agencia.
Frente a los argumentos del Gobierno, los conservadores se han opuesto a la ATC, fundamentalmente por su coste, y han acusado al Gobierno de Canarias de “derrochar el dinero público en un dispendio absolutamente prescindible”.
El diputado Miguel Cabrera Pérez-Camacho, que ha sido el encargado de poner cara a la oposición conservadora, ha afirmado una y otra vez que el Gobierno de Canarias oculta cuánto va a costar la Agencia, de manera que el Parlamento ha otorgado “un cheque en blanco para que lo rellene” el Ejecutivo sin que haya ninguna garantía de que la gestión vaya a mejorar.
Una tesis que ha cobrado fuerza con la enmienda al proyecto de ley pactada entre nacionalistas y socialistas que, al final de la tramitación, introdujeron una disposición en la que se asegura que “en las leyes de presupuestos de los cuatro años siguientes se irá incrementando paulatinamente el presupuesto asignado a la agencia tributaria con la finalidad de reforzar los medios destinados a la gestión y control tributarios”.
El Gobierno mantiene que los recursos económicos procederán de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma aunque González Ortiz prevé la “posibilidad de establecer un porcentaje de la recaudación para la financiación de mayores gastos de funcionamiento o inversiones que pudieran producirse”.
No obstante, advierte de que “estos fondos específicos, que quedan supeditados a la mejora de los ingresos tributarios, no podrán en ningún caso destinarse a gastos de carácter estructural”.
Además, los grupos que apoyan al Gobierno han insistido en que, pese a lo que diga el Partido Popular, el coste de la Agencia se verá compensado ampliamente por los beneficios que se obtienen de su gestión.
“Supone el modelo de agencia una nueva cultura que se apoya en el cumplimiento de unos objetivos claros medibles y orientados a la mejora en la prestación de los servicios, con las consiguientes ventajas para los usuarios y contribuyentes”, resumió el socialista Emilio Mayoral en el último debate parlamentario.
Gestión por objetivos
Otra de las principales características de la Agencia es la gestión por objetivos, otro de los aspectos novedosos del nuevo organismo.
La Agencia deberá suscribir un contrato de gestión, que tendrá una vigencia de tres años, en el que se fijarán los resultados a obtener, los planes para conseguirlos y los recursos humanos, presupuestarios y materiales necesarios.
En esos planes se establecerán claramente los objetivos anuales fijándose indicadores que permitan su seguimiento y la evaluación de su cumplimiento.
Este método de trabajo supondrá una importante modificación en la actual gestión del personal, elemento fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas tributarios y la Consejería de Economía y Hacienda considera que “permitirá obtener empleados públicos más cualificados y motivados al incorporarse una retribución variable vinculada al logro de los objetivos previamente marcados como así sucede en el resto de entes y agencias de similares características”.
Lucha contra el fraude
De la misma forma, este nuevo sistema será esencial para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Para González Ortiz, su prevención y persecución “es una demanda social y una obligación de las administraciones públicas al tratarse de comportamientos insolidarios que afectan a la financiación de los servicios públicos esenciales y distorsionan la actividad económica”.
El Gobierno de Canarias se vanagloria de haber dado “importantes pasos en este sentido”. Por una parte, impulsando el cumplimiento voluntario de las obligaciones e incrementando de forma significativa el número de trámites que los contribuyentes pueden realizar por métodos electrónicos.
En este esfuerzo por facilitar el cumplimiento fiscal se han puesto en marcha varias líneas de asistencia a grupos específicos de contribuyentes y hemos incrementado los medios materiales y humanos en todas las oficinas tributarias de las Islas.
En concreto, en 2013 se efectuó un importante avance hacia la gestión integral de los tributos dando por finalizada la encomienda que venían desarrollando los registradores de la propiedad para la tramitación de los impuestos cedidos.
El consejero ha defendido esta medida porque, “además de un sustancial ahorro económico para las arcas públicas, ha supuesto la centralización de la base de datos y, por tanto, la disposición de mejores instrumentos para la lucha contra el fraude”.
Junto al incremento de las labores de inspección y el cruce de información con otras administraciones, también se han llevado a cabo los peinados fiscales y las operaciones sobre aquellos sectores de actividad susceptibles de mayor fraude.
Durante 2014 se ha intensificado la colaboración con la Agencia Estatal Tributaria, cuerpos y fuerzas de seguridad, la Tesorería de la Seguridad Social, y con cabildos y ayuntamientos.
“Gracias al esfuerzo en la dotación de más recursos, a la creciente coordinación con el resto de entidades públicas y privadas y a la continua aplicación de nuevas medidas, logramos aflorar fraude fiscal por importe de 160 millones de euros durante 2013”, ha asegurado en varias ocasiones González Ortiz.
Sin embargo, ese esfuerzo no deja de lado el hecho de que hay que seguir avanzando en un proceso donde el Gobierno cree que será fundamental la nueva Agencia Tributaria Canaria, tanto a la hora de facilitar aún más el cumplimiento de las obligaciones fiscales como fórmula para prever el fraude como en la persecución de los comportamientos irregulares.
“Mediante el cumplimiento de objetivos anuales fijados previamente y a través de personal cada vez más cualificado, especializado e incentivado, la nueva agencia supondrá un sustancial progreso en la lucha contra el fraude fiscal en Canarias”, insiste González Ortiz.
Organigrama
En cuanto al resto de órganos que conforma la agencia se encuentra la Presidencia, que corresponderá al consejero competente en materia tributaria; la dirección; el Consejo Rector; el Comité Asesor; además del ya mencionado Consejo para la dirección y coordinación de los tributos del bloque de financiación canario.
Además de someterse a la Intervención General de la comunidad autónoma y al control externo de la Audiencia de Cuentas, la agencia contará con una unidad de auditoría interna que supervisará su funcionamiento.
En definitiva, este modelo va a dotar a la agencia de una capacidad de decisión sobre los reclusos asignados y de un nivel de autonomía en su funcionamiento, que son las premisas necesarias para que se pueda exigir una responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendados.
Aunque, como ha apuntado el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, con la Agencia “no se resuelve el regresivo e injusto” modelo fiscal existente ni los problemas en la distribución del bloque de financiación del REF, porque “no es su función”.
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