El llamado caso Juana Rivas, protagonizado por la granadina que durante semanas se negó a entregar a sus hijos a su ex pareja alegando maltrato, suscitó este verano una oleada de empatía social hacia esta madre, tanto a nivel individual como institucional. Las redes sociales vibraron a diario con las etiquetas #Juanaestaenmicasa y #YosoyJuanaRivas. Citada en Italia el próximo 31 de octubre para dirimir la custodia de sus hijos -que podría perder, junto con la patria potestad, por haber huido con ellos a finales de julio- Rivas ha podido aparecer ante la opinión pública como una mujer maltratada, víctima no sólo de los golpes de su esposo sino también de un sistema jurídico que aún no se ha sacudido sus seculares tintes patriarcales. Pero también como una madre capaz de montar un revuelo para atraer el foco mediático hacia una situación que según ella ensombrecía a diario la felicidad y seguridad de sus hijos, también la suya. O por decirlo con sus palabras, para luchar por sus hijos hasta el final.
Las apariciones en los medios de Francesco Arcuri, el padre de los menores, lo reflejan inicialmente como alguien preocupado por ellos, que podría suscitar incluso dudas sobre la actuación de Juana. Semanas después, sin embargo, un digital nacional ofrece un titular tan potente como Arcuri se quita la careta y muestra su lado más vengativo. En el momento de redactar este reportaje, aún no había permitido que el niño mayor, de 11 años, hablara por teléfono con su madre desde el día de la entrega, el pasado 28 de agosto. Sus abogados en España han renunciado a seguirlo representando por desavenencias con sus letrados italianos. Ya desde Italia, Arcuri ha arremetido contra la ley de violencia de género que vulnera, dice, sus derechos y los de todos los hombres que en España residen. También ha demandado a políticos y periodistas que, en su opinión, le han difamado. Mientras, en nuestro país a día de hoy dos técnicas del Centro de la Mujer de Maracena, los abuelos y tíos de los niños están siendo investigados como inductores y cooperadores necesarios para la sustracción de los menores durante el tiempo que estuvieron en paradero desconocido.
¿Cuestión de derecho de familia o de maltrato machista?
El caso es sin duda complejo y pone sobre el tapete, introduciéndolas en el debate público -político, jurídico, mediático, social- cuestiones esenciales de salud y madurez democráticas. Para empezar, el binomio legalidad-legitimidad, o lo que es lo mismo: ¿hay que aplicar y cumplir las leyes y órdenes judiciales si éstas son injustas? En segundo lugar, la protección de los menores, o dicho de otro modo: ¿se está poniendo el bien superior de los menores por encima del bien particular de los progenitores? ¿están realmente seguros y legalmente respaldados los menores en contextos de malos tratos? Para seguir, la siempre peliaguda cuestión de la falibilidad de leyes y sistema judicial, o en otras palabras: ¿puede un magistrado nacional aplicar un convenio internacional sin tener en cuenta las excepciones que éste recoge? ¿cómo es posible que la traducción al italiano de la denuncia que Rivas puso en 2016 en España por maltrato haya tardado más de un año en llegar a Italia?, ¿necesitan mayor especialización y formación, tanto en igualdad como en psicología de familia los jueces que dirimen estos temas?, ¿habría que cambiar los actuales protocolos para incluir más informes psicológicos y/o periciales a fin de tener más opiniones de especialistas pata tomar decisiones justas y respetuosas en temas tan delicados como la seguridad de los menores, su salud física y emocional, su bienestar, en suma?
Y en lo que respecta al abordaje legal: ¿estamos ante un caso de familia -la custodia de dos menores-, ante una situación de maltrato machista -Rivas no regresó a Italia alegando la violencia que recibían ella y sus hijos- o una mezcla de ambos? A finales de agosto, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada pidió ceñirse a los hechos por lo que Juana está investigada -sustracción ilícita de menores y desobediencia a la autoridad judicial– sin haber accedido a escuchar su testimonio acerca del contexto de maltrato machista que origina, explica e incluso podría justificar sus presuntos delitos.
Ante la complejidad del caso, la abogada Isabel Saavedra y la doctora en Periodismo y experta en igualdad Pilar López ponen luz en éstas y otras cuestiones vinculadas al que ha sido tema estrella de la agenda informativa del verano. Para aquella, se trata de un supuesto clarísimo de violencia machista, “cuyo tratamiento informativo ha ido dando bandazos de un lado a otro en función de los acontecimientos. No hay más que ver, por ejemplo, la evolución en los magazines matutinos de las tres grandes cadenas generalistas, TVE, T5 y Antena3. Lo que hemos podido apreciar es que ha ido cambiando según por donde fuesen las cosas. Si tenían a Juana Rivas en plató, vemos a una presentadora que le coge incluso la mano, con gran empatía. Sin embargo, días antes, cuando aún no había aceptado pasar por televisión, la cosa no estaba tan empática. Incluso algún tertuliano defendió el derecho del padre a estar con sus hijos. No ha habido unanimidad y no la hay porque cuando los medios no desarrollamos la empatía en temas de maltrato machista y, sobre todo, no tenemos claro qué es la violencia de género, cometemos el error de dar bandazos”.
Activista social y abogada, Isabel Saavedra reconoce que “esos bandazos se podrían trasladar también al ámbito jurídico. Al final, se puede afirmar que todo esto deviene de que hay un sistema patriarcal que aplica la justicia y la ley de forma machista, sin la perspectiva de género que debiera. La ley no se puede aplicar con un rigor absoluto. Hay situaciones y excepciones que deben tenerse en cuenta. Y en este caso, no se ha hecho. Cuando esto ocurre, o desobedeces o pasas por el rodillo”.
Desafiar el patriarcado
En este sentido, recuerda López que el pecado de Rivas ha sido desafiar una norma injusta y cuestionar un sistema al que aún le quedan muchos restos patriarcales y machistas. “Juana es víctima del sistema -explica-. Y lo es porque tiene una condena firme de un maltratador que acepta los hechos, y aún así hay todo un movimiento en redes sociales que cuestiona que lo sea. Y todo porque se atreve a tomar una decisión que pone en tela de juicio que la Justicia sea justa. Una mujer que desafía, porque así lo siente como madre, porque sus tripas se lo piden para proteger a sus hijos. Recordemos que si hoy las mujeres pueden ir a la Universidad es porque hubo unas mujeres -las sufragistas- que desafiaron las leyes patriarcales”.
E insiste en que, a día de hoy, la ONU ha recriminado a España la falta de protección de los menores en supuestos de violencia de género. “Nos han llamado la atención porque ha habido una madre que ha perdido a su hija porque el maltratador la asesinó. Hay que estar ciego o ciega -porque lamentablemente también hay mujeres alienadas que no ven esta realidad- para no ver el riesgo. Los maltratadores van a seguir maltratando porque es una cuestión ideológica: hacer daño a las madres a través de lo más valioso para ellas, sus hijos”, señala.
Saavedra, por su parte, se pregunta cómo es que, en caso de maltratadores condenados, la orden de alejamiento no se impone también hacia los hijos, dado que un hombre violento hacia su mujer también es potencialmente peligroso para los menores. “¿Habría que introducirla de forma automática en caso de condena?”, señala. “¿Habría que dictar esa orden también en el caso de hombres condenados por otro tipo de delitos (asesinatos, violaciones, pederastia) para dar protección a sus familiares?”
El pulso entre legitimidad y legalidad pone sobre la mesa el concepto de desobediencia civil, de resistencia pacífica a normas que se consideran injustas o en contra de los derechos humanos, con Mandela, Luther King, Gandhi o Mandela como representantes universales, a Antígona como arquetipo. Eso por no recordar un Holocausto legalmente válido. En este sentido, recuerda López -y Saavedra coincide- que “este mundo ha avanzado debido a las leyes que se han desobedecido. Las normas son perfectibles, esto es, perfeccionables. Si una norma es injusta, no tengo por qué acatarla”.
Ante el argumento de que los requerimientos judiciales deben hacer cumplir la normativa internacional, en este caso, el Convenio de La Haya, Isabel Saavedra recuerda que cuando se aprobó, en los años 80, ni siquiera se planteaba un enfoque de género al impartir justicia, ni eran frecuentes o públicos los casos de violencia machista. “Además, siempre debería haber una interpretación flexible de las normas -explica-, aplicarlas teniendo en cuenta la casuística particular: en este caso, la protección de los menores. El convenio tiene una excepción, prevista en el artículo 13.b y es precisamente que los hijos estén en riesgo, en peligro. Seguimos estando cojos cuando en este tipo de situaciones no se aplica la ley de violencia de género nacional sino el convenio y encima no se tiene en cuenta la excepción. Además -continúa- hay un problema añadido, y es que tampoco hay unanimidad en los informes de los equipos psicológicos de los juzgados que han valorado a los menores. El primero dice que no están en ningún tipo de peligro. El último, más reciente, recoge declaraciones del menor relatando maltrato. Esa metáfora tan gráfica del bandazo también puede aplicarse aquí: ni siquiera los profesionales nos dan la tranquilidad de la unanimidad”.