“Las promesas electorales están para incumplirlas”. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, tardó poco tiempo en refrendar la frase acuñada por el histórico regidor madrileño Enrique Tierno Galván. Nada más tomar el bastón de mando, el dirigente popular contradijo con hechos sus propias palabras e instaló su despacho en la sexta planta del antiguo hotel Metropol, cinco alturas por encima de su compromiso de cercanía con los ciudadanos, a quienes había invitado en campaña a visitarlo en el primer piso de las oficinas municipales.
También dijo en los días que precedieron a los comicios del 22 de mayo de 2011 que contaría con todos los trabajadores locales para construir un Ayuntamiento moderno, eficaz y eficiente. Así se lo transmitió además a los representantes sindicales en una reunión que convocó tras asumir el cargo. “Tengo las puertas abiertas”, aseguró entonces. Y los primeros meses de su mandato transcurrieron sin demasiados sobresaltos en el ámbito laboral. Cardona confió el área de personal a Martín Muñoz García de la Borgolla, quien mantuvo una relación cordial con los sindicalistas en el tiempo que estuvo al frente de esta concejalía.
El punto de inflexión de las relaciones laborales en el Ayuntamiento lo marca un decreto del alcalde del 5 de enero de 2012. Cardona acometió a principios de año una remodelación del grupo de gobierno y colocó al frente del departamento de Recursos Humanos a dos cargos de confianza del Partido Popular. Como director de gobierno nombró a Claudio-Alberto Rivero, que había sido de 2007 a 2010 secretario técnico en la consejería de Turismo que lideraba Rita Martín. A José María Cabrera, que desempeñaba hasta ese momento las funciones de gerente del Instituto Municipal de Deportes, le asignó la dirección general.
Con la llegada de la nueva cúpula de personal, comenzó una escalada de tensión con los trabajadores que parecía haber encontrado su cénit a finales de 2012 con las movilizaciones para protestar contra el recorte presupuestario de 4,3 millones de euros en el capítulo 1 de personal, pero que ahora amenaza con recrudecerse con la próxima aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que determinará las retribuciones de los empleados municipales.
En todo este proceso, con Rivero y Cabrera como escudos, el alcalde ha rehuido cualquier vínculo con los representantes de los trabajadores pese a los reiterados llamamientos de éstos para que se reuniera con ellos y mediara en los conflictos que han acabado por convertir las oficinas municipales en un polvorín. Y es que apenas cinco meses después de que accedieran al cargo, los sindicatos ya habían solicitado el cese de los jefes de personal por no considerarlos interlocutores válidos debido a sus “constantes ataques y amenazas”.
Cuatro meses después de que accedieran el cargo, los sindicatos ya estaban pidiendo el cese de Claudio-Alberto Rivero y José María Cabrera por la anulación del horario de verano
El primer encontronazo con los directores de Recursos Humanos se produjo durante la negociación del Sistema de Gestión Integral del Horario (GIHO), que establece el control por huella digital de los trabajadores, vigente desde abril de 2012. Desde este primer acercamiento, los representantes sindicales ya advirtieron las dos características que, a su juicio, definen el modo de proceder de los cargos de confianza de Cardona: las amenazas veladas y las concesiones mínimas antes las propuestas planteadas por los sindicatos “para justificar la negociación”.
En el caso del sistema de gestión horaria, el grupo de gobierno se basó en un acuerdo firmado en 1994 para concluir que los trabajadores debían incrementar su jornada laboral en dos horas y media a la semana (de 37,5 a 40) para cobrar el complemento de productividad. Aunque finalmente la ampliación horaria no afectó a toda la plantilla, sino a 120 trabajadores (en su mayoría funcionarios de alto nivel y personal de recaudación e inspección tributaria), el CSIF, uno de los sindicatos con representación en el Consistorio, llevó esta decisión a los juzgados al considerar que se había realizado de forma discrecional como “castigo” a algunos empleados.
La segunda gran polémica con los nuevos gestores se engendró con un comunicado en el que se anunciaba, el mismo día que entraba en vigor, la anulación del horario de verano, por el que se adelantaba una hora la salida de los empleados de sus puestos de trabajo durante los meses de julio, agosto y septiembre. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se convertía así en una de las primeras instituciones en aplicar el decreto de obligado cumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy y lo hacía sin negociación ni previo aviso, ocasionando un importante desbarajuste en la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores.
La Administración sólo accedió a negociar una semana después de generar una situación caótica entre la plantilla y a pesar de que el mismo día de su aplicación los representantes sindicales habían subido a la sexta planta de las oficinas municipales para intentar que Cardona se sentara a hablar con ellos para llegar a un acuerdo. Finalmente, pactaron que esas horas adicionales se podrían computar entre octubre y noviembre, pero para entonces la parte social ya había pedido el cese de Claudio-Alberto Rivero y José María Cabrera.
Encierro por Mariola y pulso ganado
Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento coinciden al afirmar que una de las lecturas positivas del clima de conflictividad que se ha generado en el Consistorio tras la llegada de la actual cúpula de personal es que ha servido para unir a las diferentes secciones. “La Administración ha intentado desunirnos, pero a la hora de votar hemos dejado atrás viejas rencillas y hemos adoptado posturas en bloque, en la misma dirección”, asevera Angelines Rozas, presidenta de la Junta de Personal. En la misma línea, José Manuel Rodríguez, presidente del Comité de Empresa, apunta que “los intereses son 100% compartidos y el enemigo es claro, visible, se sabe quién está causando los problemas”.
Los trabajadores ganaron un pulso a la Administración con el encierro contra el despido de Mariola, una funcionaria interina con 20 años de experiencia
La parte social dio muestras de esta unidad con el encierro de un grupo de trabajadores en las oficinas municipales para protestar por el despido de Mariola Alonso, una funcionaria interina con más de 20 años de experiencia en el Ayuntamiento que en ningún momento pudo optar a consolidar su plaza. La presión surtió efecto y los sindicalistas ganaron el pulso. El Ayuntamiento generó una lista de reserva en la categoría de trabajador social donde incluyó a Mariola y creó un puesto de técnico medio para cubrir la mencionada lista.
El ''amigo'' de José María Cabrera
El proyecto de mayor enjundia en materia de personal durante estos dos primeros años de legislatura del PP, la elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) y de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), también ha estado salpicado por la polémica, los continuos desencuentros y la interposición de recursos judiciales. La sección de Intersindical Canaria en el Ayuntamiento denunció ante los juzgados a José María Cabrera y Claudio Rivero por la adjudicación de un contrato de asesoría a la empresa Estrategia y Gestión Pública, administrada por Juan Fernando Fariña, para la realización del PORH por un montante de 62.790 euros y mediante un procedimiento negociado sin publicidad.
La cúpula de Recursos Humanos permaneció imputada por un delito de tráfico de influencias del 29 de noviembre de 2012 al 14 de marzo de 2013, fecha en la que el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital grancanaria decidió archivar la causa al no haber podido probar que entre Fariña, el adjudicatario, y Cabrera, el adjudicador, existía una “estrecha amistad”, como sostenía el sindicato.
IC incorporó a la denuncia una serie de documentos para cuestionar la transparencia del proceso: varios contratos suscritos entre ambos en otras administraciones, su participación conjunta en un capítulo de un libro o una nota de agradecimiento personal a Fairña en un trabajo de Cabrera. También incluyó la propuesta de gasto firmada por el director de Recursos Humanos 20 días antes de cursar invitación a otras empresas en el que ya aparecía como adjudicataria la sociedad de Fariña, aunque el jefe de servicio de Contratación aclaró en el juicio que este tipo de impreso se confecciona poco a poco y que el casillero donde se recogen los datos del adjudicatario se completan al final del proceso. Tras el archivo, IC presentó un recurso ante la Audiencia Nacional.
También está judicializado el acuerdo de la Junta de Gobierno del 27 de septiembre por el que se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos. La parte social consideró que el Ayuntamiento pudo incurrir en hasta seis infracciones del ordenamiento jurídico en este procedimiento.
La Administración dio luz verde al documento sin apenas negociar con los sindicatos ?dio por finalizado el trámite 10 días después de iniciarlo alegando ''ausencia de buena fe negocial en la Mesa“- y sin la fiscalización del interventor sobre determinadas medidas que tenían repercusión presupuestaria, tal y como puso de manifiesto en un informe el propio habilitado nacional, Eduardo Goig.
En su demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), IC tampoco encuentra ajustada a derecho la decisión de convertir a 400 laborales indefinidos en funcionarios interinos. Para la sección sindical mayoritaria en el Ayuntamiento, el Gobierno municipal pretende con esta medida ahorrarse el pago de la indemnización en caso de amortización de plazas con la RPT, aunque la Administración sostiene que lo puede hacer “exactamente igual” con los indefinidos.
Un informe del Ministerio de Administraciones Públicas fechado en junio de 2011 estipula que el personal laboral indefinido deberá renunciar a su contrato de forma voluntaria y una sentencia del TSJC sobre el Plan de Recursos Humanos de Candelaria estipula que el cambio de vínculo laboral, de indefinido a funcionario interino, “es contrario a los principios a los que debe someterse el empleo público”.
Viernes negros y cascos en los plenosViernes negros
A finales de 2012, el anuncio de un recorte presupuestario de 4,3 millones en el capítulo de personal prendió la mecha que hizo estallar a los funcionarios municipales, bomberos y policías locales. El grupo de gobierno eliminó una serie de complementos con los que perseguía evitar un Expediente de Regulación de Empleo que, según sus cálculos, hubiera afectado a 180 trabajadores. Por la supresión del denominado plus de incompatibilidad que habían venido percibiendo desde el año 2008, los empleados municipales perdían a partir de enero una retribución bruta de entre 72 y 310 euros al mes.
Tras la reducción salarial del 5% que impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la eliminación de la paga extra que también había decidido aplicar el Ayuntamiento capitalino a mediados de 2012, los funcionarios locales habían perdido con este nuevo ajuste un 13% de poder adquisitivo en 30 meses.
A finales de 2012, el anuncio de un recorte presupuestario de 4,3 millones prendió la mecha que hizo estallar a los funcionarios, bomberos y policías locales
En el caso del colectivo de la Policía Local, a estos recortes se le sumó la supresión de la compensación de 15 días libres que recibían por trabajar los festivos y el incremento del cómputo anual de horas de las poco más de 1.500 que trabajaron en 2012 hasta las 1.664 que deberán hacer en 2013, ya que el gobierno municipal no considera a la Policía Local escala especial. Los sindicatos policiales cifran en 6.000 euros brutos anuales la cantidad que perdieron algunos agentes municipales en un solo año.
El recorte de 4,3 millones de euros en personal provocó una avalancha de protestas: la irrupción de trabajadores en el despacho de Cardona para pedir su dimisión, la celebración de los denominados viernes negros, en los que los empleados escenificaban “el fusilamiento de los derechos sociales” , o las movilizaciones ante las Casas Consistoriales de la plaza de Santa Ana los días en los que se celebraba pleno. El ruido ensordecedor de pitos, petardos y consignas de los trabajadores se trasladaba los últimos viernes de cada mes al Salón Dorado, donde los concejales tenían que seguir las intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos municipales con auriculares.
Los sindicatos CSIF, IC y UGT presentaron en marzo de 2013 un conflicto colectivo contra la suspensión de pactos, acuerdos y convenios al estimar que la decisión era política y no económica. Así, recuerdan en su escrito que el plan de ajuste del Ayuntamiento para el pago a proveedores en el año 2013 fijaba en 2,25 millones de euros el ajuste en materia de personal, aproximadamente la mitad del que finalmente se acometió.
El interventor del Ayuntamiento, Eduardo Goig, jubilado en enero de 2013, puso reparos a este acuerdo del Ayuntamiento al entender que la “medida excepcional” del grupo de gobierno no era “el único modo de alcanzar el fin perseguido por la ley con el mínimo perjuicio o sacrificio de los derechos de los funcionarios y los laborales”.
El juicio por el conflicto colectivo se celebrará el próximo 17 de julio.
Una batalla por la intranet
La última batalla entre el grupo de gobierno y los trabajadores municipales se ha librado por la intranet, la red interna de comunicación en las oficinas municipales, a raíz de la negativa de los representantes sindicales a firmar su conformidad con los criterios generales y el manual de valoración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha presentado la Administración.
El director general de Recursos Humanos, José María Cabrera, emitió un escrito el día 9 de mayo por esta red interna en el que amenazaba al personal municipal con rebajas salariales de hasta 1.600 euros anuales por el denominado complemento específico ante la falta de acuerdo en la última Mesa de Negociación de la RPT y sembraba la semilla de la discordia entre las diferentes categorías laborales del Ayuntamiento al obligarles a elegir entre un acuerdo que sólo salvaría al personal funcionario o una reducción generalizada de sueldos al quedar sin efecto la aplicación de un plus de compensación en caso de merma retributiva en la valoración del puesto de trabajo.
La última batalla se ha librado en la intranet con amenazas de reducción salarial por la falta de acuerdo en la negociación sobre la RPT
Los representantes sindicales sostienen que se negaron a firmar los criterios generales de la RPT por “responsabilidad sindical”, porque suponían “un cheque en blanco” para que el grupo de gobierno puntuara a su antojo los factores y grados que finalmente serán los que determinen las retribuciones de los trabajadores. “Con los criterios generales, Cabrera y Rivero se destaparon del todo diciendo que sólo íbamos a participar en los criterios generales porque era lo único que estaban obligados a negociar”, sentencia el presidente del Comité de Empresa, José Manuel Rodríguez.
Después de otros dos comunicados incendiarios por la intranet, en los que José María Cabrera reafirmaba sus amenazas, tanto él como Claudio Rivero han decidido bajar a la arena para visitar los diferentes servicios del Ayuntamiento con el objetivo de convencer a los trabajadores de los beneficios que les reportará la RPT que se podría aprobar en breve y que, probablemente, contenga la pólvora necesaria para hacer estallar una nueva trifulca laboral en medio de una atmósfera de conflictividad sin precedentes en la corporación capitalina.