Luis, Aran, Jony, Andrea … son un puñado de personas conocidas que, con pocas semanas de diferencia, han recibido noticias de que en su vivienda pretenden realizar una reforma integral y tienen que dejar de vivir en ella o el alquiler de la misma va a incrementarse notablemente con la renovación del contrato. Otras, amigas o conocidas, se han ido a vivir a otros municipios porque en Las Palmas de Gran Canaria cada vez es más difícil encontrar alquileres a precios asequibles en zonas en las que antes vivían… y todo ello teniendo en cuenta que no hablamos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El alquiler ha tenido un papel secundario en el territorio nacional desde mitad del siglo pasado. Se hizo explícito en la frase “Queremos un país de propietarios, no de proletarios” acuñada, en 1957, por José Luis Arrese, ministro de Vivienda por aquel entonces. Esta idea ha sido continuamente materializada a través de las políticas en relación al alquiler (más bien en la ausencia de éstas), en el inexistente parque público de vivienda de alquiler y en una fiscalidad que fue orientada al fomento de la compra de vivienda. Tanto es así que por no tener no tenemos ni datos -oficiales- y hemos tenido que esperar hasta finales del año pasado para que se crease, dentro del Ministerio de Fomento, un grupo de trabajo destinado a ofrecer información acerca del sector del alquiler.
A pesar de no contar con datos oficiales, en Las Palmas de Gran Canaria (y en otras ciudades e islas del Archipiélago) las experiencias cercanas nos hacen establecer relaciones entre el aumento del precio del alquiler y el aumento de la oferta de pisos turísticos a través de plataformas P2P (peer to peer, persona a persona) como son Airbnb o Homeaway. Estas experiencias se ven reforzadas por los datos no oficiales acerca del aumento de precios del alquiler y los informes relativos a la vivienda vacacional. El archipiélago canario está a la cabeza en el ranking del aumento del precio del alquiler: Canarias como comunidad autónoma, Las Palmas como provincia y Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria como capitales de provincia han sufrido los mayores aumentos de todo el Estado en 2017 siendo, respectivamente, 27,8 %; 26,9%; 22,7% y 22,5%. Analizando un periodo más amplio vemos como las ciudades donde más se han incrementado los alquileres desde el máximo de hace 10 años -2007- son Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con un 31,4% y 24% respectivamente, según datos de idealista.com
A su vez, el informe El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2017 realizado por el Gobierno de Canarias, indica, en el periodo 2015 – 2017 en Canarias, un aumento de la demanda del alquiler vacacional en un 42% y del número de camas en viviendas de alquiler vacacional en las dos principales plataformas (Airbnb y Homeaway, que acaparan la mitad de la oferta anunciada) de un 116% (89.719 nuevas camas). Así mismo, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es el municipio de Gran Canaria donde el incremento ha sido mayor en números absolutos: 792 nuevas viviendas vacacionales con 3.008 camas en dichas viviendas, resultando un aumento, en números relativos, del 69,05 % y 78,20% respectivamente.
Más allá de las estadísticas
Las cifras anteriormente descritas cristalizan en la vida de la ciudad, de los barrios y, sobre todo, en la vida de las personas que en ellos habitan. Vecinas y vecinos que se ven expulsadas de sus casas, rompiendo vínculos que se han formado con y hacia el barrio a lo largo del tiempo; desplazamientos de personas residentes para atraer a visitantes; espacios culturales y asociativos que ven mermadas sus actividades por los “perjuicios” que puedan ocasionar a quien viene unos días de visita (y a quien se lucra con ello); cambios en el tipo de comercio y trasformación de los usos y actividades que se dan en los espacios de la ciudad.
Esta problemática, que continuamente se ve reflejada en conversaciones cotidianas y que también ha pasado a reflejarse en muros y paredes del barrio de Guanarteme (junto con La Isleta, uno de los más afectados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria) no es tan importante, según el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, para condicionar el número de turistas de alquiler vacacional, que representa un 9,2% del total. El futuro decreto parece tener más intención de regular la vivienda vacacional que no se encuentra registrada que de solucionar los conflictos que ésta genera en el acceso a la vivienda por parte de la población.
Sembrando el campo abonado
Cabe preguntarse cómo el alquiler vacacional ha podido irrumpir con tanta fuerza en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (así como en otras localidades del Archipiélago) donde, hasta hace poco, este fenómeno se veía como propio de ciudades de otra envergadura, como pudieran ser Barcelona o Madrid. Quizá no podría haber sido de otra manera, habiéndose encontrado con un campo completamente abonado para ello. A la citada ausencia de políticas públicas en materia de alquiler, de parque público de viviendas destinadas al mismo y de una fiscalidad que históricamente ha favorecido la propiedad privada de la vivienda (lo cual ha dejado el precio de la vivienda a merced de la especulación del mercado), hay que añadir otras normativas que favorecen algo que ya nos es de sobra conocido: la vivienda y el territorio como negocio por excelencia, como un medio para que unos pocos acaparen las plusvalías que son generadas por la sociedad (en el caso de las ciudades), que deberían pertenecer a la misma en su conjunto (los entornos naturales) o que habrían de preservarse por su interés estratégico y altamente valioso (los espacios agrarios).
Dos instrumentos legales recientes nos sirven como ejemplo de cómo lo ilegítimo se torna legal. Por un lado la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a través de sus sucesivas modificaciones, ha ido desprotegiendo cada vez más a las arrendatarias y reducido la duración de los contratos, fomentando así la subida de los precios (la reciente reforma de 2013 anuncia en su nombre la finalidad para la que se crea: medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas). Por otro, la aprobación, el pasado año, de la Ley del Suelo de Canarias, abandona la posibilidad de una concepción integral del Archipiélago, permitiendo que las administraciones municipales puedan aprobar su propio planeamiento, favoreciendo así la competencia entre ayuntamientos (recordemos que la fiscalidad vinculada al urbanismo y la construcción es una de las principales fuentes de ingresos en las arcas municipales). Además, la ley amplía de manera significativa los usos complementarios que pueden realizarse en suelo rústico, donde cabe casi cualquier cosa; disminuye la protección ambiental estratégica y da “carta blanca” a los proyectos de interés insular o autonómico, pudiendo éstos instalarse en casi cualquier clase de suelo. Lejos queda el establecer límites a la urbanización y construcción de viviendas o la obligación de tener en cuenta la demanda de movilidad que generen los nuevos planes y establecer medidas al respecto, como se ha hecho en otras comunidades.
Nos encontramos en un momento de rearticulación del capital, que dicho así parece algo abstracto, pero que se materializa en las empresas y fondos de inversión que buscan sacar rédito económico del territorio (campo y ciudad) y sus recursos. Esa es la justificación que encontramos tras los numerosos proyectos que pretenden implantarse en las islas: la instalación del gas pretende contribuir al desarrollo económico y sostenible en Canarias; el proyecto Monumento Natural Montaña de Tindaya obedece a la conciliación de los intereses económicos y ambientales con criterios de proporcionalidad; la carretera que atravesará el Parque Rural de Doramas se realiza con cargo al Plan de Cooperación del Cabildo con Ayuntamientos que pretende el desarrollo de los municipios combatiendo el paro mediante la realización de obras; el propio preámbulo de la Ley del Suelo fija su objetivo en facilitar la actividad económica y social manteniendo en paralelo su preservación y conservación. El desarrollo económico y el empleo es el argumento hegemónico tras el que se busca justificar macromuelles, plantas de biomasa, prospecciones petrolíferas, ampliaciones de terminales de cruceros y todo lo que empresas e inversiones pretendan hacer.
¿Qué tipo de desarrollo económico fomentan estos proyectos?, ¿cuál es su sostenibilidad a largo plazo en un contexto de agotamiento de energía y materiales?, ¿qué impacto ambiental generan?, ¿cómo afecta a la vida de las personas?, ¿cómo se reparte la riqueza económica que puedan generar?, ¿que nivel de autonomía otorgan a un territorio tan materialmente dependiente como Canarias?… son cuestiones que quedan al margen de los discursos oficiales.
¿Quién le pone puertas al turismo ... y a este tipo de desarrollo?
¿Y quién pone límites a este sistema? ¿Se pondrá freno a la expansión del fenómeno Airbnb como se propone en San Francisco o tendremos que seguir siendo expulsadas de nuestros barrios? ¿Se nos ocurre otra forma de desarrollo económico o pretendemos seguir aumentando los millones de turistas al margen de la capacidad de carga del territorio y recursos tan valiosos y escasos como el agua, el suelo y la energía? ¿Fomentamos las energías renovables, de manera descentralizada, o consideramos la transición a energías más limpias la instalación del gas y quemar árboles que vengan del otro lado del charco?
Hay todo un trabajo de poner freno a esta rearticulación del capital que nos sigue vendiendo como beneficioso para la sociedad sus grandes proyectos y los no tan grandes pero que finalmente se acaban concentrando en unas pocas manos (como es el hecho de que dos plataformas con sede en Estados Unidos gestionen la mitad de la oferta de vivienda vacacional).
Una rearticulación que trata de vender como Desarrollo Sostenible proyectos que acentúan nuestra dependencia económica y energética, que no vienen a solucionar los problemas de la sociedad canaria y que profundizan la insostenibilidad del modelo económico capitalista en el que vivimos. La respuesta ante este panorama no se ha hecho esperar. Numerosos colectivos (unos de creación reciente, otros de larga trayectoria), articulados algunos a través de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, se oponen a este tipo de desarrollo, en su entorno próximo, intentando proteger y conservar el territorio y la posibilidad de las personas de vivir en él.
Ante la avaricia sin límite de este sistema y el mantra del crecimiento ilimitado en un mundo de recursos finitos se necesita más apoyo social para ponerle el freno a este modelo y, también, para caminar en otra dirección en la que desvinculemos el desarrollo del aumento de consumo de materiales y energía, del aumento del número de turistas, del aumento de la urbanización y el cemento, que vuelve a pesar de la crisis que ha generado y en la que seguimos ese bien conocido modelo de desarrollo. Propuestas y camino no faltan para avanzar hacia una mayor soberanía del territorio, como pueden ser las energías renovables, la agroecología y el consumo responsable, para avanzar hacia un nuevo modelo energético, hacia una mayor soberanía y seguridad energética y alimentaria y en la reducción del impacto ambiental que generan nuestras vidas.
¿Solas o acompañadas?
Otra cuestión a tener en cuenta es ¿con quién y cómo hacer este camino? O dicho de otra manera, ¿cuál es el límite de la acción individual a la hora de recorrerlo? Las viviendas vacacionales u otros servicios ofertados a través de plataformas P2P son un buen ejemplo de ello. Por un lado sirven, ante situaciones económicas precarias, como una fuente de ingresos a personas que han podido alquilar sus viviendas o habitaciones. Por otro, cada vez son menor el número de propietarios que acaparan un mayor número de viviendas y se aprovechan de una fachada de economía colaborativa para desempeñar negocios en condiciones de mayor precariedad y pagando menores impuestos. Bastaría con preguntarnos ¿qué sueldo cobrará y qué protección tendrá la persona, probablemente mujer, que limpie las viviendas vacacionales de un/a propietario/a que las oferte a través de Airbnb? ¿Podrán ser incluso peores que las condiciones que denuncian Las Kellys? Colectivamente el resultado es que la posibilidad de seguir habitando en nuestros barrios y territorios es cada vez menor y más costosa.
A riesgo de que llamen turismofobia al querer permanecer, al querer seguir viviendo sin que se mercantilice la vida de unos barrios que, precisamente por hacerlo, desaparece.