Los nuevos escándalos que han rodeado la gestión del ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) no hacen más que abundar en el hecho de que, por mucha legislación novedosa que se apruebe, si la entropía anida en un órgano, queda permanentemente instalada y difícilmente podrá ser desalojada. El Consejo de RTVC (antes de Administración, ahora denominado Rector) es la prueba de ello, como ha quedado demostrado desde hace años.
En termodinámica, la entropía es una magnitud física que permite determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Aunque también puede ser una medida del desorden molecular de una materia o sustancia, para el común de los mortales es sinónimo de desorden y caos.
El Consejo de RTVC, por Ley, debe organizar y controlar como delegado del Parlamento los servicios públicos de radiodifusión y televisión dependientes de la Comunidad Autónoma. Entre otras funciones, debe planificar la actuación de la Radio Televisión Canaria, determinar la producción propia que debe incluir la programación anualmente o aprobar el presupuesto del ente público y sus sociedades.
Gracias a la entropía reinante en la gestión del ente público por parte de su presidente, Santiago Negrín, ni se ha podido renovar el contrato de transporte de la señal con la empresa Abertis (con lo que la radio y la televisión públicas pueden quedar apagadas el 1 de septiembre) ni aprobarse las cuentas del ente.
Pero no es la primera vez que esto sucede. La renuncia del consejero Miguel Guerra (propuesto en su día por Nueva Canarias) el 23 de septiembre de 2014 dejó al Consejo inoperativo al no tener el quórum necesario para cumplir con las funciones que le otorga la ley. Pero no había que culpar a Guerra de ello, sino, como ahora también, a los tres principales grupos parlamentarios que enfrascados en sus cuitas cortoplacistas e intereses partidistas dejaron que la Cámara regional incumpliera durante años la legislación.
Ocho años incumpliendo la ley
De los ocho miembros que fueron designados por el Parlamento cuando Adán Martín presidía el Gobierno en el año 2003 solo quedaban cuatro once años después, dos de Coalición Canaria y dos del Partido Popular, además del director general del ente público, en aquel tiempo Guillermo García.
Sin embargo, los dos consejeros nacionalistas, afines al sector clavijista que descabalgó a Paulino Rivero como candidato a presidir el Ejecutivo regional a partir de 2015, decidieron darse de baja y no acudir a las convocatorias, por lo que no se pudo reunir el Consejo.
Aunque los primeros que dieron la espantada fueron los miembros designados por el Partido Socialista Canario-PSOE. El ya fallecido Domingo González Chaparro y Manuel González Álvarez (que llegó a ser viceconsejero de Relaciones con el Parlamento) decidieron darse de baja en 2009, en protesta porque por entonces ni CC ni el PP querían renovar el Consejo en base a los resultados electorales de 2007, cuando Juan Fernando López Aguilar arrasó en las urnas y llevó a los socialistas a ser la mayor fuerza parlamentaria de Canarias.
De haberse producido la renovación legal en tiempo y forma, el PSC hubiera podido designar cuatro consejeros en el órgano de fiscalización del ente, lo que en modo alguno estaba en las pretensiones ni de Rivero ni de su vicepresidente y líder del PP, José Manuel Soria, en ese momento.
Los socialistas llegaron al Ejecutivo en 2011, pero en virtud de los pactos dejaron en manos de CC la RTVC, pues siempre había estado adscrita a Presidencia (Consejería que fue otorgada a Francisco Hernández Spínola) y la cedieron graciosamente a Economía y Hacienda.
Curiosamente, el grupo parlamentario que más denunció la situación antidemocrática en la que se encontraba el Consejo de RTVC fue quien, una vez llegado al poder, contribuyó a perpetuarla.
Y ayudaron, además, a cambiar las reglas del juego durante el partido, algo que ni siquiera llegó a hacer el tándem Rivero-Soria, con el único fin de dejar en el dique seco en todos los órganos dependientes del Parlamento al PP, partido que ganó las elecciones en 2011.
De esta forma, se consiguió renovar en 2012 la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo, pero se aparcó sine die al Consejo de RTVC, en funciones desde el año 2007 y con los mismos miembros elegidos desde 2003 por culpa del tactismo político cortoplacista.
Reforma en profundidad
Bien es cierto que en 2014 los socialistas impulsaron la modificación de la Ley de RTVC que fue aprobada por 37 votos a favor y 20 en contra y cuyo fin primordial fue “reformar en profundidad” la misma para que sus trabajadores “estén libres de la injerencia política y económica” y el ente fuese un adalid de la “pluralidad y la objetividad”.
Un texto que permitía que el máximo responsable del ente público ya no fuese nombrado a dedo por el presidente del Gobierno, como sucedía desde 1984, sino por un mínimo de los diputados que componen el Parlamento regional.
La nueva RTVC que alumbró la Ley aprobada en el Parlamento en diciembre de 2014 creaba un órgano para que la sociedad civil participara en el ente para garantizar la pluralidad del mismo como servicio público.
En este sentido, el Consejo Asesor debería estar compuesto por un total de 26 miembros (7 representantes de los cabildos, uno del Instituto Canario de la Igualdad y otro en representación del Instituto Canario de la Juventud, 2 representantes designados por las centrales sindicales, 2 representantes designados por las organizaciones empresariales, 3 representantes de la industria cultural, audiovisual y periodística, un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, un representante del sindicato más representativo en RTVC, un representante de los trabajadores del ente, un representante del Consejo Escolar y un representante por cada una de las universidades canarias).
Por último, y como se establece en el artículo 23 del texto legislativo, se creaban los consejos de Informativos como órganos internos de participación de los profesionales de la información del ente RTVC “para velar por su independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos”.
Dos años y medio después, no existe ni Consejo Asesor ni consejos de Informativos. Por no existir, casi ni existe el Consejo de RTVC que debe elaborar un Reglamento Orgánico que aún está en el limbo.
Dos vacantes en una semana
El 30 de diciembre de 2015, María Antonia Álvarez, una de los dos miembros del Consejo de RTVC propuestos por CC, siguió los pasos dados el 22 de diciembre por María José Bravo de Laguna y presentó su dimisión. Decisión que agravó aún más el deteriorado ambiente de un organismo que apenas tenía siete meses de vida y que ponía en la picota aún más al presidente del mismo, Santiago Negrín, para seguir al frente del canal autonómico.
Dos vacantes que siguen sin ser cubiertas 19 meses después porque los grupos parlamentarios siguen inmersos en sus tácticas partidistas y son incapaces de dar solución al caos. Los mismos grupos que, incumpliendo la Ley, han tardado dos años en elaborar el mandato marco del ente (incluido en el artículo 4.1 la Ley aprobada en 2015), un instrumento donde se concretan “los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados” el ente con “una vigencia de seis años”.
Todo ello ha sido el caldo de cultivo que ha permitido que no se nombre un sustituto temporal de la Secretaría del Consejo y que todos los asuntos que se lleven a debate queden encima de la mesa al no poderse celebrar las sesiones cumpliendo con los mínimos requisitos de la Ley, lo que ha llevado a Negrín (aunque él asegura que es falso) a actuar como presidente y secretario para poder así designar sustituto temporal de la secretaria, vulnerando la legislación.
Concurso público
Y pese a que el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) haya conseguido el apoyo del PSOE y de Podemos para modificar la actual Ley de RTVC para que, al igual que pasará en Radio Televisión Española (RTVE), la renovación de los cargos del Consejo Rector se haga mediante concurso público, todo parece indicar que el PP y CC, inmersos en negociaciones en Madrid y Canarias para sostener tanto a Clavijo como a Mariano Rajoy, no estarán por la labor.
No solo RTVC puede dejar de emitir el 1 de septiembre. Si no se instalan grandes miras en la miopía de los grupos parlamentarios, la propia Ley de 2015 irá a negro y el Parlamento enterrará al ente.
Quizás, tras lo visto en los últimos años, el caos del Consejo de RTVC no debe buscarse en sus miembros, sino en los intereses que han tenido hasta ahora quienes los eligen, que han dejado en meros discursos huecos sus hipotéticas ganas de impulsar un servicio público plural y de calidad.
Un ente que solo funciona gracias solo a los profesionales que día a día trabajan delante y detrás de las cámaras y micrófonos de La Nuestra.