Canarias rompe con los conciertos sanitarios que arrastra desde la época franquista al margen de la ley
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha convocado el primer concurso destinado a poner fin a una práctica, las prórrogas automáticas de conciertos con clínicas privadas, que ha venido aplicando desde hace años al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de contratos que fueron firmados a través del extinto Instituto Nacional de Salud (INSALUD), algunos incluso en la época franquista (el más antiguo data de 1968), que sobrevivieron a la transferencia de competencias a las comunidades autónomas y que se han renovado hasta la fecha con revisiones de precios.
El Servicio Canario de Salud (SCS) publicó la semana pasada los pliegos de la convocatoria para la prestación del servicio de hospitalización de media estancia a pacientes derivados de la sanidad pública. El importe de este concierto asciende a 220 millones de euros, a repartir en cuatro años, entre noviembre de 2018 y octubre de 2022, a razón de 55 millones por año, aunque prevé modificaciones que no pueden superar el 10% de esa cifra, hasta un máximo de 242 millones. Las nuevas adjudicaciones conllevan la anulación “total o parcial” de los antiguos convenios.
El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que procede del sector privado –fue director de Operaciones de Hospitales San Roque y uno de los fundadores de la Alianza de la Sanidad Privada de España, además de secretario de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas–, se ha abstenido de firmar tanto el inicio del expediente, fechado el 5 de marzo, como la orden de la convocatoria, del 8 de marzo. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aprobó el 23 de febrero un decreto por el que nombraba como suplente de Baltar al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero.
Según datos del último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), fundación que agrupa a aseguradoras y hospitales de titularidad privada, Canarias fue la cuarta comunidad autónoma, tras Catalunya, Madrid y Baleares, que más recursos aportó, en términos porcentuales, a los conciertos sanitarios. En concreto, el 10,5% del presupuesto sanitario de 2017, cerca de 270 millones de euros.
El expediente se tramita a través de la Unidad Funcional de Gestión de los Conciertos, un grupo técnico formado a principios de 2016 por el anterior equipo de la Consejería de Sanidad, liderado por el socialista Jesús Morera, para adaptar los conciertos con las clínicas privadas a la Ley de Contratos del Sector Público vigente en ese momento, aprobada en 2007 y actualizada en 2011, que establecía que las prórrogas nunca podían superar la duración inicial del contrato y que debían estar justificadas. La nueva ley de contratación pública, aprobada en noviembre de 2017, fija en diez años la duración máxima de los contratos de prestación de servicios sanitarios, incluidas las prórrogas.
El equipo de Morera ya advirtió en marzo de 2016 que el trabajo para renovar los contratos sería arduo, ya que es necesario revisar las cláusulas para evitar incurrir en incumplimientos, y que la unidad constituida para revisar los conciertos tardaría al menos 18 meses para convocar los primeros concursos, los de hospitalización. Finalmente han sido necesarios 24 meses para que se publiquen los primeros pliegos, los de media estancia.
El procedimiento se divide en cuatro lotes, dos para el área de salud de Gran Canaria, por un importe total de 116 millones de euros, y dos para el de Tenerife, por 103 millones. En total se licitan un total de 1.157 camas. De ellas, 740 (268 en Gran Canaria y 472 en Tenerife) están destinadas a pacientes con enfermedades de nueva aparición, reagudización o complicación de procesos de base. El resto, 417 (390 en Gran Canaria y 27 en Tenerife), están reservadas para pacientes en proceso de recuperación o rehabilitación que ya han superado la primera fase de la enfermedad y requieren cuidados de hospitalización.
La adjudicación tendrá dos fases. En la primera, no se podrán conceder más de 25 camas por adjudicatario y centro. Si, acabada esta fase, quedaran camas por ofertar, se adjudicarán a los distintos licitadores según la puntuación obtenida y sin límite alguno. En el caso de Gran Canaria hay una salvedad. En esta convocatoria no se ofertarán camas para “las zonas básicas de Maspalomas, Mogán, Tirajana y Vecindario”, en los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Santa Lucía, ya que en estas áreas se mantiene en vigor contratos firmados en mayo de 2010 con la Clínica Roca y con Hospital San Roque Maspalomas.
Las empresas que deseen concurrir a este concurso deberán contar con homologación en el grupo de hospitalización y subgrupo de media estancia. Este requisito ya era imprescindible desde julio de 2006, conforme a la orden dictada por la entonces consejera del ramo, María del Mar Julios, a través del decreto 105/2006, que regula el régimen jurídico de la concertación sanitaria. Sin embargo, hasta el año pasado Canarias sólo contaba con tres centros con homologación en media estancia, uno en Tenerife (Hospital Parque) y dos en Gran Canaria (Hospiten Clínica San Roque San Agustín y Hospital San Roque Maspalomas). Los centros podrán homologarse hasta que termine el plazo de presentación de equipos.
Según datos del IDIS, en el año 2015 Canarias contaba con 15 hospitales públicos que sumaban 4.966 camas y 23 centros privados con un total de 2.680 plazas.
Criterios de adjudicación y mesa de contratación
En cuanto a los criterios de adjudicación, sobre un máximo de 100 puntos, la oferta económica, el precio de la prestación del servicio, tiene una puntuación máxima de 54 puntos. Los recursos humanos se valoran con 20 puntos; la formación del personal, con 7, y las mejores en prestaciones (la oferta de distintas especialidades médicas), en locales e instalaciones (televisión en las habitaciones, wifi...) y en calidad (por ejemplo, disponer de un servicio de traducción e interpretación) se reparten los 19 restantes.
El presidente de la mesa de contratación será designado por el consejero, al igual que cuatro vocales de entre el personal de la Consejería. Un letrado del servicio jurídico del Gobierno de Canarias, un delegado de la Intervención General y un secretario que se elegirá de entre los funcionarios afectos al órgano de contratación completarán el tribunal. Los pliegos contemplan la posibilidad de integrar en esta mesa a trabajadores públicos o asesores especializados, que tendrán voz, pero no voto.
Los pliegos también establecen que el importe de las subcontrataciones por parte de los adjudicatarios no podrá superar el 60% del total, fijan sanciones por incumplimientos (ratios de personal y turnos, variaciones de plantilla sin comunicar, rechazos injustificados de pacientes) y anuncian la creación de una comisión de seguimiento para comprobar “la calidad y correcta ejecución del contrato por la empresa” a través de la emisión de informes no vinculantes y del “estudio de las discrepancias”.
La fecha límite de presentación de las ofertas es el 16 de julio y la prevista para el inicio de vigencia de los contratos, el 1 de noviembre.
