Exhumar la fosa común del Cementerio de Las Palmas: primeras fechas marcadas tras años de lucha
Las familias que llevan años luchando por dignificar a las víctimas del franquismo enterradas en la Fosa Común de Vegueta sienten que su objetivo está más cerca de cumplirse. El Cabildo de Gran Canaria ya ha anunciado algunas fechas clave y los informes con las conclusiones del estudio estarán finalizados en los meses próximos. Lola Tejera es la mujer de Diego González, el hombre de 92 años que lleva toda la vida buscando a su padre, el sindicalista Francisco González, fusilado junto al alcalde del entonces municipio de San Lorenzo. Lamenta que su marido no pueda celebrar la noticia debido al alzhéimer que sufre, pero advierte de que ella seguirá luchando en su nombre.
La batalla de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, junto a la de otras asociaciones de Memoria Histórica de Canarias como la de Arucas, Tenerife o La Palma, han sido este año reconocidas con la Medalla de Oro de Canarias, un premio que llega por su labor e insistencia en que las víctimas del franquismo no caigan en el olvido. Los avances de estos últimos meses hacen pensar que este será por fin el año de la justicia para los represaliados del franquismo en Canarias, en la misma línea que ha ocurrido con el hallazgo del padre de Pino Sosa en el pozo de Tenoya después de toda una vida dedicada a encontrarlo. El próximo mes de septiembre, los investigadores de la ULPGC tendrán ya un primer informe sobre la localización de los fusilados de San Lorenzo que fueron enterrados en la fosa, y en diciembre se prevé otro con conclusiones de las acciones a seguir, siempre con el objetivo de localizar, exhumar e identificar.
Los Cinco de San Lorenzo (Juan Santana Vega, alcalde comunista; Antonio Ramírez Graña, secretario municipal; Manuel Hernández Toledo, jefe de la Policía Local; Matías López Morales y Francisco González Santana, sindicalistas de la Federación Obrera y del Frente Popular) fueron fusilados el 29 de marzo de 1937 tras haber sido juzgados en un Consejo de Guerra ilegítimo y sin garantías.
Los testimonios orales que se manejan hasta ahora apuntan a que tanto el sindicalista Francisco González como el alcalde del entonces municipio de San Lorenzo Juan Santana se encuentran enterrados en el cuartel seis, en la fosa número dos. No obstante, el equipo de investigación se encuentra inmerso en recopilación de datos, testimonios… que permitan esclarecer lo que ocurrió en ese cementerio, símbolo de la represión franquista.
Un camino lleno de obstáculos
Lola Tejera ha asistido recientemente a la reunión de la comisión técnica para la exhumación de esta fosa común. Las ansias de su marido por encontrar los restos mortales de su padre antes de morir le empujan a liderar ella la causa. No lo hace sola, sino acompañada de su hijo Paco González, que a través de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo y del Foro Canario de Víctimas del Franquismo ha trabajado por este fin.
La familia se llegó a encontrar con la negativa de dirigentes políticos del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que hicieron caso omiso a sus reclamaciones, algo de lo que se acuerda bien la también nieta del sindicalista Pino González. Tras las elecciones de 2015, los González Tejera vieron una nueva oportunidad en los cambios de gobierno. No obstante, se han quejado en numerosas ocasiones de la lentitud del proceso, especialmente cuando a principios del año pasado el Consejo Asesor de la Memoria Histórica de la capital grancanaria acordó, después de valorar dos informes, no exhumar la fosa hasta que aparecieran nuevos datos.
El objetivo de exhumar volvía a desvanecerse hasta que en septiembre del año pasado el Cabildo de Gran Canaria intermediaba y lograba reactivar el proyecto creando una comisión técnica. Tras resolver algunos problemas jurídicos, el equipo de investigación ya está trabajando gracias a un convenio firmado con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y para el que se cuenta con 30.000 euros de presupuesto inicial, 15.000 por parte de la Corporación Insular y otros 15.00 del Ayuntamiento.
Pino González asegura que después de tanto tiempo, saber que ya hay un convenio firmado sobre la mesa, que se está trabajando y hay un equipo de arqueólogos estudiando llena a su familia de aliento, aunque sí tiene la tristeza de que su objetivo se cumpla tarde, cuando Diego González se encuentra hospitalizado con problemas de salud. En los últimos actos públicos de homenaje a las víctimas siempre mostraba entre sus manos el retrato de su padre. Recordaba el horror que se vivió en su casa cuando las Brigadas del Amanecer se lo llevaron y asesinaron a su hermano Braulio, con apenas un mes de vida arrojándolo contra la pared. Un relato que su hijo Paco González ha reflejado en el libro Tormenta en la memoria, cuyos relatos fueron aportados en la querella argentina.
Lola Tejera también fue víctima de la represión por partida doble. Este miércoles, a la salida de la reunión de la comisión técnica que estudia la exhumación de la fosa, narraba que su padre también fue encarcelado cuatro años por sus ideas políticas. Dejó a su madre sola con cuatro niños pequeños, el menor tenía solo dos años. “A mi suegro no lo conocí, pero mi pobre marido lleva intentando recuperar sus restos mortales toda la vida”, lamenta.
El equipo de investigación está siendo coordinado por el profesor Javier Márquez y compuesto además por Xabier Velazco, como técnico especialista en arqueología, además de las profesoras Candelaria González y Beatriz Andreu, todos ellos de la ULPGC. El Cabildo de Gran Canaria asegura que no pondrá límites económicos ni de tiempo en esta causa.
Estos días comenzarán a realizarse también pruebas de ADN de otras personas que sospechan que sus familiares fueron enterrados en esta fosa común. Entre ellos hay personas que prestaban sus servicios militares en Sidi Ifni y que fueron condenadas a pena de muerte en Gran Canaria. Ejemplo de ello es la familia de de Jesús Moreno, que trabajaba como adjunto civil en la Delegación del Gobierno de La República en Sidi Ifni en 1936 y fue fusilado por un delito de “rebelión”, según se recoge en el Consejo de Guerra. Su hija Iyo Moreno tiene hoy día 82 años y está ansiosa por hacerse estas pruebas y por comprobar si su padre fue enterrado en este cementerio.
